La entidad señala que con inversiones, programas de vivienda gratuita y el otorgamiento de generosos subsidios para incentivar la compra, Colombia logró mejorar su déficit cuantitativo de viviendas. No obstante, advierte que en la actualidad el problema en Latinoamérica tiene que ver con la baja calidad y resiliencia de las construcciones, más que la falta de vivienda en sí misma. 

A lo anterior se suman las graves consecuencias de los desastres causados por fenómenos naturales, además de los altos costos de la reconstrucción de viviendas que pueden llegar a ser entre 4 y 10 veces más altos que la prevención.

Colombia es un país particularmente vulnerable ante los desastres naturales y los efectos del cambio climático, debido a su ubicación geográfica. Datos del Departamento Nacional de Planeación (DNP) estiman que en Colombia cada año en promedio 2.800 viviendas son destruidas y 160 personas mueren a causa de los deslizamientos, las inundaciones y las avalanchas.

En este contexto, en noviembre de 2018 el país conoció el programa Casa Digna, Vida Digna, una iniciativa de mejoramiento de vivienda y barrios, que tiene como esencia responder a la necesidad de reducir el déficit cualitativo de vivienda en Colombia. En la misma línea, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 plantea mejorar la calidad de las viviendas deficitarias, reconociendo que para el 9.75% de los hogares urbanos y el 48.5% de los rurales, la vivienda no garantiza los estándares mínimos de calidad.

Para determinar que una vivienda es de mala calidad, el Banco Mundial señala que basta cconsiderar aspectos básicos como la estructura, acceso a servicios, calidad de la tenencia y ubicación.

Con fin de apoyar al gobierno de Colombia en esta materia, la organización formuló una serie de recomendaciones para que la política de vivienda en el país sea más eficiente, resiliente y efectiva:

• La existencia de un órgano rector que determine las acciones en materia de vivienda. Asimismo, la articulación y armonización de los distintos actores del Estado para mejorar su eficiencia.
• La coordinación entre el gobierno nacional y los gobiernos locales en las zonas más expuestas a riesgo de desastres para canalizar las inversiones.
• El uso de la tecnología para la generación de sistema de información detallada y precisa que permita evaluar el impacto de los subsidios y planificar su asignación futura.
• La calibración de los incentivos del Estado para promover la participación de hogares y el sector privado en el mejoramiento de vivienda y el arrendamiento.
• La diversificación de productos financieros tanto para las familias como para los desarrolladores.
• La racionalización de los programas de vivienda para mejorar su focalización, minimizar su regresividad y evitar las filtraciones, para así orientar los recursos hacia los segmentos de más bajos ingresos.
• La gestión del suelo que garantice la provisión de suelo urbanizado bien localizado y la inclusión de vivienda.
• La integración de la gestión de desastres como parte de la política de vivienda y la utilización activa de los subsidios para promover el reasentamiento voluntario en zonas de riesgo no mitigables.