El abogado y doctor en derecho, Carlos Gnecco, indicó que el Derecho a la Ciudad consiste en participar, permanecer y pertenecer en la ciudad. “Esta fue una idea planteada por Henri Lefebvre, en 1968, en Francia y se desarrolló en América Latina. El Derecho a la Ciudad es el derecho a estar en la centralidad y no ser expulsados de la forma urbana, ni ideológica ni materialmente. Es un concepto que hoy ha sido reconocido por la nueva agenda urbana en el ODS 11. Además, el POT de Bogotá incluye como principios orientadores el Derecho a la Ciudad”.

Por su parte, el doctor en Historia, Fernando Rojas Parra, aseguró que es llamativo poner como derecho la posibilidad de vivir, habitar y disfrutar la ciudad. “Esto se debe a que en una ciudad hay muchas visiones y posibilidades de desarrollarse. Tuvimos que llevarla a un concepto superior para darle universalidad, para que las personas que están en ella lo puedan hacer en las mejores condiciones. Al mismo tiempo, pone como principio fundamental el hecho de que el Estado sea el encargado de construir el camino, generar las herramientas y marcar las condiciones, frente a la cual todas las fuerzas presentes en la ciudad apunten a garantizar los derechos de los habitantes”.

Para el caso de Bogotá, la Secretaria Distrital de Planeación, María Mercedes Jaramillo, explicó cómo se entiende ese concepto de Derecho a la Ciudad desde el gobierno local. “Este derecho se puede resumir en tres items. El primero, es vivir dignamente, por eso el POT se ocupa de las condiciones para generar un entorno habitable para todas y todos. El segundo, es acceder a oportunidades de ingreso y empleos formales. El tercero, es ser y poder ser en la ciudad y eso implica territorializar el sistema distrital de cuidado”.

A su turno, el director de Bogotá Cómo Vamos, Felipe Mariño, señaló que hay dos componentes fundamentales en el Derecho a la Ciudad. “El primero es la temporalidad que ofrece, porque debemos pensar las urbes desde el pasado y el presente para proyectarlas al futuro. La segunda, es mirar cómo se alinean estas ideas a las agendas del desarrollo urbano sostenible”  

Derecho a la vivienda en la ciudad

El tema de la gentrificación es un elemento muy importante para garantizar el Derecho a la Ciudad, por ende, la vivienda debe ser entendida como algo necesario para el bienestar de los ciudadanos y no como un producto de consumo.

Para Gnecco, hay tres aspectos a tener en cuenta al hora de intervenir la ciudad en términos de vivienda. “El primero es la renovación urbana que se da en ciertos sectores como el Bronx o San Bernardo donde se hicieron intervenciones sacando a los habitantes, en su mayoría en situación de calle, para traer unos pobladores con mejores condiciones económicas. El segundo, es ver la vivienda como un tema de especulación inmobiliaria y el tercero se refiere a las personas que utilizan su inmueble para arrendarlo por un tiempo limitado, conocidos como los Airbnb”.

Para Jaramillo, la propuesta de POT se propone  incluir unas condiciones de mejor urbanismo y mayor habitabilidad a las viviendas que se producen.

¿Ciudad de 30 minutos?

La vivienda solo es uno de los elementos para garantizar el bienestar de las personas. Hay otros como los desplazamientos cortos y confortables, sumado al acceso a bienes y servicios cercanos a los lugares de hábitat. Una de las propuestas para mejorar son las ciudades de 15, 20 o 30 minutos. En el caso de Bogotá ¿es viable una ciudad de 30 minutos?

Para Mariño una ciudad de 30 minutos plantea unas tensiones en términos de la calidad de vida y de cómo se está viviendo en la ciudad. “El POT plantea una densificación de la ciudad, con el objetivo de producir estos centros de los cuales parte la idea de la ciudad de 30 minutos, es decir, que podamos tener en varios lugares de la ciudad este sitio donde se ofrecen todos los bienes y servicios”.

“Es muy valioso acercarles a las personas la oferta de vivienda, empleo, salud, recreación, cultura y educación, para mejorarles las condiciones de vida. Ahora, el desafío  fundamental es cómo sobre la marcha transformamos una ciudad que tiene un desarrollo y que podamos tener los instrumentos necesarios para poder incentivar a que el mercado, las empresas y la educación logren ir del lugar dónde están a buscar a la población”, acotó Rojas.     

Retos del POT de Bogotá a luz del Derecho a la Ciudad 

Para la Secretaría Jaramillo se debe tener en cuenta que Bogotá es una ciudad muy grande, de ocho millones de habitantes, que en su primer POT exploró la idea de la ciudad policéntrica. 

“El plan, que hoy sigue vigente, trató de equilibrar la ciudad en nuevas centralidades, pero no dio las herramientas de planeación y gestión para completarlas. En estos 20 años, Bogotá sólo ha confirmado las tendencias de segregación socio-espacial, que son las tendencias del mercado incapaz de producir viviendas de interés social en las zonas centrales y empleo formal en las áreas periféricas. La apuesta no es por la ciudad de 30 minutos sino por 30 ciudades y tres ruralidades de 30 minutos, en una región metropolitana”, recalcó Jaramillo. 

En ese sentido, Gnecco consideró que el mayor reto es consolidar estas 30 ciudades y desarrollar nuevas figuras orientadas al transporte y retornar los conceptos de mezcla de usos de suelo de Jane Jacobs, la centralidad de Lefebvre y fortalecer la apuesta ambiental.

El historiador Rojas consideró que son tres retos fundamentales: El primero es hacer realidad todo lo que está planteando en el POT. El  segundo es incluir en esta propuesta a sectores que hacen resistencia y que sienten que el POT no responde a sus necesidades. El tercero es lograr que la ciudadanía lo conozca y lo entienda para que no quede a merced de los políticos de turno, si no que sea una carta de navegación de la ciudad en la que todos podamos ayudar.

Por último, Mariño concluyó que desde Bogotá Cómo Vamos y sus aliados consideran que el gran reto de las políticas públicas y los escenarios de planeación es impactar en la creación de un nuevo sentido común que se ajuste a los retos urbanos que presentan Bogotá y las ciudades en términos generales, relacionados con la justicia social, la desigualdad, la inclusión, el despojo, la segregación socio-espacial y la degradación ambiental.