Así lo reveló el informe “La pandemia tiene en crisis los derechos de la niñez” de NiñezYA, una coalición de más de 100 organizaciones y redes de la sociedad civil que desde 2017 se unieron para  abogar por 10 asuntos impostergables para la atención a la niñez, denominados los “Ya”. El ideal es que esta decena de temas sean tenidos en cuenta en los programas de gobierno de candidatos a cargos de elección popular, en los planes de desarrollo de los candidatos elegidos y en los planes sectoriales e indicativos. 

Los “10 Ya” son: 1. Políticas públicas e inversión; 2. Salud y nutrición; 3. Educación inicial; 4. Educación preescolar, básica y media; 5. Juego; 6. Participación; 7. Fortalecimiento de la familia para el cuidado y la crianza de la niñez; 8. Protección frente a cualquier tipo de violencia; 9. Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes; 10. Cultura de paz, reconciliación y convivencia. 

El Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia dialogó con Ángela Constanza Jerez, socia fundadora y gerente de Responsabilidad Social de Jerez & Sandoval (J&S) y coordinadora de NiñezYA, para conocer los resultados del informe y las recomendaciones de política pública que se plantearon.  

¿Cuál era el panorama general de los niños, niñas y adolescentes en las principales ciudades del país antes de la pandemia? 

Tenemos avances importantes sobre todo en política pública; contamos con la ley para la Primera Infancia y la Ley de Infancia y Adolescencia. Sin embargo, si bien tenemos un recorrido importante en normatividad,  no se está logrando su implementación, por eso uno de nuestros “Ya”, transversal a todo nuestro trabajo, es llevar a la práctica estas políticas públicas. El artículo 44 de la Constitución Política establece que los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, es decir que en momentos de crisis como el actual, los recursos deberían estar destinados a esta población para saldar la deuda histórica que tenemos con ella. Antes de la pandemia habíamos avanzado en leyes, en temas de educación, cobertura de salud, entre otros, pero existían brechas amplias entre las zonas rurales y urbanas, y también dentro de las mismas áreas urbanas por su ubicación en el territorio y su nivel socioeconómico. Con el informe vemos que esas brechas se ampliaron mucho más. La deuda que teníamos aumentó y tiende a empeorar si no tomamos decisiones pronto. 

NiñezYA presentó recientemente un informe que muestra los impactos de la pandemia en esta población. Se presenta a partir de tres grandes temas… Empecemos por “el comienzo de la vida, marcado por la desigualdad” que plantea temas importantes como la salud, la nutrición y la educación. 

El comienzo de la vida está marcado por la desigualdad. El sector que más lo evidencia es el de la educación: casi 2 millones de niños entre los 5 y los 11 años han visto afectada su educación debido a que nunca han accedido a internet, lo que equivale al 36 % de niños en esta edad. Según el Dane, el 76 % de los hogares a nivel rural y el 50 % a nivel municipal no tienen computador. Adicional a esto, el Centro Nacional de Consultoría, la Universidad de los Andes y Probogotá realizaron una investigación interesante en Bogotá que evidencia las brechas por tipo de colegio (público o privado) y estrato socioeconómico. Para mencionar algunas cifras: 8 de cada 10 estudiantes de colegio privado tienen acceso a internet de alta velocidad, mientras que en los colegios públicos 5 de cada 10 estudiantes lo tienen. Esto ha llevado a que la posibilidad de deserción sea del 7,6 % en la capital del país, lo que implicaría el triple de deserción escolar reportada en 2020. Entre las razones que los cuidadores de los niños encuestados manifiestan para dejar los estudios están el temor a enfermarse o infectar a algún miembro de la familia (36,8 %) y el 39, 5 % mencionan razones  relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, tenemos a una población que ha sido históricamente discriminada y excluida de la educación y otros derechos: los niños con discapacidad. De acuerdo con una encuesta de la Cepal, el 76,6 % de los consultados en varios países de la región, entre ellos Colombia, señaló que la situación educativa de niños y adolescentes con discapacidad es peor que antes de la pandemia y el 67,5 % afirmó que en su país no se han tenido en cuenta las necesidades educativas de esta población. 

Las consecuencias de esto son el aumento de las brechas entre colegios públicos y privados, niveles socioeconómicos y zonas rurales y urbanas. Una investigación de la Universidad Javeriana muestra que aumentaron en un 5 % las brechas que se venían presentando en los niveles de desempeño en las Pruebas Saber 11. En otras palabras, niñas, niños y adolescentes se están quedando atrás del desarrollo. 

Nuestra recomendación es que es importante que en las ciudades y municipios donde la situación de salud pública lo permita, los niños y adolescentes regresen de manera presencial a los colegios con todos los protocolos de seguridad, y que además tengan acompañamiento socioemocional y una nivelación, dado que no regresarán en las mismas condiciones. Los papás y profesores también requieren de acompañamiento. 

En cuanto a salud, vale la pena destacar el aumento en el número de muertes maternas tempranas. En 2019 se registraron 261 muertes, mientras que en 2020 se presentaron 348. El estudio de la Universidad de Antioquia y la Fundación Éxito plantea que esta situación tiene que ver con que seguramente se dio prioridad en su momento a los casos de Covid-19. 

Otro de los temas relevantes está relacionado con la nutrición. En 2015 la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) reveló que el 54 % de los hogares en Colombia estaba en inseguridad alimentaria. De acuerdo con la Encuesta Pulso Social del Dane (diciembre de 2020), el 89,3 % de los hogares en promedio consumían 3 comidas al día antes de las cuarentenas, luego este porcentaje se redujo al 69,6 %. Por regiones, la Costa Caribe presenta los casos más preocupantes; en Santa Marta pasó del 99,5 % al 40,1 %; en Cartagena del 70,3 % al 34,1 %.

La Fundación Éxito señala que existe una correlación entre estado nutricional y la vulnerabilidad ante el Covid-19. Los más de 4 millones de niños y adolescentes de los municipios de Nariño, Chocó, Cauca, Atlántico y Amazonas están en mayor riesgo al vivir en zonas que tienen un patrón de problemas nutricionales y mayor afectación por el virus. Lo mismo sucede con los cerca de 6 millones de niños y adolescentes que viven en La Guajira, Sucre, Cauca y la región de la Orinoquía, territorios que recibieron la pandemia con altas prevalencias de desnutrición aguda. Bogotá reporta los niveles más altos de Covid-19, así como una prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años mayor al promedio nacional (10 %), estaba en 13 % antes de la pandemia y aún no sabemos cuánto va a aumentar.

En ese sentido, la Fundación estima que, como consecuencia del retroceso en el crecimiento económico y el incremento de la desnutrición crónica, el país habría retrocedido aproximadamente cuatro años en el objetivo de erradicar la desnutrición crónica. 

Las encuestas Pulso Social del Dane y Recorv evidencian problemas socioemocionales en los niños y adolescentes, y sus padres, madres y cuidadores. Dicen que sienten mayor preocupación, ansiedad, nerviosismo, tristeza, cansancio. Es importante tener en cuenta lo que está pasando con los adultos, ya que los efectos emocionales de ellos también impactan en los niños, sobre todo a los que tienen de 0 a 5 años.  

En el segundo bloque se menciona un tema importante, la violencia intrafamiliar, un fenómeno que se agudizó en medio de los confinamientos, considerando que los principales agresores de los niños y adolescentes son familiares que viven con ellos. ¿Cómo se comportó esta violencia durante el primer año de la pandemia?  

Está demostrado que el 74 % de los casos de abuso sexual ocurren en la vivienda. En los primeros meses de la pandemia no hubo un aumento de las denuncias por violencia; en 2020 ingresaron 34, 6 % menos niños y adolescentes al Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) en relación con 2018. Cuando el ICBF empieza a fortalecer la línea 141 para recibir denuncias, creando tres líneas por Whatsapp y enviando 980 defensores de familia a los territorios, las denuncias aumentan: los casos de maltrato infantil incrementaron en 2020 en 47 % y los de violencia sexual 1,38 %, en relación con 2019. En total hay un aumento del 0,5 % de los niños que ingresaron al PARD. 

Otro tema importante es el incremento en los casos de violencia sexual que se ejerce a través del mundo digital. El Observatorio Contando lo Invisible de la Fundación PLAN dice que durante la temporada de aislamiento aumentó en 150 % la actividad maliciosa en internet, es decir que niñas, niños y adoelscentes están expuestos a delitos como pornografía infantil y grooming (engaños a niños y adolescentes para que accedan a realizar actividades de contenido sexual). Además, la organización Teprotejo señala que mientras en 2019 se procesaron 16.170 reportes relacionados con los ingresos y situaciones en entornos digitales, en 2020 la cantidad llegó a 21.864, de los cuales 2,8 % correspondió al ciberacoso.   

También hay un tema de familias en este segundo componente… 

Hay varios puntos que nos llaman la atención. Por un lado, el problema de la pobreza que indudablemente va a aumentar; como país habíamos superado ciertos temas relacionados con la pobreza y disminuido el número de personas en esta condición, pero ahora la Cepal señala que a nivel mundial hubo un retroceso de 10 años en el objetivo de erradicar la pobreza y el Dane lo reiteró para el caso colombiano. Esto afecta a las familias de diferentes maneras, en los temas de alimentación y educación, por ejemplo, también podemos llegar a tener altos índices de trabajo infantil. En este momento la OIT y la Unicef estiman un aumento del 0,7 % o más sobre los 10,5 millones de niños y adolescentes que laboran en el mundo, lo cual pone en peligro los avances que se tienen desde el 2000. Por otro lado, en América Latina están ocurriendo casos de matrimonios a temprana edad; el Fondo de las Naciones Unidas (FPNU) asegura que se darán 13 millones de matrimonios infantiles. 

En la parte final del informe encontramos un apartado interesante sobre el riesgo en el que están las expresiones del ejercicio ciudadano de los niños y adolescentes producto de los confinamientos. ¿De qué expresiones estamos hablando y cuál ha sido el impacto? 

La expresión más importante es la participación. Los niños y adolescentes son ciudadanos y en ese sentido tienen que poder ejercer sus derechos, uno de ellos es  la participación. Si bien no pueden votar, sí merece ser escuchada su opinión. En una consulta global de Save The Children, por ejemplo, solo el 34,6 % de los niños y adolescentes dicen que sí les han pedido su opinión, pero que al final son los adultos quienes toman las decisiones. 

Otro asunto importante es el juego. La Universidad Nacional de Colombia con la Corporación Juego y Niñez le hizo seguimiento a un grupo de niños que iban a ludotecas y a otro que no asistía a estos espacios; comprobaron que los niños que van a la ludoteca tienen más y mejores habilidades: tienen capacidad para seguir instrucciones, para dialogar con el otro, para ponerse de acuerdo, son más empáticos y solidarios, y tienen un pensamiento disruptivo. El juego siempre ha sido invisible, a los adultos les parece que el juego es una pérdida de tiempo a pesar de que está comprobado que desarrolla capacidades y competencias. Ahora con el cierre de los espacios esta expresión está en riesgo. Encuestas de RECOVR y Save The Children señalan que los niños de 6 a 18 años le están dedicando más tiempo al sueño o al cuidado de hermanos y menos al juego. Esto les genera sensaciones de preocupación, tristeza, aburrimiento y por eso prefieren acostarse a dormir. 

Otra expresión ciudadana tiene que ver con su proyecto de vida, lo que quieren ser. En ciertas zonas del país, niñas y niños son reclutados por organizaciones al margen de la ley que les truncan ese proyecto de vida. Según el Observatorio de Niñez y Conflicto Armado de la Coalico, entre enero y diciembre de 2020 se registraron 79 eventos que afectaron a por lo menos 222 niños y adolescentes. Los departamentos donde ocurren más casos son Antioquia, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. También se está dando un fenómeno de desplazamiento forzado: en el 2019 por lo menos 3.500 niños y adolescentes fueron víctimas mientras en 2020 fueron por lo menos 5.742, es decir, aumentó en 2.242 víctimas. 

En este contexto que hemos planteado y en un escenario de pandemia incierto, ¿cuáles son los retos de política pública de niñez y adolescencia que tienen los gobiernos locales? ¿Qué recomendaciones plantean? 

Tenemos varias recomendaciones, entre ellas, realizar de manera regular encuestas y sondeos en las diferentes dimensiones del bienestar porque reportan señales de alerta para la toma de decisiones; unir esfuerzos entre gobiernos locales y nacional, organizaciones de la sociedad civil y cooperación internacional para atender los desafíos sociales y económicos de la niñez; flexibilizar procesos administrativos que permitan dotar a las comunidades de agua, saneamiento y adecuación del entorno educativo; establecer de manera prioritaria estrategias para la atención de personas gestantes y acciones que mantengan los controles de desarrollo de los niños; diseñar una canasta digital para la educación, que incluya a toda la comunidad educativa; desarrollar estrategias para nivelación del aprendizaje, prevención de la deserción, bienestar emocional y generación de confianza para la alternancia; fomentar la permanencia a través de incentivos a los trabajadores que tengan hijos en edad escolar; formular e implementar nuevas estrategias de cualificación y acompañamiento a los docentes y directivos y tomar medidas urgentes para que los recursos asignados a los entes territoriales sean ejecutados en las adaptaciones necesarias de las instituciones educativas. 

En el tema de la familia es necesario trabajar de manera conjunta entre instituciones del gobierno, sociedad civil, academia y cooperación internacional, entre otros, para proporcionar medios de subsistencia a las familias más vulnerables; asumir esta oportunidad para promover relaciones interpersonales, familiares y comunitarias pacíficas, basadas en el respeto, la reciprocidad y la comunicación: los niños y adolescentes necesitan nuevos paradigmas basados en una crianza con amor y en la construcción de roles de género equitativos (fue aprobada recientemente la ley contra el castigo físico y eso es un gran logro para el país); facilitar métodos de denuncia viables y accesibles para reportar casos de violencia y crear planes de rápida respuesta para el restablecimiento de derechos.

Respecto a las expresiones ciudadanas es fundamental reconocer la importancia de contar con espacios destinados únicamente para el disfrute del juego, como parques públicos y ludotecas, los cuales deben contar con condiciones de seguridad y físicas apropiadas; promover y facilitar la participación de los niños y adolescentes en la toma de decisiones e implementar el protocolo de participación de víctimas del conflicto; garantizar la seguridad física y la protección de los derechos de los niños y adolescentes en contextos de conflicto con medidas efectivas para prevenir el reclutamiento forzado y desvincular del conflicto a quienes han sido reclutados; hacer seguimiento a la aplicación del estatuto de protección temporal para la población migrante venezolana, con el propósito de que los ciudadanos venezolanos puedan regularizar su situación y acceder a los servicios sociales y económicos, entre otras.