Hasta hace unas semana se conoció el fallo completo  de la Corte Constitucional que declaró inexequible el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 1843 de 2017 relacionado con la instalación y puesta en marcha de las llamadas cámaras de fotomulta. Dicho parágrafo establecía que el propietario del vehículo que fuera detectado cometiendo una infracción de tránsito debía responder solidariamente con el conductor. 

“El propietario del vehículo será solidariamente responsable con el conductor, previa su vinculación al proceso contravencional, a través de la notificación del comparendo en los términos previstos en el presente artículo, permitiendo que ejerza su derecho de defensa”. 

La Corte determinó que la norma “adolece de ambigüedades en su redacción y, por consiguiente, genera incertidumbre en cuanto al respeto de garantías constitucionales ineludibles en el ejercicio del poder punitivo del Estado”.  Además, omite el derecho a la defensa en lo relativo a la imputabilidad y la culpabilidad; desconoce el principio de responsabilidad o imputabilidad personal y vulnera la presunción de inocencia. 

Luis Felipe Lota, director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), explicó que esta decisión no deja sin efecto el sistema de fotodetección sino que “es necesario revisar de fondo el esquema que debe validar quién cometió la infracción”. 

“Este esquema de control hay que trabajarlo de manera particular para garantizar el debido proceso, tal como lo indica la Corte. Esto ha afectado de manera significativa las peticiones de las entidades territoriales para la instalación de cámaras de fotomulta”, aseguró. 

De acuerdo con el director de la ANSV, el sistema de fotodetección tiene como finalidad un cambio en el comportamiento de los conductores para reducir los índices de siniestralidad en el país. “Actualmente hay alrededor de 509 cámaras instaladas y autorizadas en el país, en esos puntos logramos salvar 33 vidas durante el 2019 en comparación con 2018”, resaltó.  

Revisando la experiencia de otros países en Europa, la ANSV encontró que el uso de herramientas tecnológicas ha sido fundamental para reducir la siniestralidad vial. En Suecia, por ejemplo, el índice de fatalidad es de 2.5 por cada 100 mil habitantes; una cifra destacadamente baja. El país cuenta con 4.5 cámaras por cada mil kilómetros cuadrados y 199 policías por cada 100 mil habitantes. 

Un estudio del Instituto de Investigación y Desarrollo en Prevención de la Violencia y Promoción de la Convivencia Social (Cisalva) de la Universidad del Valle (2008-2014) realizado en promedio 42 meses antes y 34 meses después de la instalación de cámaras en Cali, determinó una reducción del 19.2 % de todos los choques y un 24.7%. de lesiones y choques fatales en las áreas donde había presencia de la herramienta, comparada con una reducción de 15.0% para todos los choques y 20.1% para lesiones y choques fatales en las demás zonas. 

“Después de las comparaciones ajustadas, los sitios de intervención superaron a los sitios de comparación con una reducción anual adicional del 5.3% (p = 0.045) para todos los choques”, sostiene la publicación de Cisalva. 

A diciembre de 2019 la tasa de fallecidos en Colombia fue de 13.17 por cada 100 mil habitantes; siendo los departamentos de Valle del Cauca y Antioquia y la ciudad de Bogotá los que representaron los niveles más altos con el 13,6%, 13,1% y 7,8% del total de fallecidos respectivamente. En lo que va corrido del 2020 los fallecidos en siniestros viales disminuyeron en un 19.57 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, lo que puede asociarse con el confinamiento producto de la pandemia del coronavirus. 

No obstante la decisión de la Corte, otras infracciones que no son resultado propiamente de la conducción del vehículo pueden seguirse vigilando a través del esquema de fotodetección como el seguro obligatorio, la invasión de carril, la revisión técnico-mecánica y el pico y placa. Esto es fundamental dado que el Observatorio Nacional de Seguridad Vial encontró una correlación entre el número de comparendos impuestos y la reducción de la fatalidad. 

“Por cada 2.000 comparendos asociados a seguridad vial, se ha determinado que se pueden salvar 6 vidas. El hecho de que bajen las posibilidades de implementar comparendos de manera tecnológico va afectar de manera significativa el número de fatalidades”, consideró el director de la ANSV.  

De acuerdo con el Observatorio, “la fatalidad vial se expande a medida que la cantidad de comparendos impuestos disminuye, lo que evidencia una relación inversa entre ellas”. Sin embargo, esta correlación entre imposición y fatalidad no se cumple en todos los territorios del país. En Bogotá para el periodo 2017 - 2018, no se evidenció una correlación clara entre fatalidad e imposición de comparendos. “Esto puede deberse a que la infracción más sancionada es el mal parqueo, y por ende no tiene mayor aplicabilidad en la fatalidad vial”, dice el informe de la ANSV. 

Según Lota, la ANSV y las demás autoridades competentes seguirán trabajando de la mano del Congreso de la República para corregir lo que pide la Corte Constitucional en el fallo. “Mientras eso sucede las personas sienten una baja persuasión de las cámaras y por lo tanto se pueden generar afectaciones en el índice de siniestralidad”, puntualizó.