A partir de la Ley 1523 de 2012, Colombia cuenta con un Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. En el territorio los responsables de implementar la gestión del riesgo son los consejos municipales y departamentales y a nivel país, el Consejo Nacional. 

El profesor de la Universidad EAFIT, Marco Gamboa, afirma que “es importante entender que la gestión del riesgo no es responsabilidad de un área que solamente cuando hay emergencia se articula; la gestión del riesgo, tal como lo señala la ley, es un tema social, y eso es lo que hay que transmitir a los funcionarios municipales y a la comunidad”. 

El aumento de las precipitaciones tiene en alerta a varios municipios del país. De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entre el 1 y el 13 de septiembre se tienen registrados 59 eventos en 53 municipios de 18 departamentos, lo que ha afectado a 6.037 familias, como consecuencia de movimientos en masa (19), inundaciones (18), vendavales (11), temporales (7) y avenidas torrenciales (4). Antioquia, Norte de Santander, Cauca, Córdoba, Huila, Tolima, Bolívar y Sucre son los departamentos con mayores impactos por las lluvias. 

Lo más preocupante es que este reporte se consolidó antes de que oficialmente se considerara el inicio de la segunda temporada de lluvias en el país. Según el IDEAM, las lluvias entre octubre y noviembre llegarán hasta un 40% por encima de los volúmenes normales históricos de la época, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacifico.

Frente a este panorama, la pregunta es qué tanto se han preparado las entidades territoriales para enfrentar esta amenaza de riesgos de desastres y cuál ha sido su avance en la integración de la gestión del riesgo en el ordenamiento territorial. 

Gestión del riesgo en el ordenamiento territorial

El profesor Gamboa explica que un avance muy importante para el país fue la expedición del Decreto 1807 de 2014, compilado en el Decreto 1077 de 2015, que establece las condiciones y escalas de detalle para incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de los contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial. 

“Antes de esto había una anarquía por parte de las autoridades ambientales en los estudios que se debían presentar, porque cada una de las entidades tenía estándares diferentes de cómo mostrar la información; anarquía en los consultores que presentaban cualquier cosa y en los municipios que no sabían qué incluir en la gestión del riesgo”, señala.

Pero el Decreto por sí solo no es suficiente, el reto fundamental ha sido implementarlo efectivamente en los procesos de revisión de los planes de ordenamiento territorial. Los POT, mediante estudios básicos, identifican las zonas de amenaza, pero una vez se implemente deben realizarse estudios de detalle que permitan determinar si el lugar tiene un nivel alto, medio o bajo de riesgo, si este es mitigable o no y qué obras se requieren.

“Ahí es donde los municipios tienen las mayores falencias en términos de los recursos que se necesitan para los estudios”, manifiesta el académico. 

La otra dificultad que menciona el profesor Gamoba es que los Planes Municipales de Gestión de Riesgo no se están articulando con los planes de ordenamiento territorial. Por lo tanto, la sugerencia es que estos planes “retomen la información que hay en los POT, se actualicen y con esto tengan la posibilidad de mostrar los escenarios de amenazas, vulnerabilidad y riesgo”. 

“Nos estamos articulando únicamente para atender emergencias”

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres hizo un llamado a los gobernadores, alcaldes, coordinadores territoriales de Gestión del Riesgo, entidades miembro del Sistema Nacional y a los sectores, a activar planes de emergencia y contingencia, continuar la implementación de acciones de prevención y mitigación del riesgo y tener actualizadas las Estrategias de Respuesta a Emergencia. Es decir, a estar alerta ante las amenazas de la segunda temporada de lluvias. 

Esta es la muestra de que “nos estamos articulando únicamente para atender emergencias”, como advierte el profesor Gamboa. 

El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres es una instancia de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento, destinado a garantizar la efectividad y articulación de los procesos de conocimiento, reducción del riesgo y manejo de desastres. Sin embargo, siguen enfocados en este último principio: la atención a la emergencia. 

¿Por qué sucede esto? Por varias razones, una de ellas porque la disponibilidad de recursos de la mayoría de los municipios para la gestión del riesgo es limitada. “Los consejos tal y como funcionan hoy, están creados para atender emergencias, cuando hay una alerta se activan, pero la capacidad de gestionar está limitada por los recursos y por el conocimiento que se tiene del riesgo”, sostiene el profesor de la Universidad EAFIT. 

Otro de los problemas es la integración de la comunidad a los consejos. “No se tiene en cuenta su opinión y conocimiento; no tienen mecanismos de participación. La participación comunitaria en la gestión del riesgo desde la ley y en el quehacer de los consejos es nula”, considera Marco Gamboa. 

Sin desconocer los avances normativos, aún hay retos importantes por atender en la gestión del riesgo de desastres a nivel local. La falta de recursos y capacidades de los municipios y gobernaciones sigue siendo el problema fundamental.