¿Cómo ve usted después de cinco años de haberse firmado el proceso de paz en Colombia su avance?

Estos cinco años han sido muy complejos. En primer lugar, la implementación se ha dado en medio de un campo en el que las diferentes fuerzas políticas del país se han posicionado con distintos intereses. Por lo tanto, esa implementación ha estado determinada por la correlación de fuerzas que se da en ese campo de lucha. Hay dos características: por un lado el reposicionamiento de las fuerzas ultraconservadoras, primero con el triunfo del no en el plebiscito y segundo con la victoria en las elecciones presidenciales que llevaron a Iván Duque al poder. La otra característica se da en el contexto del Gran Paro Nacional con las fuertes movilizaciones de jóvenes que vimos este año.

La implementación también se ha caracterizado por los distintos niveles de cumplimiento en algunos aspectos particularmente en la reincorporación económica y política de los excombatientes. Pero hay incumplimiento en otros aspectos sustanciales como la reforma electoral o las circunscripciones especiales de paz. Está caracterizada también por la transformación de lo que fue pactado, es el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, que fue restringida en sus alcances. Hubo retrasos cuando dejaron las armas y debían ser trasladados a las zonas veredales, porque no estaban listas. Ahora las demoras están en los proyectos productivos y la adecuación jurídica y de la política pública.     

En conclusión, se trata de una implementación en donde la integralidad, la sistematicidad y sincronicidad del acuerdo ha sido quebrada y por lo tanto hay muchos aspectos estancados, con una balanza que se inclina hacia el desconocimiento. El gobierno con su política de paz con legalidad ha simulado una implementación que no corresponde con lo pactado en el acuerdo. 

Otro problema es que la constitucionalización del acuerdo, el acto legislativo 01 y otros que se dieron posteriormente dejaron la puerta abierta para que la implementación se hiciera con base al Plan de Gobierno.      

¿Cree usted que el proceso de paz ha tenido algún impacto en la violencia urbana? 

Sin lugar a dudas hubo una disminución significativa del impacto de la guerra. Teníamos unas estadísticas y unas cifras aterradoras en el año 2002, cerca de 80 mil homicidios por cuenta del conflicto, muchos de esos en zonas rurales, pero también en las ciudades. Cabe recordar, el atentado en el club El Nogal en Bogotá y otros hechos de gran trascendencia como las masacres paramilitares, el asesinato de la base social de muchas organizaciones campesinas, de reclamantes de tierras y casi siete millones de desplazados que llegaron a las principales ciudades.

Haber cerrado el capítulo de guerra con las Farc llevó a que los homicidios disminuyeran. En el 2016 tuvimos cerca de 1500 y en el 2019 no se superaron los 700. Evidentemente el acuerdo ha tenido un impacto positivo en estas cifras, al igual que en las de desplazamiento y de migración hacia las grandes ciudades, que han decrecido significativamente. Eso no quiere decir que el problema está resuelto, porque se siguen presentando asesinatos de líderes sociales. Desde que se firmó el acuerdo en noviembre de 2016, se cuentan 1300 asesinatos de líderes sociales, casi 300 firmantes del acuerdo y 150 masacres.

El acuerdo de paz sirvió para disminuir el impacto del conflicto en las ciudades, aunque no ha desaparecido. Ahora se debe señalar que la salida de las Farc del conflicto dejó unos vacíos de poder y allí se han generado unos reacomodamientos, algunas estructuras paramilitares se han rearmado y el ELN ha copado algunos territorios. Como el narcotráfico sigue siendo la principal fuente de financiación, pues las redes de apoyo que se concitan alrededor de esta actividad siguen vigentes y se han fortalecido en muchas ciudades del país.    

El conflicto armado se ha considerado principalmente un fenómeno de carácter rural. ¿Cree usted que el acuerdo fue suficientemente amplio en el sentido de contemplar el impacto del conflicto armado en las ciudades?

El hecho de que los combates se dieron principalmente en el campo, no quiere decir que el conflicto sea meramente rural, porque en las ciudades también hubo muchas acciones militares. La tenencia de la tierra no era el único problema, hay otros factores estructurales como la exclusión política y económica. Muchas de las consecuencias de la guerra se ven en las urbes como la llegada de grandes olas migratorias de desplazados y en condiciones precarias, que aumentan los índices de pobreza y de miseria que se convierten en nichos para todo tipo de actividades delincuenciales, afectando principalmente a jóvenes y mujeres.

La concepción de que el conflicto es rural, es errada. Ahora en lo que hace referencia a si el acuerdo es lo suficientemente amplio para dar cuenta precisamente de estos impactos en las ciudades, yo considero que sí. Cuando se piensa en desarrollo y encadenamiento productivo se necesita de una coordinación con actividades económicas en las ciudades. El pacto es lo suficientemente amplio y posee un potencial transformador que tiene en cuenta a las ciudades aunque el énfasis en el lenguaje sea rural y agrario. Sin lugar a dudas la implementación pasa por una serie de transformaciones en las urbes.

Además, en lo que se refiere a la apertura política, si consideramos que el país es el 70% urbano, lo cual quiere decir que el potencial electoral está concentrado en las ciudades, pues la apertura política va a traer beneficios principalmente en las urbes.    

 En relación con las zonas urbanas previstas para promover la consolidación del proceso de paz, dentro de las cuales se encuentran tanto ciudades pequeñas como centros poblados. ¿Qué efectos ha tenido el proceso? ¿Cuál ha sido la política gubernamental y qué perspectivas se observan hacia el futuro? 

Se trata de un gobierno nacional que simula la implementación, que le ha dado poca importancia y que prácticamente le dio la espalda a la paz en muchos aspectos. Lo poco que ha cumplido lo ha hecho porque es un mandato constitucional. Ahora a nivel local y regional la situación es diferente. Por ejemplo, Bogotá, que aunque no está contemplada dentro de las regiones PDET, ha recibido el impacto del conflicto por la ola de desplazamiento, contempló la formulación de un Plan de Desarrollo con enfoque territorial, que involucra a la región de Sumapaz, a las localidades de Usme y de Bosa. 

Hay otros casos que preocupan muchísimo como los territorios PDET en la Costa y el Chocó, en donde el enfoque territorial ha sido desdibujado y reemplazado por esta idea de las zonas de consolidación, que buscan remilitarizar estos espacios. La atención a los planes de vida que esas comunidades llevaron en su momento, cuando se formularon los planes de desarrollo con enfoque territorial, fueron desatendidos.

Tenemos que mirar caso por caso cómo ha sido la política gubernamental que no es homogénea. Pero como el marco es el Plan de Desarrollo, pues la tendencia no fue fortalecer los principios en los cuales está inspirado el acuerdo sino por el contrario desconocer múltiples pactos de la implementación.