El futuro del Páramo de Santurbán sigue en el limbo. El reciente anuncio de la inversión de $1.000 millones de dólares para fortalecer el proyecto “Soto Norte” de la multinacional Minesa, para la extracción de oro en la región, mantiene el debate en el país entre ambientalistas, autoridades, mineros y habitantes de los municipios de Santander y Norte de Santander que tienen jurisdicción en esta área, por la conveniencia o no de adelantar actividades mineras a gran escala.

Si bien el profesor Andrade reconoce que este proyecto está ubicado por fuera de la zona que quedó delimitada en 2014, afirma que en ninguno de los páramos de Colombia se debería permitir actividad minera o de hidrocarburos porque su principal función es la producción y conservación de los acuíferos y de la fauna y la flora que los conforman.

“No es necesario delimitar los páramos para decir que este ecosistema como un todo no se puede tocar […] porque no hay ninguna minería, legal o ilegal, que no genere un impacto negativo en el ecosistema”. asegura el profesor

Según la Resolución 2090, el Páramo de Santurbán tiene una extensión de 98.994 hectáreas; hace parte de los territorios de 20 municipios de norte de Santander y ocho de Santander. Los dos municipios de Santander con mayor porcentaje de su superficie son Vetas (75.9%) y Tona (56.7%) y en Norte de Santander son Mutiscua (66.7%) y Silos (64.6%).

“Lo que se esperaría de un Gobierno que dirige uno de los países más ricos en biodiversidad del planeta, que es líder en la conservación de la diversidad y que está promoviendo la creación de nuevas áreas protegidas, es que diga que en el 100% del área de cada uno de los páramos de Colombia no se puede hacer actividades de aprovechamiento minero, de hidrocarburos y agropecuario”, expresó el profesor.

Una delimitación sin efecto

La delimitación del Páramo de Santurbán, que surte de agua a por lo menos 2.5 millones de personas, quedó definida en la Resolución 2090 de 2014 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Sin embargo, en 2015 el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez interpuso una acción de tutela, al considerar que se vulneraron sus derechos fundamentales del debido proceso, de la participación, de información, de salud, de consumo al agua potable y de vida digna por la conexidad que existe con el ambiente sano y el derecho de participación.

Al fallar esta acción de tutela, la Corte Constitucional dejó sin efecto la Resolución 2090 de 2014, por medio de la cual se delimita el Páramo Jurisdicciones – Santurbán –Berlín “como quiera que se expidió sin la participación de los tutelantes y de los demás afectados con esa decisión”, dice la Sentencia. Sin embargo, aclara que la pérdida de ejecutoria de esta resolución entrará a regir un año después de su notificación.

Asimismo, la Corte le ordena al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible que, en el término de un año siguiente a la notificación de esta sentencia, emita una nueva resolución para delimitar el Páramo.

Mientras tanto, el proyecto de la empresa Minesa seguirá avanzando: durante 2016 se realizaron los estudios de prefactibilidad y este año esperan la licencia ambiental que ya fue solicitada a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla).