Para Andrés Nieto, profesor universitario e investigador en seguridad ciudadana, hay que diferenciar la seguridad ciudadana de la nacional y la defensa. Un primer punto negativo de la nueva norma es que a pesar de que se llama ley de seguridad ciudadana se centra en lineamientos y posibilidades punitivas, dejando de lado la política pública.  

El profesor Nieto consideró que son tres puntos de debate. “El primero se refiere a la legítima defensa que ya no estaría en la persona sino en el bien jurídico. El segundo está ligado a las protestas y al uso de las capuchas, sin embargo, involucrar el tema de la movilización social únicamente en el espectro de la seguridad es un error, porque desconoce los derechos humanos. El tercero, se refiere a la reincidencia. La pregunta es si esto no debe estar ligado a procesos de reforma judicial”. 

Según Jerónimo Castillo, director de Seguridad y Política Criminal de la Fundación Ideas para la Paz, el concepto de seguridad ciudadana está vulnerado en la medida que obedece a la protección de los derechos de los ciudadanos frente a la actividad delictiva, pero no al abuso del Estado. “La exposición de motivos se enmarca en un tema de control de la protesta social y del vandalismo que se generó, pero desconoce que esa violencia también se produjo por parte de las autoridades. La ley no tiene una buena conceptualización del fenómeno que intenta abordar”. 

Puntos de debate de la ley

Sobre la legítima defensa hay un punto polémico que es la inimputabilidad por diversidad cultural que va claramente dirigida a los manifestantes de la minga. “Otro ítem conflictivo es la idea de instigación a delinquir, pero es peligrosa porque cualquier expresión podría ser una instigación. Hay un aspecto de ciudadanos buenos versus malos, que ronda toda la ley. Este es uno de sus defectos” afirmó Castillo.

Por otra parte, se aborda el tema de las armas. Se equiparan las traumáticas con las de fuego y se desconoce un negocio que se ha venido desarrollando al amparo del Estado. El tercer punto, se refiere a capturas, cárceles y reincidencia. En ella se aumentan las penas, se establecen que algunos sindicados no pueden aspirar a una condena extramural y se habla de los reincidentes. “Hay una idea buena que es discriminar los centros de detención entre las personas que han cometido delitos y los de traslado por protección. Pero la pregunta es si los municipios son los que van a invertir y quién pone el personal. La ley abre la posibilidad para que el sector privado construya y la guardia quede en manos del INPEC” aclaró Castillo.

Según el investigador de la Fundación Ideas para la Paz el espíritu de la ley es de carácter policial. “Se reconocen descuentos del 15% en tiquetes y hoteles para funcionarios de la policía y la fuerza pública, dejando de lado a los otros funcionarios del Estado. Esto, que parece un mal chiste, solo muestra el espíritu de la ley; elevar el carácter policivo del Estado por encima del carácter civil”.

Incidencia en la política penitenciaria y carcelaria 

La seguridad debe estar ligada a los sistemas de justicia, penal y carcelario. “Hay que revisar las cargas laborales, porque hace 15 años se producían 2.150 sentencias diarias. Hoy, casi con la misma planta de personal, se tienen que atender seis veces más de casos. Eso quiere decir que faltan herramientas y recursos para que el sistema judicial pueda funcionar” aseveró Nieto.

De acuerdo con el profesor universitario de cada 100 pesos que anualmente pide el Consejo Superior para la Judicatura, el Ministerio de Hacienda solo aprueba 60, es decir, el 40% de las necesidades se quedan sin cubrir. Por otro lado, el estándar internacional de jueces y fiscales dice que por cada cien mil habitantes deben haber 65 jueces y hoy Colombia no supera los 11 por cada cien mil. “De nada sirve una policía mejor preparada con altas posibilidades de captura si luego en la rama de justicia no hay una acción y el sistema carcelario es deficiente porque no cuenta con logística. Esto terminaría siendo populismo punitivo”.

Las estadísticas del INPEC dicen que 98.100 recursos están distribuídos en 82.000 cupos, lo que equivale a un hacinamiento del 19%. Este indicador bajó en la pandemia por las diferentes medidas que se tomaron, pero no se solucionó el problema  Ante este panorama es hora de proponer y decirles a los candidatos que se necesita  reformar el INPEC, crear una política nacional carcelaria, contemplar un presupuesto para infraestructuras para el Consejo Superior de la Judicatura y tener un sistema judicial que requiere atención y apoyo a todos sus miembros, entre otras.     

Seguridad ciudadana en la agenda electoral

Este año se llevarán a cabo elecciones presidenciales y al Congreso de la República. El tema de la seguridad es uno de los que debería estar presente en la agenda de los candidatos. No obstante, el analista Nieto consideró que lo primero es darle una mirada distinta a la seguridad y distinguir entre la seguridad urbana y la rural, porque ambas son importantes pero no se pueden abordar de la misma manera.

“El problema de mezclar todo es que no existe una solución mágica que permita atacar tanto a la delincuencia organizada, guerrillas y bacrim y a la vez combatir los hurtos en las ciudades  Se esperaba que esta política de seguridad fuera una posibilidad de pensar la seguridad ciudadana desde la prevención” señaló Nieto.

Los aspirantes deberían tener en cuenta cinco aspectos. “Poner la seguridad en su lugar, crear una política de homicidios, discriminar delitos y entender que el país no es homogéneo y por lo tanto necesita de políticas diferenciales”. concluyó Castillo.