Juan Camilo Álvarez Naranjo*

La renovación urbana se ha circunscrito en la geohistoria de los espacios centrales de las ciudades modernas como el mecanismo de ajuste estructural, económico, político y sociocultural que permite la “revitalización” de las infraestructuras y equipamientos que han perdido funcionalidad en entornos urbanos. Sin embargo, estos instrumentos adecuados a las realidades de las sociedades se ciñen en particularidades que vale la pena notar con el fin de no caer en las generalidades del funcionamiento formal normativo.

Y es que, en América Latina, la Renovación Urbana ocurre de la mano con procesos de metropolización, las cuales se definen como una nueva etapa de reorganización urbana debido al ajuste económico-político de la actual fase de modernización capitalista (De Mattos, 2006). Este proceso de ajuste se caracteriza por una reestructuración productiva que altera la geografía económica, especialmente desde el circuito secundario de capital, el cual está acompañado de grandes inversiones que tienen por fin movilizar mediante el crédito y la construcción, enormes masas de capital para su acumulación en el primer circuito productivo -industrial- de capital (Harvey, 2014).

En Bogotá este fenómeno asume unas características espaciales que amplían los modelos de gestión del espacio urbano bajo el modelo de desarrollo neoliberal y concuerdan con el instrumento de renovación urbana. Esto ocurre desde la desregulación económica, los nuevos mercados del trabajo y la desigualdad social; así mismo, se tejen nuevas tramas urbanas desde la morfología espacial, la generación de espacios isotrópicos y homogéneos y, finalmente, la importancia de la construcción de espacio como forma de amortiguar las crisis del capital.

En ese sentido, el capital se fija en espacios degradados de las centralidades latinoamericanas, en los cuales ocurren procesos sociales como la segregación, la contención de actividades ajustadas a las economías de renta ilegal, la creación de espacios subutilizados y la instauración de nuevos usos de suelo que condenaron a una muerte social del lugar (Jaramillo, 1986). Esta fijación del capital trae como consecuencia la necesidad de un ajuste normativo por medio instrumento de renovación urbana, que se agencia desde el Estado y el capital privado, y que para el caso del Plan Parcial de Renovación Urbana ‘Estación Central’ -ubicado en el polígono entre la calle 22 a la 26 y la carrera 13 y la Av. Caracas-, se desarrolla considerando algunas de las necesidades de producción y reproducción capitalista neoliberal, pero también al modelo de gestión descentralizado, que condena a la población residente a la movilidad y rompe con el tejido social del territorio.

A pesar de que el modelo pretende entonces la renovación y mejoramiento de la calidad de vida de los actores urbanos por medio del redesarrollo, -es decir, la demolición y producción de nuevo espacio construido-, se generan conflictos importantes de cara a las situaciones que se esperan resolver. De acuerdo con esta investigación desarrollada entre el 2015 al 2017, al usar el método mixto de investigación se pudo observar indicadores cuantitativos y cualitativos que dan como resultados algunas contradicciones que derivan en conflictos. 

El primero de ellos, es el del rol que juega el Estado en el rompimiento del tejido social, por medio del monopolio de la fuerza y de la generación de leyes que afectan a la población residente, así como a las actividades que se generan en la zona. Los de más alto impacto son los procesos de expropiación, fundamentales para la renovación urbana, y cobijados por la Ley 9 de 1989, la cual da soporte jurídico a este tipo de actuaciones.

El segundo, es la forma de financiación y el papel que desempeña el capital financiero en la evaluación y valorización de los nuevos usos del suelo estipulados en la norma, que catalizan la producción de sectores exclusivos y excluyentes, impactando de manera directa la primera contradicción. Esto se observa a través de la especulación en el avalúo de los bienes sujetos a tratamiento, donde hay un cambio en el valor del metro cuadrado según el uso dispuesto para vivienda, comercio, entre otros.  

Y Finalmente, una tercera contradicción se presenta en la percepción ciudadana de la problemática, la cual se divisa en la participación de este sector de la sociedad en la planeación del proyecto. En este caso, por medio de encuestas de percepción en la zona, así como en los llamados de la Empresa de Renovación Urbana, la Secretaría de Planeación y otras entidades, se observa que la participación ciudadana para la discusión de estos proyectos es baja. Esto debido a que la población residente es mínima y las actividades se encuentran a cargo de población flotante, como estudiantes universitarios, vendedores del sector informal y arrendatarios.

En conclusión, esta investigación rescata la necesidad de un derecho a la ciudad (Lefebvre, 1978), que se oriente en la planificación hacia las necesidades sociales de la sociedad urbana y que ataque los problemas estructurales lejos de la idea de movilizar los males a otros sectores de la ciudad. Sin embargo, dicho concepto puede convertirse en un significante vacío si se permite que quien gestione los ajustes normativos-políticos y económicos de la renovación urbana en la centralidad de Bogotá, sean únicamente los actores del ensamblaje urbano del tecnicismo neoliberal, es decir, los encargados del desarrollo de la ciudad gerencial (Hopfgartner y Vidosa, 2014).

Si usted desea más información de la investigación, puede consultar el artículo “De la renovación urbana a los conflictos por el espacio urbano en la ‘Estación Central’ de Bogotá”. En la Revista Ciudades, Estados y Política del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia. Para tales afectos ingrese al link: https://doi.org/10.15446/cep.v6n3.84040