A finales de los años 70 se funda el barrio Manantial, sus habitantes, principalmente trabajadores de las ladrilleras ubicadas en los Cerros Orientales de la ciudad, fueron estafados por tierreros que con la promesa de construir una urbanización vendieron lotes a las familias interesadas en poblar esta parte de la ciudad (Rico, 2011). A pesar del fraude, quienes residían en el sector decidieron quedarse, construir su hábitat en los terrenos adquiridos, generar lazos sociales y redes de apoyo. Dinámicas en torno al espacio y la cotidianidad que cambiarían con la posterior declaratoria de riesgo no mitigable.

En 1999 la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias (DPAE) de la Secretaría de Gobierno, mediante el Concepto Técnico 3121, identificó que el barrio Manantial, ubicado en la parte alta de la Localidad de San Cristóbal, se encontraba en una zona riesgo no mitigable por posible remoción en masa. Como parte de las recomendaciones emitidas, se sugirió incluir en el programa de reasentamiento a las más de 80 familias que en el momento habitaban el sector. 

Dos años después, los pobladores del barrio recibieron las primeras cartas enviadas por la Administración Distrital, invitándolos a acogerse a la política de reasentamiento. Desde el 2001 varias familias iniciaron el proceso, el cual en su momento fue criticado por el direccionamiento hacia proyectos inmobiliarios que no se relacionaban con las necesidades habitacionales de la población.

Años después, mediante el Fallo del 29 de septiembre de 2006, el Tribunal de Cundinamarca ordenó a las entidades distritales recuperar la Reserva Forestal del Bosque Oriental, dictaminando que las poblaciones encontradas en zonas de riesgo no mitigable debían ser trasladadas, por lo que se continúa con la implementación de los programas de reasentamiento. 

La decisión administrativa se ratifica con el fallo del Consejo de Estado del 5 de noviembre de 2013, que ordena al Gobierno Distrital analizar la posibilidad de legalizar los barrios ubicados en la Franja de Adecuación, entre ellos el barrio Manantial. En este contexto, la Secretaría Distrital de Planeación, mediante la Resolución 1566 del 18 de diciembre de 2015, ratificó la declaratoria de riesgo no mitigable, negando la posibilidad de entrar en el proceso de legalización y precisando que para las 745 personas que se encontraban en el barrio se debía implementar la reubicación. 

No obstante, a pesar de las probabilidades de un desastre natural y la imposibilidad del Estado de llevar equipamientos y servicios públicos al sector por la condición de riesgo que impide su legalización, varias familias permanecen en el territorio. 

Las personas que continúan allí han pugnando con las autoridades distritales por los términos técnicos en los que se establece la definición del riesgo no mitigable y por la forma en que se implementa la política de reasentamiento. En su concepto, ésta se enfoca únicamente en el traslado de personas, ignorando que el proceso completo de reasentamiento no se refiere únicamente al cambio de vivienda, sino también al restablecimiento de redes sociales y económicas (Gómez, Martínez, & Vásquez, 2018 ). Como lo resalta Robles (2007) “en la gran mayoría de los casos, estos procesos institucionales de reubicación se caracterizan por una falta de integración de los conceptos ‘hábitat’, ‘vulnerabilidad’, ‘desarrollo’ y ‘sostenibilidad”.

Los habitantes del barrio Manantial identifican que este proceso implica la revictimización hacia quienes han construido su hábitat desde las dinámicas de la informalidad, además mencionan que las alternativas que proponen como una solución diferente a la reubicación no son tenidas en cuenta. 

Las tensiones entre la Administración Distrital y los habitantes del barrio aumentan, ya que se ve que a pocos metros del lugar se ha iniciado la construcción de edificaciones de viviendas de interés social y prioritario, y se presentan legalizaciones de otros barrios aledaños.

Como producto de las decisiones administrativas, la comunidad del barrio Manantial se ha organizado en torno a la propuesta de ecobarrio, buscando construir concertadamente entre el Gobierno y la comunidad escenarios de interlocución, que permitan identificar alternativas en la prevención del riesgo y resignificar la idea de hábitat desde su construcción social, la productividad económica y el relacionamiento con la naturaleza (Álvarez, 2010).

En este proceso organizativo, se ha logrado incentivar la intervención estatal en territorios específicos, como las medidas de amortiguamiento para los deslizamientos, la limpieza del retamo espinoso y la consolidación del Nodo de Biodiversidad en las ruinas del barrio Corinto, estableciendo allí un espacio de memoria colectiva. 

De igual manera, la comunidad ha implementado formas de construcción sostenible, tanto de las viviendas como de los espacios comunes, e incluso, con el apoyo de universidades y organizaciones no gubernamentales, han realizado sus propios diagnósticos para demostrar que en el sector el riesgo puede ser mitigado. Con estos insumos, la comunidad ha propuesto alternativas que pueden ser integradas al programa de reasentamiento, como la reubicación en el mismo espacio o el traslado temporal mientras se implementan medidas de mitigación.

Para los líderes y lideresas del barrio, atender estas perspectivas alternativas posibilitaría al Estado entrar al territorio con la oferta institucional que por años no se ha presentado en este espacio de origen informal. De igual manera, se protegerían los lazos comunitarios establecidos en años de construcción colectiva del territorio. 

Examinar a profundidad los planteamientos del ecobarrio sería una oportunidad para darle un giro a la perspectiva desde la cual se implementa la política de reasentamiento. Con la intención de perfeccionar la gestión urbana, este tipo de procesos han demostrado que quienes han habitado sus territorios tienen aportes de sumo valor que podrían ser revisados e integrados en la toma de decisiones frente a medidas tan complejas como lo es la gestión del riego.

Bibliografía

Álvarez, H. (2010). Pensando en Ecobarrios. Bogotá: CINEP.

Gómez, M., Martínez, H., & Vásquez, J. (2018 ). Gestión del riesgo en Colombia. Derechos humanos en procesos de reasentamiento de población vulnerable. Medellín: Universidad Autónoma Latinoamericana.

Rico, G. P. (2011). Discurso y poder en la construcción del hábitat. Bitácora Urbano Territorial, 123-137.

Robles Joya, S. (2007). Impactos del reasentamiento por vulnerabilidad en áreas de alto riesgo. 1991-2005. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.