El género es un constructo social que genera diferencias entre hombres y mujeres.Producto de esta diferenciación las economías feministas utilizan el género como una categoría analítica, junto con otras  como la clase y la raza. Así mismo, es indispensable tener en cuenta en el análisis económico la concepción del género, ya que es la base de la división del trabajo muy elemental dentro de la mayoría de las sociedades: la división entre actividades "productivas" y "reproductivas”. Las  primeras se refieren a las aquellas que generan ingresos, generalmente vinculadas al mercado. Las reproductivas a las actividades de cuidado y desarrollo de las personas (Çagatay, 1998). Estas últimas son fundamentales para el sostenimiento de la sociedad y, por lo general, no son remuneradas. 

En este contexto, la relación entre política macroeconómica y género cobra gran importancia, pues las obligaciones en materia de derechos y de equidad de género se expresan en las reformas de las políticas monetarias, fiscales, financieras que hacen parte de las medidas macroeconómicas como tal. En América Latina, éstas guardan relación con las reformas promovidas por el Consenso de Washington y con los intereses económicos, políticos de los países (Girón, 2006). Entre otras medidas y convenios internacionales en materia de género se encuentra la convención sobre los derechos de las mujeres (CEDAW) que ha tenido incidencia en la política fiscal de países como Bolivia, México, Paraguay, entre otros.

Desde la política fiscal se pueden incorporar presupuestos con enfoque de género para asegurar la inclusión de esta perspectiva en el diseño y formulación de políticas públicas enfocadas a mejorar la cantidad y calidad de las oportunidades de empleo para las mujeres; la carga del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado; consecuencias distributivas a través de impuestos; y recursos disponibles para financiar políticas sociales (Hodgson, Helen & Sadiq, 2017). Además, el mainstreaming o análisis diferenciado con enfoque de género puede ser uno de los aspectos a incorporar en los rubros al interior de los presupuestos nacionales, ya que permite no sólo generar una asignación directa a políticas y medidas gubernamentales dirigidas a mejorar la calidad de vida de las mujeres, sino que permite evaluar y comparar la incidencia de los gastos corrientes en hombres y mujeres.

Del mismo modo, incorporar el enfoque de género en la política fiscal permite reconocer que los presupuestos y sus asignaciones no son neutras. Afectan de forma diferente a mujeres y hombres, en función de los roles sociales que se les son asignados. Los presupuestos determinan el acceso de las ciudadanas y ciudadanos a los bienes, los recursos y los servicios (Condition féminine Canadá, 2000). El llamado a desarrollar un análisis diferenciado con enfoque de género en la construcción de los presupuestos nacionales y locales tiene su origen en los acuerdos internacionales suscritos entre diversos Estados en el marco de la Organización de Naciones Unidas durante la década de 1990. La Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW) y la Plataforma de Acción de Beijing constituyen el fundamento del análisis del presupuesto por género. El presupuesto analizado según el género constituye una de las herramientas utilizadas para lograr avances en materia de equidad e igualdad de género y asegurar el cumplimiento de los compromisos de los gobiernos con respecto a las mujeres.

La Plataforma de Acción de Beijing fue desarrollada en la Conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre la Mujer, en 1995. En esta conferencia se insta a tomar en consideración la especificidad de los problemas de la mujer en las decisiones presupuestarias sobre políticas y programas, y prever un financiamiento suficiente para los programas que apuntan de manera específica a la igualdad entre hombres y mujeres. Adicionalmente, los gobiernos deberían esforzarse por examinar sistemáticamente la manera en que las mujeres se benefician de los gastos públicos, y ajustar los presupuestos para garantizar la igualdad de acceso a ellos.    

La política fiscal pensada desde una perspectiva de género permite sensibilizar a los gobiernos tanto nacionales como locales frente al impacto de los presupuestos en las mujeres, informar a las mujeres de las diferentes implicaciones de los gastos e ingresos del gobierno en hombres y mujeres, así como incrementar la eficacia de la asignación de los recursos del gobierno para favorecer la equidad e igualdad de género (Condition féminine Canadá, 2000). Así mismo, el presupuesto con este enfoque, según ONU Mujeres, permite una integración de las consideraciones vinculadas a la igualdad de género y favorece la participación de la mujer en el proceso presupuestario, junto a la reorientación de los programas dentro de los sectores y no de una redistribución de los montos asignados a cada uno de ellos. Además, contribuye al logro del quinto objetivo de los denominados Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

De este modo, es importante señalar que el presupuesto con perspectiva de género no trata de crear presupuestos separados para las mujeres, o simplemente incrementar el gasto en programas destinados a mujeres, sino más bien abordar las cuestiones presupuestarias que afectan la desigualdad de género, tal como la distribución asimétrica del trabajo doméstico o del cuidado no remunerado (Elson, 2002). Este último punto se refiere a la economía del cuidado, que, al estar integrada desde las medidas macroeconómicas, podría reflejar el peso de los trabajos del cuidado en el PIB de los países. 

La economía del cuidado, como se ha denominado desde el debate feminista, permite evidenciar las formas de organización de la reproducción social y reconocer el impacto de estas en la reproducción de la desigualdad. Precisamente, la economía feminista se caracteriza por poner en el centro del análisis la sostenibilidad de la vida, descentrando los mercados. En consecuencia, el objetivo del funcionamiento económico desde esta mirada no es la reproducción del capital, sino la reproducción de la vida. Su preocupación no está en la perfecta asignación, sino en la mejor provisión para sostener y reproducir la vida (Rodríguez, 2015). Desde esta perspectiva, se hace énfasis en la diferencia entre trabajo productivo y reproductivo con base en el trabajo doméstico, por lo cual, desarrolla conceptualmente la división sexual del trabajo y la economía del cuidado. 

Igualmente, la economía feminista hace una contribución extensa al estudio de la participación económica de las mujeres, en particular revelando los mecanismos de discriminación en el mercado laboral (Rodríguez, 2015). Además, ha contribuido a los debates sobre la pobreza que permiten constatar la persistencia de los procesos de feminización de la pobreza y sus consecuencias en la autonomía de las mujeres. La pobreza analizada desde el género pone sobre la mesa la importancia de implementar políticas públicas que reconozcan el trabajo del cuidado y que promuevan, en medio de esta labor, la autonomía económica de las mujeres.

Dentro del contexto de la política fiscal, existen numerosas medidas que pueden ser adoptadas como parte del sistema de transferencia de impuestos desde una perspectiva de derechos y diferencial. ONU Mujeres (2015) sugiere cuatro amplias consideraciones de política fiscal: (i) recaudar recursos para la protección social y la prestación de servicios sociales con perspectiva de género; (ii) optimizar la eficiencia en la recaudación de impuestos a través de la mejora en las limitaciones institucionales y de capacidad para movilizar recursos adicionales, incluso si la combinación de impuestos y las tasas impositivas no cambian; (iii) ampliar la base imponible general (minimizar o eliminar impuestos exenciones y bonificaciones que beneficien principalmente a los grupos más ricos), y (iv) coordinar políticas globales para minimizar las pérdidas y garantizar que los gobiernos puedan movilizar recursos. 

Es importante anotar que, una vez implementadas las recomendaciones para incorporar el enfoque de género en la macroeconomía y en la política fiscal, se requiere de la veeduría constante y de la rendición de cuentas para evaluar qué tanto se disminuyen las desigualdades entre hombres y mujeres. Así mismo, es imperante emplear medidas que aborden la adecuación y distribución de los ingresos fiscales. Además, el análisis del presupuesto por género debe ser flexible y adaptarse al contexto de cada país, según la información disponible, el contexto sociocultural y los compromisos del gobierno con respecto a la equidad de género.

Así pues, las medidas macroeconómicas para mejorar el porcentaje del PIB y del PIB per cápita no están desprovistas de la perspectiva de género, como tampoco la política fiscal y la finalidad de los impuestos. Por medio la política fiscal y la aplicación del enfoque de género en la formulación de los presupuestos generales se pueden lograr avances en la reducción del analfabetismo, la escolaridad, la mortalidad infantil, el promedio de vida, la erradicación de enfermedades como la poliomielitis o la provisión de agua potable que directamente genera mejoras en la calidad de vida de las mujeres, niñas y adolescentes. Es así como se encuentra una interrelación entre el presupuesto y la mejora en los indicadores de desarrollo humano. Una prioridad en las políticas públicas en los últimos años en América Latina, dado que se ha buscado el posicionamiento de las mujeres en la educación, la salud, el acceso al crédito y en la política. 

No obstante, se siguen presentando brechas entre hombres y mujeres en los aspectos económicos, sociales, políticos y educativos. Es necesario entonces establecer una agenda alternativa de desarrollo que conciba las políticas económicas con una perspectiva de género. Los presupuestos públicos son un instrumento para disminuir la desigualdad social y la inequidad de género (Girón, 2006). Dado que por medio de éstos se pueden establecer recursos destinados a programas específicos que ampliarían las oportunidades de bienestar para las mujeres. Así, los presupuestos con enfoque de género pueden revertir el desempleo de las mujeres y la feminización de la pobreza. De modo que la visión de género en los presupuestos y programas del Estado es indispensable porque sólo mediante políticas públicas adecuadas se podrá favorecer a las mujeres proporcionándoles mejor educación, salud, alimentación, empleo y oportunidades de crédito (Girón, 2006). 

Finalmente, el presupuesto desde la perspectiva de género reconoce que las medidas macroeconómicas y el presupuesto no son neutrales al género, sino que responde a las jerarquías sociales impuestas entre hombres y mujeres. Además, permite mejorar las condiciones de vida de las mujeres a través de la financiación de políticas públicas enfocadas a garantizar el derecho a la salud digna, a la vivienda, al empleo bien remunerado, entre otros. Igualmente, a partir de la inclusión del género en las medidas macroeconómicas se puede reconocer la economía del cuidado con la importancia que podría tener en términos de PIB y en la sociedad en general, pues la labor del cuidado sostiene el trabajo reproductivo. Así, la política fiscal y la construcción de los presupuestos generales con enfoque de género contribuyen no sólo a la equidad e igualdad al interior de los Estados y ciudades, sino al cumplimiento de los acuerdos internacionales y al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible. 

Referencias bibliográficas

Çagatay, N. (1998). Incorporación de género en la macroeconomía. Recuperado el 6 de febrero de 2022, de: http://www.yorku.ca/ishd/CUBA.LIBRO.06/DEL/CAPITULO22.pdf 

Condition féminine Canadá. (2000). Presupuesto con enfoque de género: síntesis de los principales conceptos y de algunas iniciativas en las Américas. Recuperado el 6 de febrero de 2022, de: https://www.feminamericas.net/ES/tematicas/ThemResumeBudgete.5.pdf

Elson, D. (2002). Obligation de rendre compte du progrès des femmes: les femmes exigent des résultats en Le progrès des femmes à travers le monde: rapport biennal d’UNIFEM (pp. 117-119). New York: United  Nations Development Program (UNDP).

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Girón, A. (2006). Macroeconomía, desarrollo y género. Revista de Economía Institucional (8), 15, pp. 207-225. Recuperado el 6 de febrero de 2022, de: http://www.scielo.org.co/pdf/rei/v8n15/v8n15a9.pdf

Hodgson, Helen & and Sadiq, Kerrie (2017) Gender equality and a rights-based approach to tax reform en Stewart, Miranda (2017) Tax, Social Policy and Gender. Rethinking equality and efficiency, ANU Press. 

ONU Mujeres. (2015). Progress of the World’s Women 2015–16. Recuperado de: progress.unwomen.org/en/2015/ 

Rodríguez, C. (2015). Economía feminista y economía del cuidado. Aportes conceptuales para el estudio de la desigualdad. Nueva Sociedad, 215, pp. 30-44. Recuperado el 6 de febrero de 2022, de: https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/47084/CONICET_Digital_Nro.09d94638-7418-4ac1-8de7-ad4258313f48_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y