El panorama del país en cuanto al fenómeno de la migración podría analizarse desde dos perspectivas. Por un lado, la masiva migración de venezolanos que se ha registrado en los últimos años y, por el otro, la migración transitoria de personas extracontinentales, que si bien no es nueva, ha causado una crisis humanitaria en algunas zonas del país. 

De acuerdo con la profesora Stephanie Lopez Villamil, investigadora del grupo Migraciones y Desplazamientos de la Universidad Nacional de Colombia, el cruce de la frontera con Venezuela por pasos ilegales no frenó durante los meses de confinamiento por la pandemia: “Entre 300 a 500 personas diarias estaban entrando al país por estas trochas”, afirma. 

Aunque la respuesta de Colombia a la migración venezolana ha avanzado, aún hay retos importantes por asumir. En mayo de este año comenzó la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos; en menos de dos meses, más de 813 mil ciudadanos habían completado la primera fase para que en septiembre puedan contar con una Identificación Digital. Las ciudades en las que más se han registrado personas son Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta y Barranquilla. 

“Este es un panorama más positivo porque va a permitir que todas estas personas puedan regularizar su estatus, esto implica que tengan acceso a los sistemas de salud y educación, al mercado laboral y al reconocimiento de sus derechos”, resalta la profesora López. Sin embargo, este proceso solo lo podrán hacer quienes hayan entrado al país hasta el 31 de enero “por lo que los demás siguen en un limbo”. 

Según considera la profesora de la UNAL, con la regularización de su estatus los ciudadanos venezolanos podrán ingresar al sistema de protección social y participar activamente en la economía colombiana, golpeada fuertemente por la pandemia.

Otro de los grandes avances en esta materia es la sanción de la nueva ley de la Política Integral Migratoria (PIM) que, a pesar de su largo proceso y de las críticas que ha recibido desde distintos sectores, “se convierte en una ley marco que va a permitir que en su reglamentación se consideren aspectos que Colombia no había tenido en cuenta como la migración familiar,  la reunificación y la apatridia; y fortalecer temas como el refugio y los colombianos en el exterior”, sostiene la investigadora. 

Flujo de migrantes extracontinentales 

La profesora Stephanie López explica que el paso de migrantes extracontinentales ha sido constante en Colombia, pero en las últimas semanas ha sido noticia la crisis humanitaria que se produjo por el represamiento de migrantes, mayoritariamente haitianos, en algunas ciudades del país como Pasto y Cali y en el municipio de Necoclí (Antioquia).  

“La situación es preocupante porque la ley migratoria no menciona la migración en tránsito”, afirma la académica. Pero también porque la frontera con Panamá, y en general las fronteras del país, “han estado históricamente olvidadas”, señaló. 

Este panorama lleva a la situación que se registra hoy en la frontera con Panamá: grupos armados como el Clan del Golfo controlando el territorio y cobrando altas sumas para garantizar el paso fronterizo, exponiendo a los migrantes a la trata de blancas y al tráfico de drogas. 

La profesora López señala que Colombia no había generado espacios de coordinación con Panamá, sino hasta esta semana, para establecer un corredor migratorio y hacer que esta sea una migración segura y ordenada como lo establece la ONU. “Lo que siempre se da son soluciones de ‘pañitos de agua tibia’, sin una atención humanitaria y de emergencia, tal como se requiere”, advierte. 

Gobiernos locales sin capacidades

Según las estimaciones de las autoridades, al menos 10 mil migrantes estaban represados en Necoclí, un municipio del Urabá antioqueño con 70 mil habitantes. Era apenas de esperarse que el municipio se quedara corto en la atención a los ciudadanos por falta de capacidad y que esto generara una crisis humanitaria. 

Pero ello no solo le sucede a Necoclí, ciudades como Pasto y Cali también reportaron problemas para atender el alto flujo migratorio. ¿No tienen capacidad los gobiernos locales para enfrentar este fenómeno? El problema es de recursos, responde la profesora López. 

“Colombia no tiene los suficientes recursos para hacerle frente a esta migración y por esto el presidente Duque cuando sancionó la ley pidió más ayuda a la cooperación internacional”, explica la investigadora. Si bien la crisis migratoria venezolana no ha recibido los mismos fondos que la crisis migratoria en Siria, “el gobierno no puede solamente depender de la ayuda internacional para gestionar los flujos migratorios hacia Panamá o el que proviene de Venezuela”, es necesaria una política robusta, atención intersectorial y una articulación entre los países. 

La profesora precisa que a nivel local la atención a los migrantes depende del plan de desarrollo de los alcaldes, por ejemplo: “en Barranquilla están incluidos, es una de las pocas ciudades del país que cuenta con una política migratoria, mientras que en Pamplona, Norte de Santander, se ha visto un rechazo a atender la migración”. 

Aunque la Política Integral de Migración menciona una coordinación institucional a través de la Comisión Nacional intersectorial de Migración, no incluye temas relacionados con la distribución de recursos para los municipios para gestionar las migraciones. Un aspecto que, como quedó en evidencia en las últimas semanas, es fundamental para que los municipios tengan capacidad de reacción frente al fenómeno de la migración.