Escrito por

*Carolina Ortega Contreras

Los últimos años en Colombia se destacan como una época de cambio en materia de seguridad. Las transformaciones en su abordaje se relacionan en buena medida con las exigencias impuestas por las dinámicas de la violencia asociada al comportamiento no conviviente, es decir, a la violencia criminal -crimen organizado y crimen común- y a la violencia política -violencia de conflicto- (Durán, Fonseca y Restrepo, 2009 p. 137).    Estos tipos de violencia con el paso de los años han buscado ser resueltas a través de políticas públicas o iniciativas de Estado.

Hasta hace algunos años la seguridad estaba prácticamente orientada a un tratamiento militar y policial de las violencias. La pérdida de vigencia de estas formas de concebir y poner en práctica la seguridad constituye un proceso en curso que mantiene una evolución gradual. Dicha evolución se caracteriza, entre otras cosas, por el surgimiento de nuevas visiones que introducen normas o valores orientados a gobernar la seguridad desde perspectivas alternativas. En otras palabras, por la búsqueda de nuevas formas de manejar las violencias bajo concepciones de seguridad que van más allá de lo meramente militar y policial, como es el caso de la seguridad ciudadana.

La investigación tuvo la pretensión de verificar el tránsito de seguridad del Estado a seguridad ciudadana en Colombia durante el periodo 1991 - 2013, mediante la identificación y caracterización de los referenciales contenidos en las principales políticas gubernamentales de orden nacional, para la elaboración de recomendaciones de política pública en materia de seguridad ciudadana.  

Atendiendo al enfoque teórico de Pierre Muller -análisis interpretativista originado en la Escuela Francesa de Políticas Públicas y que se centra en la dimensión cognitiva de las políticas para comprender su origen o cambio- se encontró que la definición de políticas de seguridad ha dependido estrechamente de la percepción de lo que un actor considera “riesgo, problema o amenaza principal”.  El referencial de seguridad se ha construido o reconstruido, según sea el caso, de acuerdo con un referencial global “supranacional” que responde a lógicas de seguridad del Estado, ampliamente difundidas por diferentes gobiernos.  

Si bien, entre 1991 y 2013 la agenda de seguridad ciudadana fue incluida en el accionar estatal de orden nacional y subnacional (paradójicamente en mayor medida en las ciudades que en el nivel nacional), se trató, en definitiva, de un advenimiento gradual que no corresponde a un cambio absoluto de valores que posibiliten un paso indiscutible de seguridad del Estado a seguridad ciudadana.  En consecuencia, es posible afirmar que el enfoque de seguridad ciudadana implementado en Colombia durante los últimos 20 años presenta una serie de falencias que ponen en entredicho un genuino y completo tránsito de una visión de seguridad del Estado a otra de seguridad ciudadana:

1. Limitaciones en la diferenciación de roles y funciones entre fuerzas armadas del Estado (Militares y Policía Nacional).

2. Debilidades en el trabajo mancomunado y corresponsable con las autoridades locales para mantener las condiciones de seguridad ciudadana.

3. Deficiencias en el aparato institucional para la gestión nacional de la seguridad ciudadana, expresadas en fallos en el sistema de justicia.

4. Tratamiento poco integral de la prevención que se puede constatar a través del enfoque reactivo adoptado para atender y prevenir el delito.

5. Ausencia de un enfoque de intervención rural.

6. Inexistencia de un concurso decidido de la ciudadanía, más allá de su reconocimiento formal.

Aplicando el enfoque de análisis referencial puede decirse que la definición de políticas de seguridad en Colombia corresponde al universo cognitivo de un mediador, actor o corredor de política que, con base a sus valores (manera de ver), normas (manera de hacer), imágenes (lo que debe ser) y algoritmos (fórmula para); posicionar una idea como problema central, promueve su incorporación en la agenda pública para, finalmente, lograr la formulación de una iniciativa del Estado en la materia. De esta manera se corrobora que los marcos referenciales de seguridad, acuñando a innumerables concepciones subjetivas de seguridad, surgen de “marcos políticos” que buscan mantener vigentes ciertos intereses, perpetuar el poder o conservar un orden mundial establecido o por establecerse.

De acuerdo con el periodo estudiado, la emergencia gradual del referencial de seguridad ciudadana se evidencia a partir de la introducción de ideas orientadas en la necesidad de gobernar la seguridad desde perspectivas alternativas. De acuerdo con la revisión de cuarenta y ocho (48) tipos documentales para el periodo de análisis establecido (1991 – 2013), podría decirse que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos fue el que más acercamiento tuvo a nuevas prácticas gubernamentales en la materia, concentradas en la formulación de una política pública nacional y la adecuación de la arquitectura estatal existente. Sin embargo, gobiernos anteriores como los de Gaviria, Samper y Pastrana, unos en mayor medida que otros, fueron los que sentaron las bases para la emergencia del referencial partiendo de formulaciones enfocadas en adelantar reformas administrativas y desarrollar planes o estrategias de entidades.

De otro lado, puede observarse que la política de seguridad ciudadana expresada en instrumentos normativos diferenciados ha estado aislada de otras políticas como la criminal o la social, por ende, los esfuerzos estatales se han atomizado imposibilitando impactos en problemas estructurales generadores de violencias. Lo anterior evidencia dos tendencias importantes en el manejo de la seguridad en el país: 1.  Concentrarse en el componente duro de la seguridad ciudadana (sanción, privación de la libertad, control policivo, contención y cero tolerancia a la infracción) pero no trabajar desde la integralidad que la misma requiere (prevención, intersectorialidad, multicausalidad del crimen),  y 2.  Diseñar intervenciones sin reconocer la heterogeneidad social, cultural, política, económica del territorio nacional lo que ha desencadenado pocos acuerdos sociales y la vulneración de ciertos derechos y libertades públicas.