Juan Carlos Buitrago*

De acuerdo con los resultados de la encuesta de Pulso Social realizada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane),  los habitantes de Riohacha, La Guajira, son quienes se sienten más inseguros en las noches caminando por su lugar de residencia, con un 60,4% le siguen Quibdó y Chocó, con 49,8%;  Tunja y Boyacá, con 46,4%; el área metropolitana de Cúcuta y Norte de Santander, con 45,8%; y Popayán y Cauca, con 43,9%. ¿En su concepto esta situación obedece a un problema solo de percepción ciudadana? Bogotá, Bucaramanga y Cali, son ciudades con altos índices de hurtos. ¿Qué diferencias en el tratamiento de la política de seguridad debería adoptarse en virtud de las diferencias de contexto de cada ciudad? 

Evidentemente no obedece a un asunto exclusivo de percepción de inseguridad. Estamos, con índices históricos del 94% donde la sociedad aprecia que hay un empeoramiento de la inseguridad. Aunque hubo una reducción nacional en un 13% del total de delitos, aumentaron los hurtos y homicidios, hecho que impacta directamente la tranquilidad y convivencia del ciudadano y de las comunidades.

La principal incidencia en el incremento del hurto en estas ciudades se debe a la migración venezolana. Son más de 8 mil personas del vecino país capturadas este año por estar involucradas en acciones delincuenciales especialmente robos en Cali, Bogotá y Bucaramanga, ciudades más afectadas y con mayor problemática migratoria. 

En mi opinión, es urgente aunar mayores y mejores esfuerzos entre Migración, Policía y gobiernos locales para administrar efectivamente este fenómeno y anticiparse con programas de prevención y respuesta a una problemática que preocupa y es creciente. Del mismo modo, se ha formulado la iniciativa de crear un Comando Nacional interagencias para combatir integral y frontalmente el hurto en todas sus modalidades.

Este año Colombia ha afrontado ataques de grupos armados y al margen de la ley y uno de ellos es el clan del Golfo, el cual realizó un paro armado. ¿Cómo afectan estos enfrentamientos a los asentamientos urbanos y qué relaciones existen entre ellos y la criminalidad urbana?

La violencia se engendra en las zonas donde se gestan las economías criminales como Bajo Cauca, Urabá, Tumaco, Catatumbo y Arauca, ubicados en zonas fronterizas y con marcada influencia del Clan del Golfo, las disidencias, las FARC /Nueva Marquetalia y el ELN. Todos estos ubicados en zonas fronterizas, concentran la producción de más de 700 toneladas de cocaína y se financian igualmente de la minería ilegal. No existe duda que la violencia y criminalidad que hoy afecta a las ciudades es efecto dominó de las operaciones ilegales que caracterizan estos territorios.

A lo largo del gobierno actual se han adelantado una serie de modificaciones a la política de seguridad, entre ellas, algunas reformas a la Policía Nacional. ¿Qué reformas de relevancia se han desarrollado y, en su concepto, cuáles hace falta impulsar? 

Han sido importantes los esfuerzos realizados en materia de transformación profesional de la Policía. Sin embargo, subsisten problemas de gobernanza, de articulación e integración de recursos, procesos técnicos y operativos entre la política criminal y de seguridad pública en una hoja de ruta común, eso no existe. Por otro lado, es necesario evitar la excesiva influencia política de los gobernantes en la conducción operativa de las fuerzas. También se debe distanciar la gestión territorial de la seguridad de intereses ideológicos partidistas, como ocurre en la actualidad en Cali, Bogotá, Medellín y Santa Marta, por ejemplo.

¿Cuáles son los principales retos que tendrá que enfrentar el próximo gobierno nacional en materia de seguridad ciudadana y cómo deberá articularse con los gobiernos locales? 

Evidenciamos un próximo gobierno que no tiene la seguridad en su agenda primaria para gobernar. 

El enfoque de seguridad humana que nos ofrecen está manipulado con fines claramente populistas. Privilegiar la prevención, que es muy importante y necesario, disminuyendo la capacidad de las fuerzas para combatir el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado, no solo es ingenuo, sino que puede conllevar una captura del Estado por parte de estas amenazas. 

El gran desafío para el próximo gobierno, es evitar que el volcán de la inseguridad, la criminalidad y la violencia haga erupción, estamos en un hervidero de inconformismo social, tal y como lo está afrontando Chile. Si no prevalece el ejercicio de la autoridad habrá problemas estructurales de gobernabilidad. El próximo gobernante debe construir sobre los esfuerzos que por más de 20 años ha realizado Colombia en esta materia, incluyendo los asuntos de Seguridad Nacional y Seguridad de Estado, donde se requiere fortalecer la Inteligencia y crear una Fuerza de Fronteras.