El subdirector de Planeación del AMVA, Víctor Piedrahita, afirmó en la Comisión Especial de Ordenamiento Territorial del Congreso de la República que se han encontrado varias dificultades en la implementación de la Ley 1625 de 2013, por la cual se reglamentan las áreas metropolitanas, que están principalmente relacionadas con la desarticulación de los instrumentos de ordenamiento territorial que existen en el país.

Una de ellas, explicó Piedrahita, tiene que ver con el fortalecimiento de las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) por parte del Gobierno Nacional, para que no solamente cumplan con su responsabilidad en los temas ambientales, sino que también apoyen el ordenamiento territorial del país.

“Cada que se inicia un nuevo periodo legislativo las CAR buscan cómo disminuir recursos de las áreas metropolitanas que tienen autoridad ambiental. Entendemos su preocupación en cuanto a la falta de recursos y por eso creemos que hay que fortalecerlas”, señaló Piedrahita.

En este sentido, las áreas metropolitanas han señalado que falta claridad sobre las competencias de las áreas metropolitanas como autoridad ambiental, frente a las que tienen las CAR, especialmente en relación con la distribución de recursos.

“El sueño americano de la gente de las provincias y los pueblos pequeños es irse para las capitales a engrosar los cordones de miseria, a delinquir o entrar a bandas criminales, porque ya no les gusta trabajar el campo porque además no hay condiciones allí que los atraiga como jóvenes”, dijo el subdirector de Planeación del AMVA y agregó que por esto no se puede hablar de sostenibilidad en las ciudades sino en el territorio, para lo cual es fundamental entender las dinámicas de la ruralidad y las áreas urbanas.

Asimismo, Piedrahita resaltó la importancia de los esquemas asociativos en el país, no solo de las áreas metropolitanas sino también de las provincias y las regiones administrativas y de planificación (RAP), como mecanismos que permiten armonizar las realidades de los territorios y encontrar líneas comunes para poder planificarlo y ordenarlo.

No obstante, manifestó que para cumplir con este objetivo los esquemas asociativos necesitan recursos. “Para eso requerimos que el Congreso de la República dé instrumentos porque la normatividad en la Ley 1454 les da funciones a las áreas metropolitanas, a las provincias y a las RAP, pero al mismo tiempo le dice que no puede usar el Sistema General de Participaciones (SGP) ni las regalías, es decir, no puede usar nada del presupuesto”, aseguró.

Por otra parte, el subdirector de Planeación del AMVA insistió en bajar el umbral del 25% al 10% para la creación de áreas metropolitanas, recordando que en el país están constituidas solamente 6 (Valle de Aburrá, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, Centro Occidente y Valledupar), cuando deberían ser al menos 16. “Seguimos teniendo normatividad y legislación para el país del siglo XVIII. No podemos seguir pensando que las ciudades son las de antes”, expresó el funcionario.

En consecuencia, recordó que el 76% de la población en Colombia está hoy en áreas urbanas y se estima que al 2050 ascenderá al 86%. “Mientras más grandes sean las ciudades, mayores van a ser las conurbaciones y las realidades del ordenamiento territorial y de planificación, y por esto la ruralidad también tendrá que estar en el centro del debate”, aseguró Piedrahita.

Adicional a esto, las áreas metropolitanas le han manifestado en otros espacios a la Comisión de Ordenamiento Territorial (COT) que en aspectos como el transporte también se han evidenciado dificultades, tales como la ausencia de competencias para ejercer el control del parque automotor, como una herramienta para controlar la emisión de gases contaminantes; y la falta de recursos para ejercer como autoridad de transporte, como ocurre con los recursos que se entregan por ser autoridad ambiental.

Por lo anterior, solicitan que se estimule la asociatividad en la creación de las provincias administrativas regionales y de planificación para que puedan ejercer la autoridad regional de transporte, ya que las dinámicas del transporte publica se dan no solo en la jurisdicción del área metropolitana, sino de municipios aledaños.

En cuanto a los servicios públicos, aseguran que se está asumiendo solo la prestación de los servicios públicos domiciliarios, pero otros servicios como la seguridad no están siendo considerados. Además, en este aspecto, proponen que la prestación de los servicios públicos este en cabeza del área metropolitana, de manera directa con asociaciones entre entidades públicas o privadas.

Finalmente, para el caso de la vivienda se ha demostrado una dificultad de disponibilidad del suelo para ejecutar proyectos de vivienda desde las áreas metropolitanas, ya que los municipios no lo habilitan. En este sentido, surge el interrogante de cómo lograr que en el Plan Estratégico Metropolitano de Ordenamiento Territorial (PEMOT) se puedan establecer los usos del suelo en viviendas de interés social (VIS) y de interés social prioritaria (VIP), ya que es autonomía de los municipios y, en consecuencia, no se puede hacer una planeación real del territorio, aun siendo autoridades para tal fin.