Por: Mario De Jesús Zambrano Miranda*
Coordinador Del Programa Cúcuta Cómo Vamos

Uno de los bienes públicos más importantes en las sociedades modernas es indiscutiblemente la seguridad ciudadana, concepto que no se limita a un tema de criminalidad y seguritización, sino también, como lo dice el PNUD (2011), “a la calidad de vida de la población, la acción comunitaria para la prevención del delito, una justicia accesible, ágil y eficaz, una educación que se base en valores, en respeto de la ley y la tolerancia”.  

El Área Metropolitana de Cúcuta no es ajena a los desafíos de seguridad y convivencia ciudadana, y mucho más en un contexto territorial que imprime una complejidad dada la dinámica fronteriza. Según datos de la Policía Nacional, en 2020 se cometieron 346 homicidios, 57 en la zona rural y 289 en la urbana, de los cuales el 74 % fueron en Cúcuta, seguida de Villa del Rosario con un 13 % y un 5% en Puerto Santander al igual que Los Patios. Llama la atención la nacionalidad de las víctimas, el 23 % son venezolanos y el 77 % colombianos, un dato que refleja no solo la incidencia migratoria, sino la vulnerabilidad de los migrantes y el recrudecimiento del accionar de las estructuras criminales en la frontera. Por otro lado, la modalidad de sicariato representa el 62 % y el arma de fuego el medio más usado con un 77 %, además el 65 % son cometidos en vías públicas. En el caso de hurtos se cometieron 2.909, de los cuales el 53,9 % fue por medio de la modalidad de atraco, se perpetraron 613 hurtos a comercio, 688 a residencias, 109 hurtos de carros, 677 de motos y 172 extorsiones.

Las anteriores cifras muestran un panorama complejo, al que debe sumarse una percepción ciudadana caracterizada por la inseguridad. Vale la pena señalar que los datos a continuación son solo de Cúcuta, ya que la encuesta de percepción del programa Cúcuta Cómo Vamos #MivozmiCiudad se aplica a la ciudad capital. Solo el 7 % y 10 % de los encuestados se sienten seguros en la ciudad y en el barrio, respectivamente; es de señalar que entre las ciudades que hacen parte de la red de Ciudades Cómo Vamos, Cúcuta ocupó el penúltimo puesto, solo superado por Quibdó. El 71 % de las personas encuestadas de nivel socioeconómica bajo son los de mayor percepción de inseguridad, siendo las comunas 6 y 7 las más afectadas; cuando se analiza por sexo, las mujeres están por encima en percepción de inseguridad sobre los hombres en 7 puntos porcentuales, con un valor de 71,3 %; y por rangos de edad, los encustados de 36 a 45 años tiene una percepción de inseguridad del 71,6 %. Un dato importante está relacionado con la victimización, en la que Cúcuta se ubica en los primeros puestos, con el mayor porcentaje, un 48 %. El aumento de los homicidios y una percepción ciudadana debilitada deteriora la confianza y socava la misma democracia; en términos “instrumentales” los efectos económicos de la inseguridad suelen afectar los incentivos de inversión por parte de las empresas.

Las dinámicas territoriales del área metropolitana en materia de seguridad deben entenderse también desde una perspectiva más amplia, su relación e interdependencia no solo con la frontera con Venezuela, sino con el conflicto armado en el Catatumbo, expansión de los cultivos ilícitos a la zona rural, la lucha por el posicionamiento territorial de diferentes grupos, (ELN, EPL, Clan de Golfo, Los Rastrojos, El Tren de Aragua y la Línea), y la importancia de las economías ilegales que sirven de fuente de recursos e incentivos para esta dinámica conflictiva. Todo esto se genera en un contexto de altos niveles de pobreza (45 % de la población en pobreza monetaria y 10 % en pobreza extrema), alta tasa de informalidad laboral (72 %) y desempleo, y una presión migratoria que hacen del territorio un reto en materia de política pública de seguridad y convivencia, que exigen recursos económicos y humanos, voluntad política, conocimiento, pero sobre todo articulación, cooperación, coordinación y arreglos institucionales que superen los formalismos, y materialice acciones que comprendan las interdependencias entre municipios, las dinámicas sociales, culturales, políticas, económicas y ambientales en el territorio, y supere los límites político-administrativos para la provisión de bienes y servicios públicos, en el que la participación de los actores para construir una agenda común es un imperativo especialmente en seguridad y convivencia ciudadana.

Los planes de desarrollo aprobados, al igual que el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana (PISCC), carecen de relacionamiento entre los municipios que conforman el Área Metropolitana de Cúcuta; la falta de alineación entre ellos limita la efectividad para enfrentar los desafíos en materia de seguridad y convivencia ciudadana, y se pierde la perspectiva de complejidad que debe asumirse. 

Por otro lado, para futuros diseños de política y estrategias es importante tener en cuenta algunas recomendaciones del documento titulado ¿Cómo prevenir el delito? Estrategias efectivas de convivencia y seguridad ciudadana desarrollado por el CESED de la Universidad de los Andes y el DNP, en dicho documento señalan lo siguiente: la importancia de focalizar dada la escasez de recursos, esto implica priorizar basado en la información; la diversificación de estrategias (portafolio) de desarrollo social y comunitario, como iniciativas de disrupción y persecución del delito; políticas basadas en evidencias, que exigen conocer las “buenas prácticas” de otras latitudes y su replicabilidad valorando los contextos, lo que los autores llaman generalización o para nuestro caso: “Tochetización”; seguimiento y evaluación de impacto, el monitoreo y evaluación por insumos, productos, resultados e impactos son claves para medir la eficiencia y efectividad de las estrategias, además de la transparencia para la comunicación con la ciudadanía; estrategias enfocadas en prevención del crimen, que exige una visión integral de la seguridad como un fenómeno complejo, e implica atender causas estructurales, y por ende necesita de la complementariedad de instituciones, articulación, coordinación y cooperación, los factores de riesgo como suele llamarse, “pueden ser de distinto tipo: sociales, comunitarios, familiares e individuales, y responder a distintas circunstancias, como la calidad de las instituciones. Al igual que las situaciones y oportunidades que facilitan delinquir”; la prevención basadas en el comportamiento, en la que se busca cambiar la conducta y por lo tanto, los aspectos psicológicos son claves, además la inversión en desarrollo social, y la prevención con el apoyo comunitario.

Las estrategias enfocadas en lugares que afectan la racionalidad del criminal aumentando los costos de cometer el delito (desarrollo urbano, mejoras del espacio público e intervención en puntos calientes); estrategia enfocada en comportamientos riesgosos; el control de armas; disuasión focalizada, que busca que reincidentes en el delito y los grupos delincuenciales desistan de cometer ciertos delitos; control de alcohol y consumo de sustancias sicoactivas; y por último, proponen la regulación de actividades sexuales pagas. Es importante agregar que el deterioro y rompimiento de las relaciones con el gobierno venezolano genera limitaciones para reducir las acciones criminales en la frontera, por lo que se espera en un futuro no muy lejano se activen la cooperación y coordinación de acciones conjunta para la lucha contra el crimen organizado. 

Más allá de una visión expresada en mayor pie de fuerza y cámaras de seguridad, hay aspectos claves que implican fortalecer la confianza y el capital social, y sobre todo la legitimidad institucional que está relacionada directamente con lo anterior; se hace necesario construir confianza entre la ciudadanía y las instituciones proveedoras de la seguridad; hilvanar entornos de comunicación y confianza que fortalezcan la urdimbre social, que se traduzcan en una mejor efectividad de las instituciones, soportadas en un esquema de gobernanza en la frontera. Estos procesos son de largo plazo, porque significan transformaciones culturales, acompañados de la “fuerza” del Estado. Por ende, una puesta de territorio en materia de seguridad y convivencia necesita más ciudadanía, tanto en su formación, como participación, una sociedad moderna y democrática exige seguridad, convivencia, confianza y legitimidad de sus instituciones.