Según la profesora Yency Contreras Ortiz el artículo “analiza el concepto de captura de valor, las tipologías de instrumentos existentes y examina las oportunidades y restricciones normativas y operativas de la participación en plusvalía” como una de las principales apuestas en Colombia. A partir de herramientas cualitativas y cuantitativas se muestran los resultados de la reglamentación e implementación del instrumento en 20 años de existencia formal para 444 municipios del país”. 

Así mismo en el texto “se evidencia que, aunque una importante cantidad de municipios incorpora el tributo en sus normas territoriales, este instrumento, pese a sus potencialidades, no se ha consolidado como fuente importante de financiación, siendo los pequeños y medianos municipios aquellos que más han movilizado dicha participación en el contexto de sus transformaciones de crecimiento urbano y decisiones de ordenamiento territorial”.

La implementación de la participación en plusvalía ha sido limitada en sus principales objetivos ya que, como se demuestra en el artículo publicado; aunque las transformaciones en el territorio se vienen causando como producto de las decisiones y autorizaciones públicas (y también por los incentivos de mercado), son pocos los municipios que han aplicado dicho instrumento. Estos cambios no solo se dan en las grandes ciudades, sino en las ciudades intermedias localizadas en el área de influencia de aquellas y en los pequeños municipios.

 Es relativo el impacto que tiene la capacidad institucional en la implementación de instrumentos como la PPV. Aunque existen dificultades ya demostradas, en el artículo se evidencia la importante participación de pequeños municipios en recaudo. El instrumento de manera concreta se enfrenta a los retos de garantizar transparencia del cobro, mejorar la información catastral y ofrecer seguridad jurídica a los actores involucrados. Se concluye en el artículo que las restricciones para la reglamentación e implementación de la PPV están asociadas a la voluntad política de los actores que participan de la toma de decisiones urbanísticas a nivel territorial.

Finalmente, una de las conclusiones más importantes que resalta la doctora Contreras es “la Carta Política de 1991 institucionalizó en Colombia un acuerdo social y político sobre el alcance del derecho de propiedad y formalizó las reglas para la captura de valor, producto de las acciones y decisiones de sus autoridades públicas, específicamente la participación en plusvalías. Sin embargo, dado que las normas no son el único factor que genera incentivos en los resultados territoriales; y aunque su existencia es determinante, el estudio demostró que su alcance y posibilidades de aplicación en la práctica para los gobiernos municipales, están directamente asociadas con la voluntad política de los actores en el territorio”. 

Si usted desea mayor información sobre esta temática puede consultar el artículo en la revista Journal of Regional Research Investigaciones Regionales, número 53, artículo titulado  “Instrumentos de captura de valor: evolución de la participación en plusvalía en Colombia 1997 – 2017". Para tales efectos, ingrese a https://recyt.fecyt.es/index.php/IR/article/view/82912