Marcela María Sánchez Arcila*

“Las condiciones en que se encuentra el río Bogotá y su territorio circundante no responden solamente a problemas de tipo ambiental, sino que involucran conflictos territoriales, administrativos, políticos, sociales, culturales, entre otros, en consideración a los diferentes usos que se le han dado y teniéndose como una de las causas con mayor incidencia, la multiplicidad de competencias institucionales sobre la cuenca, cuyas consecuencias repercuten directamente en los derechos de la población”, indicó Sánchez Arcila.

Con el fin de salvaguardar los derechos colectivos de la población, la autoridad jurisdiccional profirió la sentencia del río Bogotá, la cual constituye una de las decisiones judiciales más emblemáticas, no solamente frente a la protección de derechos colectivos, sino por su incidencia en las instancias de gobierno. “Esta autoridad, quien adoptó un rol activista, señaló la necesidad de contar con una buena gobernanza mediante la integración normativa y gestión interinstitucional, bajo un marco de planificación integral en la jurisdicción territorial de influencia de la cuenca”, sostuvo. 

“En la búsqueda de la protección y salvaguarda de los derechos vulnerados con ocasión del estado de la cuenca hidrográfica y en un intento por abordar de manera integral su recuperación y protección, en la sentencia se impartió una serie de órdenes que, entre otros, incluyen asuntos como la articulación y coordinación institucional y los procesos de planeamiento territorial”, señaló la abogada.

“Si bien en este fallo existe una intervención que a la postre resulta necesaria y positiva en términos de activismo judicial, algunos de sus efectos e incluso el impacto en las decisiones y actuaciones adoptadas en su implementación, perfilan un caso de “gobierno de los jueces”, lo que convierten el actor judicial en un protagonista de las decisiones de gobierno urbano”, mencionó la especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Constitucional de la Universidad del Rosario.

“Bajo este contexto, el trabajo está orientado a determinar el impacto tanto de las órdenes judiciales de la sentencia relacionadas con la institucionalidad y planeamiento del suelo para el Distrito Capital en el período comprendido entre el 2014-2020, como de su implementación cuya incidencia no solo se encuentra dada en términos de competencias administrativas, sino en los instrumentos de planificación del territorio y de la gestión pública como parte del gobierno urbano”, mencionó la especialista en Instrumentos de Ordenamiento Urbano Regional de la Universidad Nacional de Colombia.

Si usted desea ver la presentación y sustentación debe ingresar a https://meet.google.com/bdy-pacf-cqv  el próximo miércoles 8 de junio de 2022 de 4.00 p.m., a 5:00 pm.