¿Cómo entender esa frase "Cuidado con la brecha. No dejar a nadie ni ningún lugar atrás" en el marco del desarrollo de las ciudades latinoamericanas?

Creo que la frase que propone la Organización de Naciones Unidas plantea vínculos interesantes de analizar. En primer lugar, el tener ‘cuidado con la brecha’ podría estar haciendo un guiño para avanzar en entender los distintos niveles y dimensiones de la desigualdad urbana, desde una perspectiva de los cuidados, algo que ha estado muy presente en los estudios urbanos en los últimos años y que la política pública poco a poco ha empezado a asumir en distintos países.
Esto requiere repensar de manera crítica cómo entendemos la ciudad hoy, desde una aproximación preponderantemente economicista, hacia una que anteponga la reproducción social y el desarrollo de las personas en el centro.
La segunda parte de la frase vincula sujetos y contextos. Al decir ‘No dejar a nadie atrás’ se entiende que la ciudad ha sido históricamente diseñada para un sujeto hegemónico minoritario, mientras que otros grupos han sido relegados y discriminados por su condición física, socioeconómica, etaria, étnica o de género, por nombrar algunos.
‘Ningún lugar’ tiene un objetivo similar.
Hoy existen diversos tipos de asentamientos humanos que por su condición geográfica quedan al margen o que por los recursos que de allí son extraídos sufren distintos tipos de degradación o explotación como consecuencia de la acción humana. Las llamadas ‘zonas rurales’ por ejemplo, hoy están muchas veces subordinadas a las necesidades productivas y de consumo de las áreas urbanas. El llamado es entonces a repensar estas dinámicas y a fortalecer las relaciones virtuosas entre los distintos tipos de territorios, en igualdad de condiciones.
Si bien la ciudad latinoamericana debe asumirse como una realidad heterogénea con contextos socio ambientales diversos y dinámicas productivas también muy dispares, podemos establecer ciertos principios comunes. Los altos niveles de desigualdad en nuestras áreas metropolitanas como Bogotá, Ciudad de México, Río de Janeiro, Santiago o Lima, los altos niveles de ‘informalidad’, el déficit de infraestructura de escala regional o los altos flujos migratorios intrarregionales, por nombrar algunos, pueden ser componentes a partir de los cuales se establezcan mecanismos y políticas urbanas comunes y con visión regional, que busquen una mayor integración social, cultural y económica, para avanzar a un desarrollo más armónico de la región.
El desafío es que las ciudades se sienten a conversar, que definan estrategias y planes comunes para luchar contra una desigualdad que se expresa de diversas formas y que en parte puede ser reducida a través de la acción colectiva.

Algunas de las causas de las desigualdades en las ciudades se han intensificado a partir de la COVID-19, el cambio climático y los diversos conflictos ¿Qué medidas se podrían implementar para enfrentar este problema?

El primer paso es realizar un diagnóstico participativo junto a todos los actores involucrados en el desarrollo urbano a escala de lo que se requiere planificar o intervenir. Más allá de una u otra política o programa que en particular podría aportar en disminuir brechas específicas. Lo realmente importante es que se diseñen, gestionen, ejecuten y evalúen dichas medidas no sólo con la participación de todos los actores involucrados, sino también que sea a través de procesos intersectoriales, no por separado. Es decir, que vinculen ministerios o carteras que no dialogan al día de hoy. 

Por ejemplo, la radicación o erradicación de un campamento, favela o villas, como se les denomina popularmente a los asentamientos autoconstruidos en distintos países, requiere de acciones integrales de corto, mediano y largo plazo, donde no existan recetas predefinidas, sino principios que puedan guiar ciertas decisiones. El éxito de las medidas específicas dependerá únicamente de las características socioculturales y territoriales de cada espacio y comunidad, es decir, una comprensión situada del problema y la solución. 

El llamado acá es a entender que actuar sólo en la dimensión físico-ambiental es inútil si no se integra con variables socioculturales, educacionales, laborales, de salud o económicas, por nombrar algunas. La escala y el conocimiento territorial también es clave. Los gobiernos locales deben estar a la cabeza de estos procesos.

Dicho lo anterior, en el contexto de la Covid 19 y el cambio climático, las políticas urbanas en América Latina requieren más que nunca de un diálogo regional que permita tomar acciones coordinadas. Más allá del encuentro anual del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de América del Sur llamado MINURVI, hoy es cada vez más relevante que las escalas subnacionales interactúen, que las ciudades y los municipios de la región interactúen, intercambien experiencias y se acuerden agendas comunes. 

Lo anterior ha tomado cada vez más relevancia en plataformas globales como Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. Sin embargo, hacen falta instancias de carácter sudamericano que permitan abrir y discutir dichas agendas en pro de acceder a mayores recursos y potestades a escala local. El fortalecimiento de los gobiernos locales, tanto metropolitano como municipal, es un imperativo para los desafíos urbanos contemporáneos.

Existen otras causas de las desigualdades como lo son los problemas de segregación (racial, religión, de género, por condición física, etc) ¿Qué estrategias se podrían plantear para cerrar estas brechas?

Más allá de que las políticas urbanas requieran una acción intersectorial, de trabajo concertado entre diversos sectores, es decir, es difícil dar una receta única, se pueden mencionar algunas líneas que contribuirían a disminuir las brechas.

Desde el punto de vista de la segregación socio residencial, es evidente que estamos ante un problema político y económico estructural, donde en algunos casos, la excesiva liberalización y desregulación del mercado de suelo ha entregado al sector privado la decisión de cómo, hacia dónde y para quiénes crecen las ciudades. Si bien muchas veces esto está determinado en el detalle por instrumentos de planificación territorial definidos a nivel local, no sólo es importante avanzar en la generación de mecanismos específicos para administrar suelo público, regular los precios de arriendo o monitorear los valores del suelo, si no que también, debe haber un cambio cultural y de política a nivel macro. 

En este sentido, debe entenderse que la ciudad no es únicamente una fuente de riqueza a través de la cual se especula y extraen plusvalías, si no más importante aún, un espacio donde todas y todos podamos desarrollarnos como seres humanos en armonía con nuestro entorno.

Por otro lado, desde el punto de vista de la marginación o exclusión que sufren ciertos grupos sociales hoy en la ciudad, más allá de focalizar ciertas iniciativas en uno u otro grupo, que es lo que parcialmente se hace hoy, las políticas a nivel nacional deben incorporar principios rectores que luego en sus formatos de plan, programa o proyecto deban asumir desde antes del inicio. 

Me explico; el error que comúnmente se comete es que muchas veces estas preocupaciones aparecen en la etapa de gestión o implementación de un plan, programa o proyecto pero que deriva de una política mayor. Lo anterior no sólo implica que dicha decisión dependa de quien planifica o diseña, si no que además, dicha política macro pudo haber sido pensada y concebida sin dicha perspectiva, generando que se reproduzcan lógicas que puedan derivar en la profundización de formas de discriminación por condición física, marginación por condición migratoria o de violencia de género, por nombrar algunos.

La política urbana es, valga la redundancia, profundamente política, y eso requiere de un acuerdo social mayor, que las ciudades se producen desde y para quienes las habitan. Sin esta premisa difícilmente se avanzará en revertir los graves problemas de desigualdad en nuestras ciudades.

En uno de sus artículos se plantea cinco principios y dimensiones, tradicionalmente asociados a la desigualdad urbana: equidad espacial, redistribución económica, sostenibilidad ambiental, democracia participativa y la igualdad social.  ¿A qué se refiere cada uno?

En dicha columna invitamos a pensar en cinco principios básicos que el desarrollo urbano debe asumir para desarrollar políticas que apunten a disminuir la desigualdad urbana. El objetivo fue esbozar una línea base que toda política urbana debe considerar, más allá de los factores habituales de la desigualdad socioeconómica. Estas ideas provienen de ideas teóricas en torno a la justicia socio ambiental y a la importancia de la redistribución, el reconocimiento y la participación.

Si bien todos están vinculados y son parte de un sistema, haré una breve referencia a cada uno de forma separada. El primero, equidad espacial, está vinculado justamente a temas como la marginación de ciertos grupos sociales a los beneficios que otorga vivir en la ciudad. El nivel de acceso o calidad de un centro de salud, escuela, equipamiento deportivo o parque no puede estar determinado por el barrio o municipio donde naciste o los ingresos que percibes, esto es un tema urgente en las ciudades latinoamericanas. 

El segundo, redistribución económica, dice la relación con que la ciudad sea capaz de generar equilibrios económicos que permitan un desarrollo socio espacial armónico, donde el capital no se concentre únicamente en algunos sectores de la ciudad y haya mecanismos que permitan su reinversión donde más se requiera. Un ejemplo clásico es la captación de plusvalías urbanas, una herramienta que tiene como objetivo recuperar parte de las plusvalías que genera la acción del Estado para luego destinarla a sectores más desprovistos.

El tercero, sostenibilidad ambiental, llama a no olvidar que el crecimiento de la ciudad no puede ir en desmedro del deterioro ambiental, de la naturaleza y el ecosistema. Las políticas urbanas deben asumir un rol central en la crisis climática donde los incentivos por usar transporte público por sobre vehículos privados o de promover sistemas de recolección de residuos más efectivos son, en parte, responsabilidad de cómo se planifica y gestiona una urbe. 

El cuarto, democracia participativa, señala que las instituciones encargadas del desarrollo urbano deben establecer mecanismos efectivos de participación que permitan a las comunidades ser actores centrales en la producción de sus barrios y la ciudad. Mecanismos como los presupuestos municipales participativos, el co-diseño de espacios públicos o la autogestión de espacios comunitarios pueden resultar en la disminución de brechas en términos de representación. La desigualdad también se expresa en cómo y quienes toman decisiones. 

En el quinto y último, igualdad social, se busca avanzar en desarrollar una ciudad no sólo que permitan a los grupos históricamente relegados participar de las decisiones urbanas, si no que también que toda acción asuma la responsabilidad de  disminuir los niveles de discriminación, exclusión, marginación y violencia con grupos específicos. Tal como establece la frase “No dejar a nadie atrás” como lema del día mundial del hábitat, la ciudad debe ser un espacio donde toda persona pueda desarrollarse en dignidad, con seguridad y libertad.

En el marco del Derecho a la Ciudad ¿Cuáles son los retos para reducir estas brechas?

El derecho a la ciudad como proyecto teórico y político ha sido desarrollado por diversas autorías y materializado en distintos contextos. Si bien una de sus principales preocupaciones es relevar el rol de las y los habitantes como parte central de la producción social del hábitat, este también señala la necesidad de entender la producción del espacio urbano como un proceso profundamente político y por ende social y económico. 

Lo anterior implica que el derecho a la ciudad no es sólo que toda persona pueda ocupar y transformar su espacio, y que tenga acceso a las oportunidades que otorga la ciudad en forma de bienes y servicios, por ejemplo, si no que además, que existan mecanismos para redistribuir los beneficios que produce la ciudad como consecuencia del trabajo de todas y todos. 

Estas ideas tienen diversas implicancias y bajadas políticas que han sido tomadas por países como Ecuador, Brasil o México, que las han materializado en políticas urbanas concretas. En dicho sentido, podríamos decir que parte de la columna vertebral de este horizonte está en anteponer los intereses colectivos por sobre los individuales, es decir, que la función social de la ciudad esté por sobre su función de intercambio, materializada, por ejemplo, en los altos niveles de especulación inmobiliaria que hoy afectan a las urbes. 

Si bien el derecho a la ciudad no establece como objetivo la disminución de brechas de desigualdad, ya que llama a una transformación radical a cómo entendemos el hábitat, sí podríamos decir que existen herramientas inspiradas en estas ideas que han contribuido a ello, estas se pueden consultar en los tres casos mencionados anteriormente y especialmente en el Estatuto da Cidade de Brasil. 

El reto mayor no es que se implemente una u otra política, si no que haya un cambio cultural, un cambio de paradigma, que dejemos de entender el espacio como algo transable, que comprendamos que el suelo es un recurso escaso y que debería estar a merced de una mayor justicia social y el cuidado del ecosistema, y no para el lucro privado.

El desafío entonces no es simple, ya que hemos nacido y nos desarrollamos como sujetos en un contexto neoliberal que nos ha empujado a mercantilizar casi todas nuestras formas de relacionarnos, incluso nuestras relaciones espaciales.