El espacio público es considerado por ONU-Hábitat como “todos los lugares de propiedad pública o de uso público, accesibles y disfrutables por todos, gratuitamente y sin fines de lucro; esto incluye las calles, los espacios abiertos y los equipamientos públicos”. No obstante, una publicación de Ocupa Tu Calle, ONU-Hábitat y Fundación Avina (2018) afirma que la desigualdad en el acceso, el uso, la distribución y la calidad de los espacios públicos es un asunto común en las ciudades de América Latina. 

En Bogotá, la Defensoría del Espacio Público realiza los análisis de oferta cualitativa y cuantitativa de espacio público a partir de tres indicadores: Espacio Público Efectivo (EPE), Espacio Público Verde (EPV) y Espacio Público Total (EPT), que se generan a nivel de localidad y de UPZ (Unidades de Planeamiento Zonal, subdivisiones urbanas en la ciudad). 

En ese sentido, la Política Distrital de Espacio Público plantea como objetivo un promedio 6 m2/hab de Espacio Público Efectivo. Sin embargo, en promedio se cuenta con 4,5 m2/hab. Las 3 localidades que presentan mayor déficit son: Bosa (2,09 m2/hab), Los Mártires (2,50 m2/hab) y Rafael Uribe (2,49 m2/hab).

En cuanto EPV, Bogotá cuenta en promedio con 11,4 m2/hab, donde las 3 localidades que presentan mayor déficit son: Los Mártires (2,6 m2/hab), Rafael Uribe (4,1 m2/hab) y La Candelaria (5,6 m2/hab). 

El EPT es un indicador que muestra la relación de metros cuadrados de espacio público por habitante que hay en la ciudad y está compuesto por el Espacio Público Efectivo y el Espacio Público No Efectivo. La ciudad cuenta en promedio con 23,9 m2/hab de Espacio Público Total, en el que ninguna localidad posee menos de 10 m2/hab.

Según señala la directora del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, DADEP, Blanca Bohorquez, Bogotá ha mejorado en las décadas recientes en cuanto a la generación y adecuación de espacio público en áreas deficitarias, pero todavía es necesario trabajar en esta materia.

“En los últimos años, hemos visto que la brecha de desigualdad en la oferta cuantitativa y cualitativa de los espacios públicos, tanto en Bogotá como en otras ciudades de América Latina, se ha reducido; sin embargo, todavía queda bastante trabajo para lograr equidad en la distribución de espacio público”, expresa.  

Desigualdad entre la ciudad formal y la de origen informal 

La urbanización en América Latina ha estado marcada por procesos de explosión demográfica y crecimiento descontrolado que generan dos formas de ciudad: “por un lado, políticas gubernamentales de planificación y gestión dirigidas desde arriba e influenciadas por el urbanismo predominante del siglo XX y, por otro, formas de hacer ciudad desde abajo, producto de la acción de personas y grupos que por decisión propia transformaron su entorno físico”, dice el informe mencionado.  

Esto es lo que se ha considerado como la ciudad formal y la informal, una distinción que para Jesús Rodríguez Zepeda, Doctor en Filosofía Moral y Política y profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) de México, deriva del modelo económico que se ha proyectado sobre la ciudad. “La desigualdad en las ciudades también equivale a una desventaja para quienes están situados en los circuitos de la economía informal y de las maneras informales de participar en la vida urbana”, considera. “La desigualdad socioeconómica y por discriminación constituyen un factor de exclusión al derecho a la ciudad”, agrega. 

La segregación socioespacial, característica de las ciudades de América Latina que refleja las asimetrías y desigualdades socioeconómicas, necesariamente se ve reflejada en el espacio público. “Los grupos que pueblan las ciudades, conforme a la estructura social que se mueven, ya sea por ingreso o pertenencia, viven la experiencia de la ciudad de manera distinta”, explica el investigador. 

En este sentido, el derecho a la ciudad no se puede ejercer cuando se parte de desigualdades profundas de determinados colectivos que están históricamente excluidos, porque esta asimetría se refleja en la propia distribución territorial y, en consecuencia, en el déficit, acceso y disfrute de los espacio públicos. 

Algunas desigualdades que destaca el informe de Ocupa Tu Calle, ONU-Hábitat y Fundación Avina en las ciudades latinoamericanas son la concentración de más y mejores espacios públicos en las zonas de mayores ingresos frente a los lugares urbanos más marginados, como en Ciudad de México; la prioridad de los vehículos frente a los peatones evidente en Lima, Perú, y el hecho de que las mujeres no se hallan en la misma posición que los hombres para acceder al espacio público como ocurre en Barranquilla, Colombia. 

Frente a esto, el profesor Rodríguez Zepeda precisó que la discriminación no es un fenómeno desespacializado, dado que los grupos que mantienen relaciones de discriminación se distribuyen en el territorio. “Las ciudades son hostiles para determinados colectivos que por sus diferencias se encuentran en una situación de desventaja”, es decir, “la vida urbana se experimenta en distintos niveles conforme se pertenezca a grupos históricamente discriminados” como las mujeres, la población LGBTI, los indígenas, entre otros. 

Resignificar el espacio público

En un mundo con coronavirus, en el que la principal medida para prevenir la propagación del virus ha sido el confinamiento de la población, "el espacio público se resignifica y adquiere un valor diferente en el imaginario de los ciudadanos", manifiesta la directora del DADEP, Blanca Bohorquez. Esto se traduce en nuevas formas de uso y apropiación de los espacios públicos. 

“El hecho de salir a caminar o salir a un parque adquiere un significado especial cuando de repente dejas de poder hacerlo habitualmente. Esta puede ser una bonita oportunidad para que todos reflexionemos sobre la importancia de tener espacios públicos que podamos disfrutar en condiciones de equidad e inclusión”, plantea. 

Será un reto para el gobierno de las áreas urbanas y sus ciudadanos cambiar los paradigmas, prioridades y responsabilidades de la gestión, acceso, uso, distribución y disfrute del espacio público, en términos de equidad e inclusión para asegurar la salud y la calidad de vida de la población.