María Cristina Nieto Alarcón*

Este texto, a partir de una revisión documental, reflexiona sobre las nuevas formas de abordar la política que no se anuncian desde la división clásica del Estado - sociedad civil, sino que descentraliza la actividad política en múltiples actores y diversos campos; entre ellos la ciudad y el espacio público. 

En el mes de septiembre de 2020 el distrito capital, en el marco de la reactivación económica para atender el sector gastronómico afectado por la pandemia del COVID-19, lanza la estrategia “Bogotá a cielo abierto¹” que tenía como objetivo que restaurantes, cafés, cafeterías y gastrobares ofrecieran el servicio de mesa en el espacio público; todo ello amparado en el Decreto 193 de 2020. Si bien esta propuesta parece razonable en el marco de las condiciones de distanciamiento y ventilación necesarias para evitar la propagación del virus SARS-Cov-2; los resultados de su implementación no están libres de controversia. Así por ejemplo, en redes sociales se documentó cómo dicha utilización del espacio público implicó la limitación de la movilidad y el disfrute de las calles por parte de las y los bogotanos y en algunos casos se identificaron actos de aporofobia y xenofobia². 

Estas tensiones permiten evidenciar por qué el uso del espacio público es un escenario de disputa, que desde el posestructuralismo, se puede analizar desde una perspectiva política; en tanto se configuran relaciones de poder;  tal y como fue desarrollado en la investigación Espacio público y gubernamentalidad. Revisión de la normatividad colombiana 1887-2009 que hace parte de la Revista Ciudades, Estados y Política Volumen 4 (3) del año 2017, del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. 

Dicho documento partió de la premisa presentada por el filósofo Jacques Rancière (1996)³ quien plantea que la “actividad política es la que desplaza a un cuerpo del lugar que le estaba asignado o cambia el destino de lugar, hace ver lo que no tenía razón para ser visto, convierte en discurso lo que no era más que ruido”, es “la partición de los que no tienen parte”. Para el contexto en particular, la tensión aparece cuando se considera que hay “ocupaciones” del espacio público que son legítimas y otras no y cómo se genera todo un aparato discursivo que sustenta una u otras posiciones. En este sentido, la ocupación legítima se valida en tanto permite la reactivación económica, posibilita el consumo, se puede realizar de forma ordenada y se despliegan formas de control. En contraste, la ocupación no legítima evoca el desorden, la suciedad, el deambule y no aporta al “progreso económico”.

Con ello, la propuesta de una ciudad racional, ordenada, administrable, dispuesta para el ciudadano moderno —lo que Santiago Castro-Gómez ha definido como la producción del homo urbano que a su vez es en soporte del homo economicus ⁴—, fracasa ante la irrupción de quienes son considerados que “no tiene parte” tales como los vendedores informales, habitantes de calle, habitantes en calle, entre otros. 

Y es en esta irrupción, donde se puede rastrear la actividad política que descentra al Estado como actor principal de la misma y la distribuye en distintos actores, que despliegan sus propias estrategias políticas y  permiten nuevas configuraciones discursivas. Así, a través de la apropiación de conceptos de la democracia liberal moderna -el derecho, la ciudadanía, la participación- grupos de interés pueden negociar directamente con el aparato del Estado para ganar visibilidad y ser considerados sujetos de derechos, tal y como sucedió con las y los vendedores informales; quienes a través del activismo jurídico de la Corte Constitucional, invocando el derecho al mínimo vital, impidieron que las autoridades locales los desalojaron del espacio público. Esto en general, es lo que autores como Chatterjee⁵ Se han definido como sociedad política, donde el Estado responde a las demandas de poblaciones fragmentadas a través de la negociación directa.  

Ahora bien, este péndulo de la prohibición y la regulación, lo legítimo y lo ilegítimo, reconfigura los discursos sobre la ciudad y el espacio público, ampliando los temas y objetos que hacen parte de dichas discusiones. Así por ejemplo se trae a colación la tensión entre el disfrute de lo colectivo y el interés individual; los derechos constitucionales al trabajo y el espacio público; el urbanismo y la seguridad frente al desorden y delincuencia; que hoy continúan vigentes a pesar de los múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional y que, en el caso particular de la ventas informales, entraron en la lógica de la regulación del Estado —a través de su definición, caracterización y firma de acuerdo para “ser buenos ocupantes” del espacio público—. 

Finalmente, es preciso mencionar que la investigación relacionada en este texto, usó como metodología el análisis histórico discursivo para lo cual realizó un revisión documental de leyes, decretos, sentencias de la Corte Constitucional, planes de ordenamiento territorial de la ciudad de Bogotá, acuerdos distritales, decretos distritales, actas del Concejo del Distrito Capital y la revisión de las noticias publicadas en el periódico El Tiempo —versión en línea— relacionadas con el desalojo del sector de San Victorino; todo ello con el objetivo de identificar las transformaciones discursivas presentes en las normas que regulan el espacio público, al tiempo que se establecieron sus giros como producto de la ocupación realizada por los vendedores informales, quienes en algunos lapsos normativos no eran siquiera considerados como ocupantes ilegítimos del espacio público.

Si usted desea más información sobre esta temática puede consultar el artículo "Espacio público y gubernamentalidad. Revisión de la normatividad colombiana 1887-2009”. Para tales efectos, ingrese a https://revistas.unal.edu.co/index.php/revcep/article/view/56894