Jorge Coronel López*

Cuando se habla de informalidad se hace referencia a un fenómeno que tiene varias facetas. Diversos enfoques han pretendido estudiar y medir dicho fenómeno, generando un conocimiento segmentado y promoviendo múltiples definiciones alrededor de un fenómeno que fue advertido sobre principios de los años setenta.

La Ciencia Económica ha sido protagonista en estos estudios y la conceptualización reconocida y avalada actualmente para realizar mediciones es producto de sus aportes investigativos. El paradigma dominante dentro de dicha Ciencia ha determinado la forma de entender y medir la informalidad. Por ejemplo, una de las definiciones que prevalece hace referencia a aquella empresa o actividad que tiene fines lícitos pero que no cumple cabalmente las disposiciones legales, sean leyes, normas o reglamentos. Esta idea termina concluyendo que la informalidad se explica por la excesiva regulación estatal y sus respectivos costos, los cuales al ser mayores que los beneficios, conduce a una supuesta decisión “racional” de ser informal.

Dicha idea tiene muchos problemas, primero porque supone que las empresas operan en mercados de competencia perfecta, y segundo, porque estima los costos en función de unos beneficios sin reconocer problemas estructurales, como el nulo acceso al crédito formal y legal para las empresas más pequeñas y las fugas de recursos que ellas tienen por razones de cobros ilegales realizados –extorsión bajo cualquiera de sus modalidades: cobros por seguridad, por ventas, por créditos usureros, etc.–. 

Tampoco reconoce que los mercados se han vuelto más estrechos reduciendo la producción y la demanda laboral, lo que indica entonces que no reconoce la debilidad productiva ni la falta de oportunidades laborales como explicaciones de la informalidad, negando la evidente realidad manifiesta por aquellas personas que se ven presionadas a “emprender” actividades de subsistencia y en condiciones informales. 

Sin embargo, el mayor problema de este y casi todos los enfoques es que excluye un contexto importante: el territorio, como contexto y lugar donde se desarrollan las actividades económicas. Dicha exclusión niega, tanto el conjunto de situaciones que se tejen en un área específica, como la relación indiscutible entre el suelo y las actividades permitidas para su uso. 

Nadie puede negar la importancia que tiene el suelo en el desarrollo de actividades económicas, no sólo por la relevancia de las actividades allí permitidas, sino también por el precio de la tierra. Cambiar el uso del suelo significa incidir en el precio y en la dinámica económica. Dicho cambio puede significar transformaciones positivas o negativas de los territorios, entiéndase municipios, áreas o aglomeraciones metropolitanas. También representa cambios en las personas, pues se podrían alterar los modos de producción y algunas fábricas se podrían trasladar a otros lugares, lo que tendría incidencia en la demanda laboral, la calidad del empleo y el tamaño de las empresas. 

Los Planes de Ordenamiento Territorial son instrumentos de planificación que definen los usos del suelo. Generalmente, el carácter político que cruza a dichos instrumentos se sobrepone al carácter técnico. Uno de los problemas que asiste a los municipios cuando deben actualizar sus planes de ordenamiento tiene que ver con el conflicto al que se enfrentan cuando por un lado deben recoger las ideas técnicas sobre la forma como se debe abordar el uso del suelo en perspectiva del desarrollo local, mientras que por otro reciben presiones de índole política con énfasis en el desarrollo de proyectos de construcción de vivienda.

La construcción de vivienda es tan importante como la generación de condiciones para que las empresas puedan desarrollar su actividad económica formal. Viviendas, empresas y empleo hacen parte de una compleja ecuación que está determinada por el ordenamiento territorial y el desafío radica en encontrar un punto que ponga en equilibrio el déficit habitacional con el desempleo. 

Uno de los intereses que prevalece generalmente proviene del gremio constructor. Aquí es cuando el suelo industrial entra a competir con el residencial. Las empresas se ven presionadas a relocalizarse, trayendo consigo un deterioro de la actividad productiva industrial, generando condiciones para un comercio hecho a la medida de las nuevas residencias, el cual no siempre es formal.

Lo que se quiere plantear es que las modificaciones al ordenamiento territorial pueden traer consigo informalidad cuando el uso del suelo pone a competir actividades industriales con usos residenciales. El conjunto de actividades económicas que se establecen en el marco de los nuevos proyectos urbanísticos, los cuales se caracterizan por ser unidades productivas muy pequeñas, con baja remuneración y sin una demanda laboral cualificada, son la demostración de que existe una relación entre informalidad y territorio.

En aras de una mejor precisión, vale la pena decir que este planteamiento solamente busca generar una reflexión al respecto y no despreciar ni cuestionar la construcción de vivienda per se. Lo que se busca es poner en contexto una situación que se vive cotidianamente, además de poner en cuestión la forma como tradicionalmente se han enfrentado a la informalidad. Las políticas de formalización vía costos ya revelaron su fracaso y es posible que la salida se encuentre en la renovación de los debates sobre el tema, donde el territorio como categoría de análisis juega un papel crucial.