Escrita por:
**Ana María González Bastidas

En Pasto, el Plan Piloto de Desarrollo Urbano de 1967 brindó pautas para la peatonalización del centro histórico de la ciudad con la determinante de activar el espacio urbano que, para ese momento, perdía actividad residencial producto (i) del aumento del precio del suelo alrededor de la plaza de Nariño y (ii) del desarrollo de suelo urbanizable en las periferias de la ciudad consolidada. Con la herencia de la ciudad colonial, Pasto reforzó en el centro la oferta de servicios urbanos-regionales, la continuidad de la traza urbana, la identidad pastusa en torno a las celebraciones, eventos culturales, muestras de disconformidad, en resumen, la expresión misma de ciudadanía. El centro es, por tanto, la analogía de los bosques para el ambiente: es el pulmón de idiosincrasia por el cual se respira el ser pastuso.

Sin embargo, este proyecto no se concretó. En la actualidad el centro cuenta con actividad comercial, institucional (de carácter gubernamental) y patrimonial, elementos importantes de la discusión que el proyecto VITAL ha atendido a propósito de retomar la idea de un centro ampliado con “enfoque peatonal, ambiental, económico y cultural para el aprovechamiento y disfrute de todos los habitantes […]”¹.

El proyecto VITAL es escenario de renovación y avance urbanístico para una ciudad densa y compacta como lo es Pasto. Como en todo gran proyecto, la politización es el escenario que vive la ciudad a causa de algunos gremios de empresarios y comerciantes (y más aún cuando se aproximan elecciones locales). Desde la actual administración, paralelamente, se han propiciado distintos foros académicos y espacios de participación con objeto de democratizar la información y acercar el proyecto al ciudadano.

Es aquí cuando aparece un actor importante: los comerciantes. La oposición de este sector radica en la transformación que se implementará de calles para el automóvil a calles para la gente, situación que no debe entenderse como un impedimento al urbanismo sostenible, sino más bien como un llamado de atención a la regularización del espacio. En otras palabras, el problema de los comerciantes radica en la invasión del comercio informal característico de las ciudades latinoamericanas y específicamente colombianas sobre los corredores peatonales.

La lectura que se hace a partir de comentarios críticos que citan a la Carrera 7ª en Bogotá y la peatonalización en Ibagué como un mal ejemplo² plantea, por una parte, una idea higienista (propia del urbanismo excluyente) que condiciona la esencia y vitalidad de la ciudad latinoamericana; y, una preocupación válida relacionada con la acelerada ocupación de calles y andenes para venta informal que experimenta Pasto.

El espacio público es sujeto del interés general y la utilización colectiva. La Ley 9ª de 1989 define el espacio público como “conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su naturaleza y por su uso y afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que trascienden, por tanto, los límites de los intereses individuales de los habitantes” en correspondencia con priorizar el interés general sobre el particular (principio del ordenamiento territorial).

A este respecto, la Corte Constitucional en sentencias como la C-489-19 ha mencionado que “el Estado tiene el deber de velar por la integridad del espacio público, pero esta obligación encuentra límites en los derechos fundamentales de las personas que, amparadas en el principio de buena fe, se han dedicado a las actividades informales en zonas de espacio público […]”. En tanto el espacio público no sea apropiado ilegalmente por terceros, el derecho al trabajo de los vendedores semiestacionarios y ambulantes debe ser respetado al tiempo que se proteja el interés general de la comunidad.

Es decir, la apropiación del espacio público está condicionada al uso y disfrute de todos los ciudadanos que paralelamente genera conflictos entre algunos sectores económicos y urbanos por el espacio. Esta condición se amplifica al considerar que la venta informal no es igual a la permanencia de peatones pues, en todo caso, el uso de la vía peatonal está destinado al tránsito exclusivo de estos. En tanto la Corte protege el derecho al trabajo, al mínimo vital, a la igualdad y a la libre locomoción, también sostiene que, bajo principios de razonabilidad y proporcionalidad, el uso del espacio público puede encontrar limitantes específicamente por condiciones de seguridad.

Entonces la lógica del conflicto por el espacio público se evidencia en la continua tensión urbana, producto de la centralización de las relaciones humanas y económicas en la ciudad. En otras palabras, esta serie de conflictos actuarán constantemente bajo la dicotomía de la vida urbana y colectiva. La interpretación indica que los cambios en el entorno generan conflictos. El conflicto es la semilla que hace ciudad³, pues solo a través de éste adquiere sentido el hecho urbano. El conflicto tiene diferentes aristas y por tanto no es posible entenderlo de forma lineal con un inicio y fin, en este orden el espacio público, elemento para todos y por todos, irrumpe como postulado frente al grado de dinamismo y complejidad socio-jurídica.

Una vez desarrollado el proyecto VITAL, el gobierno de la ciudad tendrá desafíos recurrentes en términos de apropiación, ocupación e invasión del corredor peatonal. Es menester pensar si se están formulando las preguntas correctas de cara al cambio que se avecina. Con el proyecto VITAL se atiende las necesidades justas y funcionales de todos los habitantes, es una deuda que tiene pendiente la ciudad. Pero también, el proyecto debe dirigir la conversación hacia este actor invisible: los vendedores informales; aquí el conflicto es el protagonista. Así, las ideas cortoplacistas no son soluciones prácticas a un desafío de largo alcance por la disputa del espacio público.