Para el docente Camacho el problema relacionado con esa parte de la ciudad es una cuestión histórica y hay que revisarlo en varios momentos. El primero es en 1954 cuando sin concertación con el entonces municipio de Usme, Bogotá lo anexó a su territorio. El segundo se da en las décadas de los 60 y 70 con el aumento acelerado de la población en Bogotá. Y el tercero en la década de los 80 con la expansión que se dio hacia la zona sur de la capital, especialmente con las urbanizaciones informales.

“Ahora hablamos del borde urbano - rural, que es una categoría de lectura social la cual permite  entender las distintas interacciones que se dan en la zona. Desde la normativa, la interpretación urbano- rural se estableció de una manera más clara con el Acuerdo 06 de 1990 del Concejo de Bogotá, en el cual se definió el uso de los suelos”, señaló Camacho.

Por su parte, Quiñones consideró que en el caso de Usme su función urbano - rural no solo se da en términos de ordenamiento territorial, sino que existen factores sociales, culturales y ambientales que así lo definen. “Usme es una localidad con unas condiciones biofísicas identitarias que se desconocieron cuando se hizo la anexión. Además tiene un acervo indígena y campesino, presente en la cultura de la zona”.

Resiliencia y fenómenos urbanos 

Las interacciones y procesos sociales que se dan en las ciudades transforman los territorios. En Usme se realizaron actividades que muchas veces afectaron su estructura ambiental y cultural. De acuerdo con Quiñones tres hechos han impactado negativamente al territorio: la instalación del Relleno Doña Juana, la práctica y expansión minera, y la pérdida de los recursos naturales y de identidad cultural.

Sin embargo, hay sitios protegidos por su importancia histórica, ambiental y cultural. Los casos más emblemáticos son el Agroparque los Soches y la Hacienda el Carmen, donde se encontraron restos arqueológicos, cuando Metrovivienda en 1999 construía el proyecto Ciudadela Nuevo Usme.

Estos hechos cambiaron la gobernanza de la zona y generaron nuevas interacciones. “A partir de ese momento se dio una nueva manera de gobernar y nuevas  relaciones entre lo público y privado, entre instituciones y la sociedad civil” aseguró Camacho.

Usme y ordenamiento territorial

La construcción de vivienda fue una de las principales acciones tanto del Distrito como de los agentes privados en Usme. No obstante, eso trajo varios conflictos de tipo económico y social, “Cuando comenzaron con la compra de los terrenos a los campesinos para las construcciones de casas y de la Avenida Villavicencio lo hicieron a muy bajo costo, para luego venderlas a un alto precio. Además, se instalaron talleres y estaciones del SITP, generando ruido y otros problemas. Por último, hubo mucho crecimiento urbano ilegal e informal”, afirmó Quiñones.

Los planes de ordenamiento territorial intentaron definir esas zonas urbanas y rurales de la localidad. Pero no se tuvieron en cuenta las necesidades de los habitantes, razón por la cual se han planteado distintas prioridades desde la sociedad civil. 

Con el POT de 2004 se creó una concepción de ordenamiento en la localidad dándole importancia a zonas urbano - rurales de Usme como lo son: Uval, Usme Central, Chiguaza y Requilina. Después, con los planes de construcción de vivienda de interés social o prioritario, junto a la expansión urbana, hubo un desplazamiento del campesino y pérdida de la fuerza rural.

Propuesta de un nuevo POT

Bajo la lógica de la propuesta del POT, Decreto 555 de 2021, actualmente suspendido, se busca disminuir la construcción de viviendas, integrar los patrimonios, definir el suelo rural y mejorar la dotación de equipamientos, indicó Quiñones.

Para el profesor Camacho es relevante definir el ordenamiento del territorio a partir de un sistema vivo y no sólo simbólico. “Es importante rescatar la memoria de los habitantes de la zona y protegerla porque es algo que sigue vivo”.

A su turno, Quiñones expresó que existe un acuerdo para fortalecer la participación ciudadana y tratar de recoger las necesidades de los territorios. “Un reto es reconocer el potencial de los líderes y los diferentes espacios comunitarios, soportados en la diversidad de miradas”.

Otro punto importante es la definición del modelo de ciudad. “Desde la perspectiva rural, esta propuesta de POT avanza porque disminuye la expansión urbana. Además este POT tiene una planeación diferente porque habla de la integración de los patrimonios y no se basa únicamente en el ordenamiento a partir del agua”, aseveró Camacho.

Por último, Quiñones concluyó: “ es necesario hacer cambios estructurales aunque debe haber una continuidad. Esta es una oportunidad de un nuevo diálogo con las comunidades que permitirá mostrar posiciones, temas y procesos territoriales diferenciados”.