En diálogo con el programa radial Observatorio de Gobierno Urbano, de UN Radio 98.5 FM, los profesores José María Ramos del Colegio de la Frontera Norte (Tijuana, México) y Andrés Nieto de la Universidad Central hicieron una aproximación a los problemas de seguridad en México y Colombia y  su tratamiento en el marco estratégico institucional. 

De acuerdo con el profesor Ramos, la problemática de inseguridad en México se ha agravado en los últimos años, sobre todo en las ciudades fronterizas del país. En 2019 se registraron cerca de 25 mil homicidios a nivel nacional, de los cuales el 60 % se concentró en la zona fronteriza con Estados Unidos, especialmente en las ciudades de Tijuana y El Paso.

Aunque en 2019 la situación en Colombia mejoró respecto al año anterior, la situación sigue siendo preocupante. Según la Fiscalía General de la Nación, al 25 de diciembre se registraron 11.985 casos de homicidio principalmente en Cali (1.525), seguido de Antioquia (1.268), Bogotá (1.006), Valle del Cauca (607), Nariño (555) y Atlántico (494). El país cerró el año con una tasa de homicidios de 25 por cada 100.000 habitantes. 

Experiencias y buenas prácticas 

El investigador Ramos, editor del libro Gobernanza en políticas de seguridad y cultura en México y Colombia: aprendizajes para el desarrollo en el que participó el actual secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, afirmó que la experiencia en materia de políticas públicas que ha tenido la capital del país ha sido importante para el caso mexicano e incluso se ha considerado como ejemplo de buenas prácticas en América Latina. 

En ese sentido recordó que hace 10 años Ciudad Juárez vivió una de las peores olas de violencia con un registro de 3.500 homicidios. Para hacerle frente a esta situación se trabajó en un modelo de cultura ciudadana similar al que desarrolló Antanas Mockus en Bogotá, en el que se fortalecieron las capacidades del gobierno local para trabajar en coordinación con los niveles de gobierno estatal y federal, y se robusteció la política de prevención transversal en el manejo de la seguridad. 

Por su parte, el profesor de la Universidad Central, Andrés Nieto, resaltó que en la actualidad la noción de seguridad nacional pasó a tener una mirada mucho más integral, de la cual surgen conceptos como los de seguridad ciudadana o seguridad humana. 

“Dejamos atrás el paradigma de que estamos inseguros y por eso estamos muy mal, cuando realmente estamos muy mal y por eso estamos inseguros; esto quiere decir que la inseguridad es una consecuencia de otra serie de factores que no están funcionando”, dijo Nieto. 

El experto en seguridad explicó que frente a esta nueva concepción de la seguridad, que incluye intervención social integral, las condiciones de convivencia, seguridad y orden público empiezan a transformarse. “Hoy la seguridad requiere intervención intersectorial”, insistió. 

Los académicos coincidieron en que uno de los principales desafíos de la seguridad es la integración y coordinación eficaz entre las fuerzas militares, la policía y los distintos niveles de gobierno para abordar de manera integral los problemas de violencia y criminalidad que impactan directamente en la seguridad ciudadana. 

El otro reto está relacionado con solucionar los problemas en la administración de justicia. De acuerdo con el profesor Nieto, en Colombia hay un déficit de jueces y fiscales que ha ocasionado un colapso en el sistema judicial: el estándar internacional de Naciones Unidas establece un mínimo de 65 por cada 100.000 habitantes, pero en el país esta cifra se reduce a 10 funcionarios. 

“No podemos migrar a la justicia netamente punitiva o a la cárcel porque ese no es el éxito de la seguridad; eso es aceptar que no vamos a cambiar culturalmente hablando”, dijo el experto. Por el contrario, el éxito, según han demostrado otros países, radica en tener cada vez menos delincuentes gracias a que los proceso culturales se han transformado y a una autorregulación “que permite que los pequeños problemas de convivencia no escalen a conflictos; los conflictos a delitos de alto impacto y estos a criminalidad de oficio”, puntualizó.