Durante la semana pasada grupos importantes de motociclistas en distintas ciudades del país ejercieron su legítimo derecho a la protesta para reclamar al gobierno nacional tratamiento especial frente a la problemática que enfrentan. En la lista de temas estaba en primer lugar la falta de disponibilidad del seguro obligatorio de accidentes de tránsito SOAT y la posibilidad que su costo crezca afectando su bolsillo.  Por esta misma línea, su preocupación ante la necesaria alza en el precio de la gasolina, excesivamente subsidiado. Y también preocupaciones sobre el control que ejerce la Policía, incluyendo abusos por corrupción. En la lista no se quedaron por fuera temas de calidad de la infraestructura y oportunidad de prestar servicios de transporte público con motocicletas a través de plataformas tecnológicas. 

El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de acuerdo con los lineamientos del Gobierno Nacional de Gustavo Petro, invitó a representantes de la protesta al diálogo y suscribió un documento de 10 puntos con compromisos para avanzar las peticiones de los motociclistas. Entre otras cosas, el compromiso firmado por el ministro Reyes y otros funcionarios públicos, como Ayda Lucy Ospina, superintendente de Transporte, el coronel Oscar Andrés Lamprea, subdirector de la Dirección de Tránsito DITRA de la Policía Nacional, y Luis F. Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. 

El documento compromete al Ministerio de Transporte y a los motociclistas a constituir mesas de diálogo para discutir modificaciones al Código de Tránsito y mesas regionales para revisar que no haya tipos de infracción subjetivos, posibles casos de arbitrariedad de los organismos de tránsito (con línea de WhatsApp para reportar 3232276994 y correo electrónico ditra.oac@policia.gov.co), campañas de derechos humanos en la DITRA, y revisar los temas de señalización, iluminación y reparación de vías, todas medidas genéricas muy útiles. Llaman la atención tres puntos relacionados con la autoridad y la pedagogía: 

-Sobre el SOAT, “se formula la proposición para que se sugiera a las autoridades no hacer operativos a nivel nacional hasta que se tome una decisión definitiva sobre la solución del SOAT”.  Entiendo que hay graves dificultades para motociclistas para adquirir este seguro obligatorio, porque las aseguradoras han cerrado canales de distribución o exigen elementos como tarjeta de crédito a nombre del tomador y dueño de la moto. Entiendo que el ministerio trabaja directamente con el gremio asegurador Fasecolda para encontrar caminos que faciliten la disponibilidad del SOAT, derivadas de las grandes pérdidas del instrumento.  El SOAT viene haciendo agua hace un par de años por incremento de la siniestralidad y del fraude (mayores costos) y reducción de ingresos (menos propietarios asegurados, la evasión en motocicletas es mayor al 60% según Fasecolda). 

Nadie está obligado a lo imposible y no se puede hacer exigible un seguro que parece no estar del todo disponible. Pero el remedio puede ser peor que la enfermedad: si no se controla su porte, más personas lo evaden, disminuyen los ingresos, se sigue siniestrando más que lo que gana y las aseguradoras, como negocios privados, serán incapaces de continuar con la oferta.  El SOAT está en cuidados intensivos por tres graves males: siniestralidad creciente, fraude y no pago. No controlar el porte de SOAT puede ser la estocada final a lo que fue un sistema ejemplar en la región para tener un mecanismo ágil, efectivo y solidario para atender heridos y gastos funerarios producto de choques y atropellos.

-Sobre la reforma al Código de Tránsito “se buscará que el trabajo principal de la DITRA sea pedagógico (sic) y se evite al máximo la inmovilización de las motos, mientras se adelanta la reforma legal que será tratado con rigor en la propuesta de reforma al código”. Esto se lee como una claudicación de la autoridad y puede convertirse en una patente de corso para que motociclistas que incumplen las normas (que no son todos) sigan poniendo en riesgo su vida y la de los demás.   La conducta más común es conducir sin licencia, se pregunta uno qué acción pedagógica es efectiva para que una persona que no ha recibido el privilegio de conducir siga conduciendo sin licencia, con el fin de no inmovilizar el vehículo.   

También es muy común el exceso de velocidad. Por ejemplo, en la última medición de conductas de riesgo de la Universidad Johns Hopkins en Bogotá (realizada con apoyo de la Universidad de los Andes en abril de 2022), el 57% de los motociclistas registraron exceso de velocidad en comparación con 31 por ciento en noviembre de 2020.  ¿Vamos simplemente a dejar de controlar esta conducta de altísimo riesgo para que 7 de cada 10 muertes viales sigan sucediendo? 

https://twitter.com/SectorMovilidad/status/1544798089994768389 

-Sobre educación y pedagogía “El Ministerio de Transporte y la Agencia de seguridad vial, implementará (sic) a instancias de la mesa medidas de mejoramiento en la educación y pedagogía a los motociclistas”.  Es una acción loable, y será muy útil si las acciones son específicas para mejorar la capacidad de los pilotos para maniobrar las motocicletas, especialmente los más novatos. Cabe anotar que en Colombia 4 de cada 10 muertes de motociclistas se producen por choque contra objeto fijo o caída, por lo cual la capacidad de maniobrar es esencial. 

Algo de la maniobrabilidad está en el vehículo. La mayoría de motos que se venden en Colombia carecen de frenos combinados CBS, o frenos antibloqueo ABS, que son equipamiento básico en los países europeos, Estados Unidos, India y China, entre otros . Esto está en proceso de ser resuelto con la expedición de la Resolución Mintransporte 20223040062115 de 13-10-2022 “Por la cual se expide el Reglamento Técnico que establece los requisitos aplicables a sistemas de frenado, para uso en vehículos tipo motocicleta”, que hace obligatorios estos elementos en motos nuevas a partir de octubre de 2025.  

Sin embargo, ni la pedagogía planteada, ni la mejora de las motos, resuelve del todo la tragedia de 12 motociclistas que mueren diariamente en nuestro país. Mucho menos relajar los controles de las autoridades o establecer que todo el problema es de infraestructura.  Por supuesto que es necesario controlar la corrupción y el abuso que algunos motociclistas reportan, pero la solución no puede ser “hagamos un curso, no me multe y no inmovilice la moto”. Tenemos una grave cultura de la ilegalidad, de la trampa, del atajo. Como dijo Gabriel García Márquez: “En cada uno de nosotros cohabitan, de la manera más arbitraria, la justicia y la impunidad; somos fanáticos del legalismo, pero llevamos bien despierto en el alma un leguleyo de mano maestra para burlar las leyes sin violarlas, o para violarlas sin castigo.” (Por un país al alcance de los niños. Palabras de García Márquez sobre la educación en Colombia, 1994)

El acuerdo del ministro y los motociclistas da la impresión de ser la forma en que los motociclistas burlan las leyes sin violarlas o las violan sin castigo.  No hay ningún compromiso de los motociclistas, tal vez porque solo se trata de presionar al gobierno para que no suba el SOAT, o se pueda transitar sin él (como ya lo hacen más del 60% de los motociclistas).   

La solución del acuerdo lleva un mensaje central de educación y pedagogía, que suena bien. Es un mensaje del buenismo: si nos educan y educamos todo se soluciona. La educación vial hace parte de los sistemas seguros, pero dejarle toda la tarea de resolver el problema es una receta para el fracaso.  La educación vial está sobrevalorada; mientras tanto seguiremos contando muertes sin control, tal vez de algunos de los firmantes del acuerdo.

Mayor información:

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