Con el Acto Legislativo 02 del 2020 se crea la Región Metropolitana Bogotá - Cundinamarca. Además, en febrero de 2022, se avanzó en el proceso de construcción de la Región Metropolitana con la sanción por el presidente de la república de la Ley 2199 mediante la cual se regula la figura. Sin embargo, se registró una polémica entre la ministra de Vivienda Susana Muhammad y la alcaldesa de Bogotá Claudia López, en torno a la posibilidad de otorgar funciones de autoridad ambiental a la nueva institución.

La alcaldesa pidió al presidente Gustavo Petro reformar la Corporación Autónoma Regional (CAR), para crear una única entidad para la región metropolitana Bogotá Cundinamarca. ¿Qué viabilidad tiene esta propuesta?

La reforma de las CAR no es un tema nuevo. Es algo que se ha discutido e incluso presentado como proyecto ante el Congreso en previas ocasiones. Muchas de las críticas a estas entidades creadas por la Constitución de 1991 como autoridades ambientales regionales, están relacionadas con temas de ineficiencia en la gestión ambiental y en la gestión de los recursos, falta de transparencia en la administración y sobre todo de corrupción. En diversos escenarios y medios se ha señalado que estas entidades se han consolidado como fortines políticos que sirven intereses particulares que no necesariamente velan por mejorar las condiciones ambientales del territorio bajo su jurisdicción. 

En este sentido, la solicitud de reforma a la Corporación Autónoma Regional (CAR) reitera una discusión antigua. Si es viable o no esta idea, no lo sé, pero es ciertamente una discusión que debe darse. Durante el proceso de estudio y formulación del proyecto que apoyó la creación de la Región Metropolitana Bogotá. – Cundinamarca (RMBC) este debate se planteó varias veces. Sin embargo, nunca hubo suficiente “consenso” político para incluir este tema en debate de creación de esta nueva figura administrativa. Desde el proceso de desarrollo de la propuesta de construcción de la RMBC se debatió la importancia de una autoridad ambiental que pudiera tomar decisiones en el ámbito de la RMBC, no solo por la prioridad del tema ambiental para la región sino también por su estrecha relación con el tema de ordenamiento territorial y el potencial como fuentes de financiación.

Ahora bien, esta solicitud de la alcaldesa implica iniciar un proceso de reforma del acto que aprobó recientemente la región metropolitana. Y aunque su importancia es indiscutible reitera muchas preguntas abiertas acerca de nuestra legislación tan determinada por compromisos políticos. 

¿Qué argumentos presentó la ministra para oponerse a esta propuesta y qué opinión le merecen las mismas?

Desde mi perspectiva, la ministra Susana Muhamad no presenta un argumento de oposición a la propuesta, o mejor, a la solicitud de reforma de la CAR para crear una única autoridad ambiental para la RMBC. La ministra se enfoca en reiterar su posición frente a la eliminación del requisito de consulta popular para la vinculación de municipios a la RMBC. 

Si bien, este no es un tema sin importancia considero que el debate hoy podría mejor enfocarse en crear los mecanismos y los espacios para la participación activa y continua de diversos actores en la consolidación de esta figura que ya se aprobó y a la cual Bogotá ya se vinculó. Al final, la consulta popular per se no asegura procesos de participación efectivos y permanentes, esto es algo que requiere crear y mantener espacios y mecanismos que permitan esta participación. 

Otro de los puntos cuestionados al proceso de integración es la participación ciudadana. ¿Existe en efecto un déficit de participación en este proceso?, ¿Qué pasos deberían darse en caso de que así sea? ¿Cómo podría integrarse o qué se está haciendo para contar con el respaldo ciudadano a esta integración?

El proceso de construcción de la RMBC tuvo diversas instancias de participación a través de audiencias públicas, reuniones, consejos y administraciones municipales, etc. En estos espacios y en otros espacios virtuales se recibieron propuestas ciudadanas. Si existe en efecto un déficit de participación depende de cómo y quién mida dicho déficit. 

Como lo indique anteriormente, considero que el reto no es crear, mantener espacios y lograr implementar mecanismos que aseguren una continuidad de los procesos de participación. Hoy tenemos una figura que promueve una alianza estratégica entre Bogotá y Cundinamarca y asume la potencial participación de otros municipios sin establecer con claridad cómo se logrará esa participación, más allá de la consulta popular. Creo que es allí, en ese como en donde se deberían centrar los debates y las acciones para lograr garantizar el derecho a la participación.   

En la propuesta que elaboramos desde la universidad insistimos en la necesidad de fortalecer la participación horizontal de los actores en la toma de decisiones, la información abierta y la cooperación. Aquí se propusieron dos instancias de participación y consulta: un consejo ciudadano metropolitano y regional y una comisión consultiva metropolitana y regional. 

El primero, se propuso como órgano de participación, deliberación, veeduría y control en donde representantes de diversas organizaciones sociales servirían un grupo asesor del concejo regional con posibilidad de emitir concepto sobre diversos temas. El segundo, se propuso un órgano consultivo y de integración con otras instancias con incidencia en la RMBC. 

No estoy diciendo aquí que se trata de utilizar estas instancias específicas, más bien considero que es el momento de explorar alternativas que permitan asegurar la existencia de espacios y mecanismos para la participación efectiva de la gente en las decisiones que tengan que ver con su territorio.

El sábado 29 de octubre fue aprobado en primer debate, por la Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá, el proyecto de acuerdo 462 de 2022 “por medio del cual se autoriza el ingreso del Distrito Capital a la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca”. ¿Qué implicaciones tendría la autorización del ingreso de la ciudad de Bogotá a esta nueva institucionalidad metropolitana? 

La dinámica y trayectoria de los procesos de crecimiento requieren cambios profundos en la concepción del desarrollo y en la administración del territorio. La incorporación de Bogotá a la RMBC implica un compromiso profundo con ese cambio en el modelo de crecimiento y de planeación y un deber con robustecer la democracia a través de la participación.

Implica también que Bogotá asuma el reto de trabajar de manera conjunta para consolidar una figura flexible que permita que asociados se involucren a través de un proceso gradual y participativo que, por una parte, garantice la autonomía territorial de los municipios y que, por otra, legitime la toma de decisiones alrededor de los hechos metropolitanos que se declaren a lo largo del tiempo. 

Esto no es una tarea fácil, ya que existe una gran desconfianza de los municipios, sobre todo aquellos vecinos a Bogotá. Esta desconfianza histórica está marcada por la anexión (desaparición) de 6 municipios vecinos a Bogotá en el año 1954, a partir de la creación del Distrito Especial de Bogotá. En un contexto nacional marcado por la reconciliación y la paz total, reconocer la desaparición de estos seis municipios como entidades territoriales constituye un precedente relevante para la necesaria creación de confianza como base de la nueva RMBC. 

Tal vez uno de los desafíos más importantes para Bogotá y la Gobernación de Cundinamarca es asegurar un modelo de gestión y administración de la RMBC donde prime la horizontalidad y en donde existan espacios de diálogo, participación y resolución de conflictos en donde todos los integrantes reconozcan su responsabilidad en la toma de decisiones que han afectado adversamente el territorio regional y a su población. 

¿Qué beneficios y qué perjuicios traería a cualquier entidad territorial involucrada en este proceso entrar a hacer parte de la región metropolitana?

Más que beneficios y perjuicios creo que podemos discutir oportunidades y posibles desaciertos. Personalmente, creo que la RMBC es una oportunidad de repensar no solo nuestro territorio sino también nuestros esquemas de gobernanza y para explorar nuevos modelos de relación de competencias en temas tan importantes como el medio ambiente, el transporte y el ordenamiento del territorio. 

El ordenamiento y desarrollo territorial como campo de interés regional metropolitano resulta fundamental en el momento de pensar la RMBC. Las decisiones de la RMBC en materia ambiental, de transporte o de ordenamiento territorial pueden plantearse como lineamientos que no invadan el umbral de competencias de los municipios y el distrito, particularmente respecto a la clasificación del suelo y la definición de usos específicos. 

Dichos lineamientos deben enmarcarse en los hechos metropolitanos regionales que se declaren y su alcance dependerá de los municipios que se asocien. En este escenario, sería fundamental establecer en el marco de la asociatividad el alcance de la necesidad de armonizar el modelo de ordenamiento territorial de los municipios, las estrategias de desarrollo territorial; así como los proyectos que permitan el efectivo aprovechamiento de las ventajas de las aglomeraciones urbanas y garanticen la sostenibilidad ambiental y territorial. 

Frente a los desaciertos considero que lo negativo sería pensar esta figura de una manera tradicional que simplemente replica los modelos de gobernanza que ya conocemos y que están marcados por conflictos de poder, desconfianzas históricas e intereses políticos. Al final, uno de los mayores desafíos es entender que el objeto y los alcances de este esquema asociativo está relacionado con las problemáticas comunes a las que se enfrentan los municipios y Bogotá.