Cristhian Alexander Córdoba Rentería*

Este año 2022, en Colombia nuevamente se convocó a la ciudadanía a participar con su voto en las elecciones presidenciales y parlamentarias para el periodo 2022-2026 en medio de un ambiente de desconfianza, tensión y polarización política que ha marcado al país por décadas. Los comicios realizados el pasado 13 de marzo dejaron como resultado la reconfiguración del Congreso de la República y, recientemente en las efectuadas entre el 29 de mayo y el 19 de junio, la definición del próximo presidente de la República: el politólogo y economista Gustavo Petro Urrego, quien con una votación de 11'291.986 votos, un 50.42% de los votos válidos, obtuvo el triunfo frente a su contendor, el ingeniero y empresario Rodolfo Hernández Suárez, quien fuera la opción de 10’604.337 electores; esto es, un 47.35% de la votación; de acuerdo con el informe del escrutinio entregado por la Registraduría Nacional del Estado Civil. 

Tanto en estas elecciones, como en las que han transcurrido en la historia reciente del país, “el cambio” ha sido la consigna de muchos, o quizás, de todos los postulados a ocupar los cargos de elección popular. No obstante, de manera significativa, esta última contienda electoral por la presidencia se ha constituido para analistas políticos y medios de comunicación, en lo que se augura represente, el cambio verdadero que el país ha reclamado para dejar atrás situaciones de corrupción, injusticia social, inequidad económica, inseguridad y daño ambiental que le aquejan; mostrando en las respectivas campañas un distanciamiento de los partidos políticos con mayor antigüedad y permanencia en el poder en el ámbito nacional; colectivos influyentes respecto a los que se ha  señalado, de seguir al mando del país y sus regiones en períodos siguientes, serán “más de lo mismo” (que se desea cambiar).

Por otro lado, en este año electoral caracterizado también por reportar la mayor participación ciudadana en los últimos 24 años para una elección presidencial, con una asistencia a las urnas del 58.17% de la población habilitada, frente a un 41.83% de abstención según reportes de la Registraduría; el cambio también se ha esgrimido en el evento de que; habiéndose precisado que será Gustavo Petro el presidente número 118 del país a partir del próximo 7 de agosto de 2022, su gobierno será el primero “de izquierda” o “progresista” en la vida política de la nación. Ello, frente a otros más “conservadores” o “de centro” que le han precedido; aludiendo a los principios que enmarcan el pensamiento de cada partido de que los que han ostentado el mando administrativo del territorio. 

Esto genera reacciones contrapuestas y múltiples expectativas tanto a nivel nacional como internacional; pero a su vez, da lugar a la interrogante de si ¿hechos como estos se constituyen realmente en los cambios que necesita el país, para que su administración pública realice una mejor gestión de sus recursos, logre avanzar en sus objetivos de desarrollo del país y lo conduzca finalmente por una senda de progreso?

El interrogante queda abierto a la espera de que el tiempo y las evidencias que arroje permitan realizar un balance de lo que hoy acontece. Sin embargo, sí se puede intuir, que los ajustes institucionales que surjan a partir de la entrada en vigencia de un nuevo gobierno y un reorganizado aparato legislativo, no serán suficientes a pesar del pensamiento social o económico que los motive. 

Años atrás, la investigación documental denominada: La nueva democracia y el control de agencia para la eficacia en la gestión pública colombiana, ya mostraba como los mecanismos y acciones adoptados en las tres últimas décadas por el Estado Colombiano para procurarse mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos, provenientes en gran medida de las lecciones que han dejado las prácticas empresariales del sector privado, no han bastado para lograr este cometido, aunque queden plasmados en su normatividad. 

La aplicación de iniciativas y herramientas de gestión como son: la descentralización, la incorporación de normas alusivas a la gerencia pública que introducen aspectos propios de la función gerencial empresarial, o normas de carrera administrativa inspiradas en la meritocracia y la profesionalización del personal, la implementación de instrumentos como el gobierno corporativo o sistemas de gestión de la calidad que se integran a otros elementos como el control interno y la gestión por resultados,  bajo el espíritu de la organización basada en procesos, la estandarización y la mejora continua; constituyen entre otros tantos, algunos ejemplos de que Colombia ha realizado esfuerzos importantes por implementar elementos que le permitan ser más eficiente, de una forma que se vio concordante con los postulados de la Nueva Gestión Pública (NGP). No obstante, a la fecha se puede apreciar en índices de desempeño y rankings comparativos, que los resultados obtenidos no corresponden con los de un país eficiente en su gestión administrativa. 

Se planteó en ese entonces a la luz de la teoría económica que, si bien existen fallos en el mercado del sector privado que intenta subsanar el sector público a través de sus múltiples entidades y servidores públicos, también se generan fallos en la gestión del sector público que derivan en ineficacia en el logro de los fines del Estado y corrupción de individuos e incluso de todo un sistema, los cuales no han podido ser corregidos ni controlados a pesar de los intentos de incorporar estrategias, mecanismos y tendencias propias de la administración corporativa, ni el establecimiento de órganos y mecanismos de regulación y coerción. 

Esta observación, llevó a considerar la carencia de algún componente importante en la forma como funciona la administración del Estado, que pudiese contribuir en mayor medida a su funcionamiento eficaz que las reformas descritas. De ahí que se propusiera retomar el símil que la (NGP) hace entre el sector público y la empresa privada para hacer una aproximación a los principios económicos implícitos en las relaciones de delegación, muy característicos en el accionar público, para establecer una conexión con la teoría de la agencia propuesta por Berle y Means (1932), que analiza la pérdida de control sobre los resultados esperados de la gestión y la explica desde la existencia de un delegante (Principal), dueño de los recursos y medios de producción, quién por su distanciamiento de los asuntos propios del negocio, no accede a la información completa del mismo y desconoce aún más, las motivaciones que rigen la toma de decisiones por parte del agente en quien delega la administración de tales recursos.

De esta manera se pudo establecer que, en general, todos los órganos e instituciones que ejercen funciones públicas en los distintos niveles y ramas del poder, actúan como agentes a quienes se les otorgan los medios y la autoridad necesaria para lograr los fines del Estado y que; la ciudadanía del país, se relaciona en dos vías con tales agentes: una como usuaria del servicio público para el cumplimiento de los deberes y el goce de los derechos expresos en la Ley; y la segunda, como propietaria del capital estatal que deja al cuidado y administración de los agentes públicos, como resultado del poder soberano que le reconoció la constitución política de 1991. 

Frente a esta última, se destacó que el ejercicio de dicho poder se hace notorio primordialmente en periodos electorales como el recién transcurrido; sin embargo, también se detectó la falta de una ciudadanía que ejerza ese rol de Principal-Propietario, coordinada e interesado permanentemente por la adecuada gestión de sus recursos públicos, y en verificar y controlar que los agentes dediquen, si no todo el esfuerzo y cuidado deseado en la administración de las entidades y los recursos encomendados, sí un esfuerzo admisible, coherente y verificable en la entrega de un verdadero valor público con sus resultados.

Si usted desea más información sobre esta temática puede consultar el artículo “La nueva democracia y el control de agencia para la eficacia en la gestión pública colombiana ". Para tales efectos, ingrese a https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/57339