Yair Alejandro Parada Diaz^1*

En un primer momento, debemos precisar que más de 38 millones de personas estaban habilitadas para ejercer su derecho al voto en la primera jornada de elecciones del 2022 en Colombia, de las cuales el 45,8 % salieron a manifestar su decisión de participar en democracia, es decir, han sido las segundas elecciones más votadas después de las del 2018 (RNECV, 2022). La apatía por los mecanismos formales de participación es un denominador de nuestro sistema político, pues la inconformidad que se manifestó en las calles entre los meses de abril y junio del 2021, no trascendió de forma significativa en la participación política de los ciudadanos en las urnas. 

No obstante, la movilización social pudo lograr algunos impactos significativos en la conformación del nuevo Congreso. Esta afirmación debe entenderse como una manifestación de la capitalización de ciertos sectores políticos que lograron trasladar las demandas de la ciudadanía en propuestas de agenda pública, pero que en términos generales no lograron fortalecer nuestro sistema democrático, sino impulsar otras expresiones políticas que en el pasado pudieron encontrarse relegadas frente a organizaciones políticas tradicionales que mantenían su cohesión sobre un gran margen del electorado. 

Sin embargo, es importante recordar que al comienzo de las movilizaciones las exigencias de los manifestantes giraban alrededor de frenar reformas que los afectaban directamente como la de la salud o la forma de tributación en el país. Aun así, la ruptura política generada por este estallido social terminaría por potenciar un sector de la ciudadanía que en palabras de Negri y Hardt (2012) resultaría siendo la multitud que hace contrapeso al imperio. Dicho sector, que logró capitalizar esta desavenencia dentro del sistema político colombiano, terminó siendo la coalición del Pacto Histórico, quienes de forma preliminar han alcanzado 20 curules en el senado y una votación de más de 2,6 millones de votos. 

Ahora bien, es importante mencionar que los ejercicios políticos generados en los meses de abril y junio del año pasado en las jornadas de protestas no tuvieron una gran relevancia en la renovación de las figuras de representación política. Si bien hubo un crecimiento exponencial de representantes considerados alternativos, los líderes de las movilización local y barrial, las agrupaciones sociales y las primeras líneas no lograron materializar en escaños propios su ejercicio de manifestación. Tal y como menciona Chantal Mouffe (2008, pág. 38) la mayor dificultad de la movilización social es la fragilidad con la cual esta se construye, pues una vez alcanzado su demanda inicial, esta tiende a atomizarse y desaparecer. 

Por otro lado, es claro que las organizaciones políticas tradicionales tienen la capacidad de contrarrestar los efectos negativos generados por la movilización social. Esto puede deberse a la dificultad de mantener una acción política transformadora por parte de la ciudadanía movilizada, la cual depende de la confrontación sostenida contra el estatus quo para visibilizar sus demandas (Laclau, 2008, págs. 92-96). No obstante, este ejercicio depende no solo de los recursos humanos, sino de la capacidad de agendamiento con la que cuenten los actores políticos movilizados para lograr transformar el sentido común político de los demás ciudadanos que respaldan los sectores tradicionalmente dominantes (Garcia, 2015).

A su vez, es ineludible que fuera de las dificultades existentes en el intento por transformar los imaginarios colectivos, nuestro sistema político y las reglas de juego definidas para acceder a escenarios de representación política incidente como lo es el Congreso, impiden en gran medida que sectores políticos locales o comunitarios tengan la posibilidad de tener una gran relevancia en este. 

En este sentido, la necesidad de crear un sistema que garantice la democratización de las organizaciones políticas y genere incentivos para la agrupación políticas de estas expresiones ciudadanas y políticas, mediante el acceso a anticipos, espacios de difusión de sus propuestas, así como herramientas para su capacitación es imperante. Para ello, una propuesta es que de conformidad con lo planteado en el punto 2.3.1.1. del Acuerdo Final de Paz, se cree un sistema de adquisición progresiva de derechos, que requiere desligar la obtención y conservación de la personería jurídica de la superación de un umbral en las elecciones de Congreso. 

De igual forma, incentivar una reforma política y electoral que promueva un sistema general de afiliados que fortalezca las organizaciones políticas. Así mismo, la adopción de la lista cerrada acompañada de mecanismos de democracia interna, podría llegar a impactar de forma significativa en la conformación de nuevas organizaciones políticas que permitan dinamizar nuestro sistema democrático, y, adicionalmente, generar una verdadera renovación en las corporaciones públicas. 

Esto permitiría en palabras de Lechner (1994, pág. 18) que las nuevas ciudadanías puedan manifestarse y transformar no solo el sistema político, sino la vida social de los ciudadanos mediante el posicionamiento de nuevas agendas sociales que se soportarían en la representación de posturas cohesionadas y validadas por un número significativo de la sociedad, que sometería al debate público su proyecto de país en las mismas condiciones y oportunidades que cualquier otra agrupación política.

Finalmente, es claro que las pasadas elecciones legislativas en el país evidenciaron una reconfiguración de fuerzas que componen el Congreso de la República, el cual deja a los sectores de centro izquierda con un mayor margen de maniobra dentro de esta corporación. Sin embargo, las demandas y problemáticas que llevaron a las jornadas de movilizaciones entre los meses de abril y junio siguen latentes, con el agravante que varios de los movimientos y colectivos que fueron parte activa de estas no necesariamente se encuentran representados en este nuevo congreso. 

Esta situación que pone de precedente que de no realizar una reforma política y electoral que permita tramitar las inequidades y demandas ciudadanas en los espacios de diálogo y representación política, terminaran tramitándose mediante las protestas; con el agravante de que esta puede ser la oportunidad de que un sector no mayoritario, pero sí representativo de la sociedad pueda generar una interlocución activa con quienes nunca han podido participar de forma efectiva en política. 

Bibliografía

Garcia, L. (2015). Democracia, Estado, nación. La paz: Vicepresidencia del Estado, Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Hard, M., & Negri, T. (2012). Imperio. Barcelona: Ediciones la Cueva.

Laclau, E. (2008). Debates y combates. Por un nuevo horizonte de la política. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica .

Lechner, N. (1994). "La problemática invocación de la sociedad civil". Perfiles latinoaméricanos.

Mouffe, C. (2008). El retorno de lo político. Madrid: Paidos.

RNECV. (01 de abril de 2022). Resultados de preconteo 2022. Obtenido de Registraduría Nacional del Estado Civil: https://resultados.registraduria.gov.co/