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Breve reseña de la violencia armada en Barranquilla

Texto, Publicado el Lunes, 19 Octubre 2020, en Área Metropolitana de Barranquilla, Destacados, Noticias

Según el Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH (2005), la presencia de crimen organizado en la ciudad de Barranquilla no es reciente. La misma, se remonta a la década de los setenta del siglo pasado, momento en el cual operaron en la ciudad grupos dedicados a la mal llamada limpieza social.

Foto Policía Metropolitana de Barranquilla

Escrito por
Luis Fernando Trejos Rosero
Profesor investigador
Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
Director del Centro de Pensamiento UNCaribe
Universidad del Norte

Al mismo tiempo, se conformaron organizaciones delincuenciales dedicadas al hurto, asentándose en barrios periféricos como La Chinita, El Ferri y Rebolo. Con el tiempo, los miembros de estas bandas se dedicaron entre otras cosas a actividades relacionadas con el sicariato llegando a prestar sus servicios al narcotráfico y el paramilitarismo.

El narcotráfico ha sido un elemento central de las dinámicas recientes de la violencia en Barranquilla. Es importante señalar que en los setenta cuando la bonanza marimbera estaba en pleno desarrollo, muchos marimberos guajiros se trasladaron a Barranquilla. Para Sánchez (2003), la instalación del sicariato como práctica reiterada para el cobro de cuentas o la resolución de conflictos son una evidencia de su paso por la ciudad. De esta manera,  hacia finales de los setenta e inicios de los ochenta se fue incubando toda una tradición socio-cultural en torno al narcotráfico. 

Si bien Barranquilla no ha sido el eje sobre el que gravita el narcotráfico colombiano ni la sede de un cartel poderoso, si ha sido un espacio utilizado tradicionalmente por miembros de mafias de todo el país, por su privilegiada condición de puerto marítimo y desembocadura del río Magdalena. Precisamente, esta ubicación geográfica ha hecho de Barranquilla un punto estratégico para la exportación de droga y el ingreso de armas e insumos químicos. Esto, con un contexto social de alta tolerancia frente al contrabando y el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas. 

A mediados de los ochenta, se conforma el Cartel de la Costa, con centro de operaciones en Barranquilla y Santa Marta. En la segunda mitad de los noventa este cartel  fue debilitado entre otros factores por el accionar de las autoridades y por la llegada a la región de nuevos agentes ilegales, destacándose los representantes de los narcotraficantes del norte del Valle, quienes coparon los espacios dejados por el Cartel de la Costa y junto a ellos los contrabandistas y narcotraficantes de la Guajira (Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2012).

Hacia fines de los noventa, el control del crimen en la ciudad lo ejercía la banda de “Dino Meza”, que según el diario El Tiempo “era la dueña de las calles de Barranquilla, recogía por seguridad y extorsiones más de 10 millones de pesos diarios” (eltiempo.com, 2007). En 1999 llegaron a Barranquilla los primeros hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) enviados por Jorge 40, para ese momento. Dino Meza ya controlaba todas las actividades susceptibles de extorsión, por esto ‘Yair’, el primer jefe paramilitar que operó en la ciudad, citó a Meza para que se uniera a las AUC. En dicha reunión este último fue asesinado. Desde ese momento en Barranquilla y el Atlántico hicieron presencia activa dos estructuras del Bloque Norte de las AUC, más precisamente el “Grupo Atlántico” entre los años 2000 y 2003 y el Frente José Pablo Díaz (en adelante FJPD) entre los años 2003 y  2006. 

La importancia de Barranquilla en el despliegue de las AUC en el Norte de Colombia quedó en evidencia en la versión libre ante la fiscal de Justicia y Paz, del segundo hombre de las AUC en el norte de Colombia, Rodrigo Tovar Pupo (Jorge 40), en la cual afirmó que el objetivo central de todas las acciones político-militares del Bloque Norte de las AUC era la captura de Barranquilla. Según Tovar Pupo “meterse en el departamento del Atlántico, era una obsesión de la casa Castaño” (Pedraza y Olaya, 2011: 191). Es necesario aclarar que en Barranquilla, la presencia de los paramilitares no obedeció a un objetivo contrainsurgente, ya que las organizaciones guerrilleras nunca han tenido una presencia activa en la capital del departamento por el contrario, su expansión está ligada a las raíces históricas que los unen con el narcotráfico y al crimen organizado.

El accionar violento del paramilitarismo en la capital del Atlántico, se dirigió  contra  todas las personas, grupos u organizaciones que se opusieran o entorpecieran la construcción de este orden social. En la práctica, esto se tradujo en una significativa reconfiguración del escenario social, delincuencial y en menor medida el espectro político de esta ciudad. El impacto social causado por la expansión y consolidación del FJPD en la ciudad de Barranquilla, produjo un dramático aumento de la criminalidad y la violación de los Derechos Humanos en la capital del Atlántico, según verdadabierta.com (2011), esta estructura paramilitar entre los años 2004 y 2006 cometió 1.664 homicidios. Con la llegada del FJPD, el desplazamiento forzado en Barranquilla pasó de 966 personas en 1999 a 6.297 en el 2.000 y a 10.778 personas en el 2001.

La desmovilización del Frente José Pablo Díaz con el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en el año 2006 no dio por finalizado el fenómeno paramilitar ni de todas sus redes de ilegalidad en la ciudad de Barranquilla, sino que, por el contrario, dio inicio a una compleja trama de reconfiguraciones y mutaciones de las estructuras delincuenciales ligadas directa e indirectamente a este, ya que algunos se  rearmaron y otros emergieron. 

Debe aclararse que estos “nuevos grupos paramilitares” o Bandas Criminales, mantienen continuidades y rupturas con las estructuras de las AUC. La naturaleza puramente delincuencial y la atomización de dichos grupos han producido un complejo escenario en el que su continua configuración y reconfiguración es un lugar común.

En este contexto, la violencia se exacerba por la ausencia de una organización criminal hegemónica, lo que condujo a que en el año 2015 se produjera una situación de continua disputa armada entre cuatro grupos delincuenciales, “los Costeños”, “los 40 Negritos”, “los Papalópez” y “el Hueso”, quienes a su vez prestan servicios o son sub contratados por organizaciones armadas de alcance nacional, como la del Clan del Golfo o los Rastrojos.

En este sentido, las macro estructuras criminales han sofisticado su actividad ilegal, a través de lo que De León (2014) ha denominado aprendizaje criminal, que este se divide en dos dimensiones. Una individual y otra organizacional. Para este escrito, se utilizará la segunda dimensión, ya que son las organizaciones las que incentivan el aprendizaje de sus individuos y las que consolidan las prácticas criminales en el ámbito social, teniendo en cuenta que el aprendizaje criminal es un proceso continuo y de largo plazo, que finalmente se deriva y determina la interacción con el Estado y sus agentes.

Para el caso de Barranquilla, lo que puede evidenciarse es que los grupos delincuenciales locales hacen parte de una estrategia de aplicación de principios empresariales a la práctica criminal, ya que han sido subcontratados u operan como franquicias locales de organizaciones con sede en otras regiones del país, especialmente Urabá.    

La hipótesis de esta parte del escrito sostiene que en esta nueva estrategia, las organizaciones nacionales aprendieron que combatir con los grupos delincuenciales locales implicaba altos costos, no solo económicos sino también mediáticos, y por ende, de seguridad. En este sentido, comprendieron que la cooptación e instrumentalización de dichos grupos (subcontratación) era más rentable en términos logísticos y de seguridad, ya que la implantación de una estructura criminal en un nuevo territorio implica la movilización de recursos humanos y materiales, tiempo para conocer el terreno y constituir la red de aliados, además del desgaste y riesgo que produce la disputa armada con los competidores locales (Trejos, 2018).

En conclusión, tal y como se señaló anteriormente, se debe asumir que la ciudad sí fue y es escenario de la confrontación armada y hacen presencia directa e indirecta Grupos Armados Organizados, por lo tanto, se hace imperativo reconocer y analizar esta realidad para tomar las medidas necesarias tendientes a evitar la conformación o establecimiento de estructuras armadas en la ciudad, especialmente en sus periferias. 

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    Referencias

    De León, I. (2014). Aprendizaje criminal en Colombia. Un análisis de las organizaciones de narcotraficantes. Bogotá: Ediciones de la U.

    Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH (2005). Dinámica reciente de la violencia en Barranquilla. Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia. 

    Observatorio del programa presidencial de Derechos Humanos y DIH (2012). Diagnóstico de la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario del Departamento del Atlántico 2000 - I semestre de 2011. Bogotá: Vicepresidencia de la República de Colombia.

    Pedraza, H. y Olaya, Á. (2011). “Regalías, cooperativas y finanzas paramilitares en la Costa Caribe”. En: Romero, M. (editor). La economía de los paramilitares. Redes de corrupción, negocios y política. Bogotá: Editorial Debate. 

    Sánchez Bonnet, L.  (2003). “Barranquilla: Un Espacio para la Sospecha”. En: Sánchez Bonnet, L. (Compilador). Barranquilla: Lecturas Urbanas. Bogotá: Editorial Mejoras. 

    Trejos, L. (2018). Aproximación descriptiva al pasado y presente del crimen organizado en la ciudad de Barranquilla (2000-2016).  De la hegemonía paramilitar a la subcontratación de bandas locales. En: Trejos, L. & Guzmán, C. (Directores). Barranquilla. Política, Economía y Sociedad. Barranquilla: Editorial Universidad del Norte.

    Verdadabierta.com 2011a La primera sentencia de “Don Antonio” en Justicia y Paz, en línea: http://www.verdadabierta.com/bandera/3741-condena-don-antonio Consulta: 16 de diciembre de 2012.

     

    Las opiniones contenidas en este artículo no expresan la posición institucional del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia.

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