El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó un estudio para evaluar la actuación de los cuerpos de policía en la región, considerando que durante esta emergencia sanitaria estos  han  tenido  un  rol  esencial  para  hacer cumplir las medidas impuestas por los gobiernos nacional y locales con el fin de controlar la propagación del virus. A la vez, continuaron sus tareas de lucha contra el crimen. 

Los  datos de la investigación hecha en junio de 2020 revelan que la mayoría de las policías de la región se prepararon y tomaron medidas rápidamente: desarrollaron protocolos de seguridad, dotaron a sus uniformados de elementos de protección y elaboraron planes de contingencia. La emergencia sanitaria también obligó a las instituciones policiales a definir prioridades y racionar recursos de por sí ya limitados, y al uso de nuevas tecnologías. 

Por su misma naturaleza, los uniformados tuvieron que hacerle frente a la situación de emergencia y a estar en la primera línea de respuesta. Esto produjo una alta exposición al contagio, ocasionando bajas por incapacidad o por medidas preventivas de aislamiento. De acuerdo con el informe “Ser policía en México: asesinatos, atrocidades y registro de contagios y muertes por COVID-19”, realizado por la organización civil Causa en Común, del 22 de marzo al 31 de diciembre de 2020 al menos 4.828 elementos de policía resultaron contagiados y 702 murieron. 

En Colombia, en septiembre de 2020 cuando el entonces director nacional de la Policía, general Óscar Atehortúa, dio positivo para coronavirus, se conoció que hasta esa fecha más de 10 mil uniformados de todo el país habían resultado contagiados y 45 fallecieron. Según relata Andrés Dávila, profesor de la Universidad Javeriana, la pandemia llegó en un momento en el que la policía venía con escasez de uniformados, sobrecarga de funciones y responsabilidades, y una mala relación con la ciudadanía por los hechos de abuso policial que se registraron en las protestas de finales de 2019 y principios de 2020. 

Entre las conclusiones principales del estudio está el hecho de que la  mayoría  de  las instituciones cambiaron sus  actividades,  “pero  esto no  indica  una  nueva  dirección,  al  contrario, parecen mostrar arraigo al modelo estándar de carácter reactivo. En este sentido, la mayoría de las agencias  están  reforzando  prácticas  reactivas  (como  la atención a llamadas por servicio y arrestos) y reduciendo las  actividades  proactivas  y  comunitarias”, asegura la investigación. 

No obstante, los investigadores precisan que es esencial seguir de cerca estos cambios dado que el estudio se realizó muy poco tiempo después de la llegada de la pandemia, por lo que esta afirmación  “puede poner  en  juego  la  efectividad de las policías, respecto a la prevención y reducción del delito e interferir en la calidad de su relación con la ciudadanía y, por ende, en su legitimidad”. 

Percepción de inseguridad, un debate de vieja data

La legitimidad y la relación entre ciudadanía y policía es uno de los principales retos de las instituciones de policía en América Latina. Por un lado están los casos de abuso policial que siguen impactando negativamente su imagen, y por el otro, los altos niveles de percepción de inseguridad que se mantienen, a pesar de la reducción de la mayoría de los delitos durante los periodos más estrictos de cuarentena. 

En el caso colombiano, la mala relación entre policías y ciudadanos se ha mantenido debido a repetitivas situaciones de abuso de poder y exceso de la fuerza. En medio de la pandemia, cuando apenas se superaba el primer pico de contagio en Bogotá, la muerte de Javier Ordóñez desató un levantamiento ciudadano en contra de la infraestructura de la policía, agudizando más la situación. “Y cuando se pensaba que no podían pasar más cosas negativas, se presentan protestas por el cierre de gastrobares en el marco del segundo pico de contagio y un ciudadano pierde un ojo”, recuerda el profesor Dávila. 

Adicional a esto, señala el académico, la tensión constante entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, el gobierno nacional y la policía  no contribuye a mejorar dichas relaciones y por el contrario fomentan desinterés por parte de los uniformados a trabajar conjuntamente.      

Por otro lado, respecto a la percepción, Alejandro Ánimas, profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, asegura que aunque en 2020 el número de delitos en Ciudad de México fue inferior en un 20 % a los registrados en 2019 (por la contracción de las actividades económicas y sociales de la ciudad), la percepción de inseguridad solamente disminuyó en un 3.4 % al pasar de 89.2 % a 85.8 % entre la población mayor de 18 años, “por lo tanto, un primer reto es que a la par de las disminución de los delitos aumente la percepción de seguridad”. 

En Bogotá, según la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de la ciudad (CCB), la percepción de inseguridad aumentó 16 puntos al pasar de 60 % en 2019, a 76 % en 2020, a pesar de que en los meses de confinamiento estricto se redujeron algunos delitos de alto impacto como homicidios, extorsión, hurtos a personas y delitos sexuales; situación que no se mantuvo durante el año y que por el contrario aumentó en algunos casos.  

Aunque la percepción de seguridad de los ciudadanos depende de una multiplicidad de factores, la relación con la policía es un aspecto clave. “Si los ciudadanos deben cumplir con las medidas derivadas del Covid-19, necesitan confiar en quienes las están aplicando. Para ser más eficientes, las policías requieren la colaboración activa de la población”, señala el estudio. Por tanto, los investigadores sugieren que es un buen momento para fortalecer los lazos y buscar colaboración con la comunidad. “La forma en que (la interacción entre la policía y los ciudadanos)  se  dé  puede  contribuir  en  la  legitimidad  y  en  una mayor valoración del servicio policial”, manifiestan.  

Esto también dependerá de la orientación que tengan las políticas públicas de seguridad en las ciudades. En Ciudad de México, explica el profesor Ánimas, la seguridad pública tuvo una reconfiguración conceptual al pasar a ser seguridad ciudadana, “con lo que se pretende que el objetivo sean las políticas preventivas en lugar de la concepción de una seguridad reactiva y de fuerza”. 

“Las políticas públicas se orientan, en consonancia con las políticas del gobierno federal, a atender en primer lugar las causas que originan los delitos; en segundo lugar al fortalecimiento de los cuerpos policiacos mediante la profesionalización y modernización de sus equipos; y en tercer lugar, a una mejor cooperación con las distintas fuerzas de seguridad del gobierno federal”, explica el académico de la UNAM. 

En Bogotá, de acuerdo con el Plan de Seguridad Ciudadana, Convivencia y Justicia, los pilares de acción de la ciudad están encaminados a tres líneas estratégicas: prevención y convivencia ciudadana, control del delito y acceso a la justicia. El subsecretario de Seguridad, Andrés Nieto, afirma que hoy el país tiene un déficit de policía de más del 39 %, según el estándar internacional, por lo cual es importante liberar a los uniformados de funciones y responsabilidades que pueden asumir otros actores de la ciudad. 

“Para poder descargar a la policía de situaciones no relacionadas con actos criminales o delincuenciales, y que otras entidades y actores permitan atender la mediación comunitaria, la resolución pacífica de conflictos y problemas de convivencia y cultura ciudadana, requerimos de una pedagogía social para la convivencia. Se trata de descargar a los pocos policías que tenemos de situaciones que pueden mediarse a través de las redes de cuidado ciudadana para que puedan destinar su tiempo a la lucha contra la delincuencia”, explica el subsecretario de Seguridad.

El profesor Andrés Dávila considera esta estrategia un paso clave para abrir canales de comunicación y trabajo conjunto entre la administración y la policía, aunque reconoce que “lo complejo es que sea un interés compartido”. “No hay soluciones mágicas, pero sí se pueden construir soluciones inteligentes a mediano y largo plazo”, puntualiza. 

En todo caso, las instituciones de policía por ahora tendrán que seguir apoyando las labores de control de las medidas de salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, a la par que deberán asumir retos importantes en materia de seguridad y criminalidad. En el caso de Ciudad de México, dice el profesor Alejandro Ánimas, el desafío es enfrentar la presencia de la delincuencia organizada y de cárteles de la droga en la capital, “debido a que su actividad delictiva se expande a otros ámbitos como la extorsión, el cobro de piso, la venta de droga y, sobretodo, porque aumenta los homicidios”.

El subsecretario de Seguridad de Bogotá manifiesta que la prevención y convivencia ciudadana, el control del delito y el acceso a la justicia tienen que ser transversales a los retos producto de la pandemia, considerando que las necesidades de seguridad también se transformaron en medio del estado de emergencia. 

“Las dinámicas de pérdida de empleo van a llegar a incidir en los comportamientos de los hogares, lo que redunda en violencia intrafamiliar, delitos sexuales y lesiones personales; otros temas importante son las ideas suicidas, el fortalecimiento de las redes de ciberdelincuencia y los cambios en los delito físico, que requieren acciones particulares. El reto es mayúsculo porque ningún plan de acción o lineamiento de política pública estaba condicionado para enfrentar una pandemia y para la transformación social que tiene hoy el mundo”, puntualiza.