Para que exista un adecuado crecimiento del entramado urbano no es suficiente con que exista un sistema institucional y normativo claro y transparente, que regule el ordenamiento del territorio. Es necesario asegurar el cabal cumplimiento de las normas urbanas con tareas de control y vigilancia efectivas. 

Ante este planteamiento el doctor en derecho Leonardo Niño, expresidente del Consejo de Justicia de Bogotá, explicó que el control urbano es uno de los elementos más importantes para el desarrollo de las ciudades. “Es aquella verificación de requisitos de cumplimiento de las normas para poder construir o ejecutar proyectos en las urbes. Ese control se basa en la verificación de que lo construido haya sido previamente licenciado y que la realidad coincida con los planteamientos jurídicos”, resaltó Niño.

Control urbanístico y funciones policiales  

El profesor del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, (IEU), Diego Peña, preguntó sobre la relación entre el control urbanístico y las funciones de la policía, teniendo en cuenta esta definición planteada por el doctor Niño.

A este cuestionamiento, Melquisedec Bernal, estudiante de la Maestría en Gobierno Urbano del IEU, respondió que el control urbanístico es una función de los entes públicos, en cabeza de los entes territoriales que tiene como propósito la protección de unos bienes comunes como son el ordenamiento físico y el tratamiento del suelo. “Es allí donde aparece una primera relación del control urbanístico y el poder de policía”.

El profesor Peña aclaró que se tiende a pensar que la función de policía se limita a la labor que cumple el cuerpo uniformado en las calles y que impone comparendos. Sin embargo existen otros niveles de autoridad en la institución para el caso de control urbanístico.

“En primer lugar, los comportamientos contrarios al orden urbanístico son de exclusivo conocimiento, en primera instancia, de los inspectores de policía en el caso de Bogotá y en el orden nacional. En segunda instancia, es competencia de la autoridad especial de policía o del alcalde según sea el municipio. Es decir, no existe comparendo por incurrir en cualquiera de los comportamientos contrarios a la convivencia que tengan que ver con el orden urbanístico”, aseguró Niño.

Importancia del control urbano para las ciudades

Hay que tener en cuenta un elemento físico, es decir, el territorio que requiere de un control que permita hacer efectiva la función de policía, planteada en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Por otra lado, están las implicaciones que podría tener el no contar con un control urbanístico de manera permanente sobre la ciudad.

“Se puede decir que antes del 28 de enero de 2017 teníamos unas normas y después de esa fecha tenemos otras, que son asumidas por los inspectores de policía. Hoy están clasificadas de manera muy amplia como violación al régimen del uso del suelo, al tema de obras y por la inadecuada ocupación del espacio público”, acotó Bernal.

Aunque la norma puede ser clara, en la práctica se observa que en varias ciudades los niveles de informalidad son altos y las construcciones no cumplen con estas características, aseguró el profesor Peña. 

Hasta hace unos años el control, en segunda instancia lo ejercía el  Consejo de Justicia de Bogotá . El doctor Niño, quien fue presidente de esta institución. señaló que “Existen varios problemas y uno es la falta de posibilidades reales de adquisición de la tierra en términos formales, que generan una serie de desarrollos sublegales. Parte de la norma urbana fue creada de lo que se llama, hoy en día, las líneas decisionales del Consejo”.  

Retos del control urbanístico

A partir de los planteamientos del doctor Niño, el profesor Peña consideró que existen tres retos. Uno primero, en términos normativos, en ciudades como Bogotá donde el Código de Policía se encuentra desactualizado de acuerdo con los últimos cambios legislativos para la región y el nuevo POT. El segundo, la capacidad institucional que tienen los inspectores de policía para responder a los desafíos que impone esta discusión. Y el tercero, las acciones a tomar frente al fenómeno de la ocupación informal de tierras, que tienen que ver con las políticas públicas.

Para el doctor Bernal, es necesario pensar el control urbanístico en términos de la población, de la organización del territorio, es decir, las 20 localidades de Bogotá y la redistribución que propone el POT y ver la relación del gobierno y el espacio de la ciudad. “Eso daría como resultado entender la capacidad que tiene la administración de la ciudad en términos de darle respuesta a las problemáticas referidas al desarrollo urbano y la capacidad político administrativa de la ciudad”, aseguró Bernal.

Finalmente Niño consideró que sí hay avances en el tema, pero infortunadamente las instituciones no van a la velocidad que se necesita. “El Consejo de Justicia dejó una visión no sancionatoria sino correctiva, que permitió líneas decisionales en términos del restablecimiento del orden urbanístico y las cuales fueron planteadas en el nuevo código. Pero hay que mejorar en la evaluación sobre la segunda instancia, porque puede generar conflicto de intereses”, concluyó Niño.