En este escenario de protesta social generalizada, ha sido importante el papel que juegan los alcaldes. Sus decisiones en el marco de las manifestaciones han contribuido al desarrollo de jornadas pacíficas y en otros casos han aumentado las tensiones en el territorio que propician eventos de confrontación. Uno de los momentos de mayor tensión con los gobiernos locales surgió tras la directriz del gobierno nacional de militarizar las ciudades; algunos alcaldes acataron la medida mientras que otros la rechazaron abiertamente.  

Cúcuta: organización, cultura y movilizaciones pacíficas   

Manifestaciones en Cúcuta / Foto cortesía Lilibeth Villamizar

Desde el pasado 28 de abril las diferentes manifestaciones en la ciudad de Cúcuta se han venido desarrollando mayoritariamente, hasta el momento, de forma pacífica, y en completa articulación entre miembros de la CUT, Fecode, Asinort, movimientos juveniles de las universidades, externos, fundaciones y representantes de las comunas. 

De acuerdo con una profesora universitaria de la región, estos grupos se han dividido por comités para que cada quien desempeñe roles específicos que posibiliten el orden en las jornadas de protesta, lo cual ha hecho posible dos semanas de manifestaciones pacíficas. Los horarios de estas movilizaciones han sido en horas de la mañana y en la jornada de la tarde, esta última caracterizada por mayor participación de los jóvenes, con actos culturales como danza (telas, ballet), canto ( encuentros de rap), pintura (grafiti), entre otros. “En la marcha del 5 de mayo fue significativa la vinculación de las universidades privadas, y el contacto permanente con los organismos y comités a nivel nacional”, resalta. 

“Es valido aclarar que ante cualquier intento de soboteo los organizadores actúan imposibilitando tal acción con la colaboración de algunos miembros de la defensoría del pueblo y la Policía Nacional, quienes siempre han dejado en evidencia, al contrario de lo que se ha percibido en el país, su disposición al diálogo y respeto por las posturas de quienes demuestran su inconformiso por las acciones del gobierno, y la violación de los derechos humanos”, explica la profesora.

Lilibeth Villamizar, coordinadora local en Cúcuta de la plataforma ciudadana El Derecho A No Obedecer proyecto de la Corporación Otraparte, considera que en Cúcuta  “está creciendo desde la ciudadanía activa y desde los procesos y prácticas organizativas sociales, juveniles y feministas”. 

“Desde hace una semana, hemos salido a las calles a ejercer nuestro derecho a la protesta social y pacífica canalizando la indignación y el hartazgo ciudadano hacia las políticas públicas de este gobierno y de tantas injusticias sociales que suceden en cada territorio”, expresa la activista.

La profesora Maritza Jaimes considera que “el rol de la Alcaldía y de la gobernación del departamento es bastante pasiva, por no decir ausente, pues se siente el temor y el compromiso con el gobernante de turno para no perder beneficios”.

Pereira: una manifestación regional  

Manifestaciones en viaducto César Gaviria Trujillo / Foto tomada de El Diario

Sebastián Martínez Botero, historiador y docente de la Universidad Tecnológica de Pereira, sostiene que la ciudadanía ha estado muy activa en forma de manifestación y de protesta, con algunos eventos de violencia. Pereira se encuentra ubicada geográficamente en un lugar estratégico, es parte importante de una frontera histórica entre diferentes regiones, razón por la cual existen varios tipos de población, marcados por migraciones de diversas procedencia, entre ellas el Valle del Cauca, del Pacífico colombiano, comunidades indígenas y ciudadanos venezolanos, todos ellos con demandas que salen a la luz en el marco del paro nacional. 

“La ciudad está dentro de un Área Metropolitana lo que hace que las protestas tengan un carácter incluso regional”, manifiesta el profesor Martínez. “Se han visto cierres en el Viaducto César Gaviria Trujillo, que es el puente que une las ciudades de Dosquebradas y Pereira, es una vía de tránsito nacional y hace parte de la Autopista del Café”, agrega. 

Por otro lado, el historiador resalta la presencia en las protestas de los diferentes sectores sociales, políticos, culturales, económicos, estudiantiles, académicos, entre otros. “Cada vez es más notoria la simpatía de la ciudadanía con estas manifestaciones por medio de los cacerolazos que se dejan oír todas las noches en los diferentes barrios de clase media y alta de la ciudad”, dice.  

El alcalde Carlos Maya fue uno de los mandatarios del país que rechazó la militarización de Pereria. El profesor Martínez considera que las medidas más claras y decisivas han estado en manos del alcalde y el gobernador de Risaralda. 

“El alcalde anunció unas medidas, ayudas y subsidios destinados al sector hotelero y turístico para ayudar a esos sectores que se han visto afectados. Así, como rebajas en el impuesto de Industria y Comercio para la hostelería, los bares y restaurantes. También mencionó que no iba a cobrar a los deudores del Impuesto Predial”, explica. 

“Sin embargo no es notoria la presencia y apoyo del gobierno nacional; se percibe un malestar general por parte de los mandatarios locales. Le están haciendo exigencias al gobierno para que ayude a superar esta crisis, teniendo en cuenta que los entes territoriales no lo pueden lograr sin la mano del gobierno nacional”, destaca el profesor.

Pasto: manifestaciones culturales, con amplia participación ciudadana

Manifestaciones en Pasto / Foto Alcaldía 

Las movilizaciones y protestas en Pasto han sido históricamente marcadas por actitudes pacíficas, lideradas por actores culturales y artísticos y una amplia participación ciudadana. De acuerdo con un periodista de la región, hace al menos dos décadas inició un proceso de formación y fortalecimiento en el que la ciudadanía tiene un papel interesante y fundamental. En ese trayecto se han creado cabildos y presupuestos participativos que generaron una cultura de participación en la ciudad.

“Los actores sociales han sido preparados, tienen una postura más educada y crítica gracias al proceso de formación que se ha venido adelantando hace años”, dice el periodista. En consecuencia, los hechos de violencia y confrontación no han sido una constante en Pasto debido a este proceso amplio y profundo de participación. “La ciudadanía se siente más escuchada y menos reprimida; es un proceso largo y bien hecho, con formación y fortalecimiento; incluso vemos un cambio generacional en los liderazgos”, resalta. 

En la capital nariñense también generó tensiones la militarización de la ciudad, “un error más por la presión del gobierno nacional que por la actitud del alcalde local”, según aclara el periodista. Esta situación generó enfrentamientos y daños materiales a bienes públicos y privados. 

Sin embargo, en el transcurso de la semana hubo un “giro interesante” en la actitud y accionar del gobierno local. La Alcaldía puso en marcha un plan de acompañamiento para proteger y atender las necesidades de los participantes en las manifestaciones programadas para el 5 de mayo a través de gestores de paz y convivencia capacitados en defensa de Derechos Humanos. 

Pasto se ha visto particularmente afectado por el paro en el Valle del Cauca: se registró desabastecimiento de combustible y afectación a los productores agropecuarios. “El paro nos afecta más a nosotros los ciudadanos que al gobierno nacional”, expresa el periodista. 

Cartagena: apropiación de espacios urbanos antes restringidos

Marcha de antorchas en Cartagena / Foto tomada de El Universal

Según el historiador Javier Ortiz Cassiani, en el caribe colombiano normalmente las manifestaciones suelen ser con menos intensidad que en el interior del país, lo que no quiere decir que históricamente no se hayan realizado procesos de movilización supremamente importantes en esta región. 

“En Cartagena ha habido movilizaciones ligadas a la convocatoria del Comité de Paro Nacional, ha habido mucha movilización de jóvenes que son quienes han estado al frente y también ha habido lastimosamente procesos de movilización que evidentemente se ve que han sido organizados por las mismas autoridades policiales para confundir y generar caos”, señala Ortiz. 

“Por primera vez se ha visto la posibilidad de que la movilización de los estudiantes o de jóvenes y mototaxitas ingrese al sector de Bocagrande, Castillo y El Laguito porque en las movilizaciones del 2019 se vio claramente esa barrera, la frontera invisible se hizo totalmente visible porque cuando los estudiantes y el resto de manifestantes intentaron entrar a esos barrios pusieron unas vallas y tanquetas de la policía, y se generó una idea de que estos vándalos negros iban ingresar a destruir este barrio de bien”, describe el historiador.

Ortiz Cassiani califica los procesos recientes como “inéditos” en relación a la capacidad de movilidad de la población: “muchas personas jóvenes, gente que nunca había marchado está saliendo a las calles y eso habla del descontento generalizado que hay en la sociedad. Incluso ha ocurrido que nunca sucedía y es que las universidades privadas se están pronunciando, son las universidades las que han cancelado las clases para que la comunidad pueda salir a marchar”.

El historiador explica que el alcalde de Cartagena ha actuado en la lógica en que fue elegido: “como una talanquera contra una clase política tradicional que normalmente ha dominado a la ciudad”. Sin embargo, ha habido algunas dificultades en el proceso; “al principio intentó disuadir las marchas, pero vio que era una medida impopular y le tocó sumarse”. 

“Esto está ligado a su carácter populista, dio declaraciones en contra de la reforma tributaria diciendo que los impuestos tenían que pagarlo los ricos, pero luego en una convocatoria de jóvenes, cuando querían ingresar a la Plaza de los Coches que es uno de los sitios más emblemáticos del Centro Histórico, el ESMAD salió, los recibió con gases y los dispersó, mientras él observaba desde las murallas”, cuenta Ortiz. 

El alcalde William Jorge Dau Chamat no aceptó la propuesta del gobierno nacional de militarizar la ciudad, se reunió con los estudiantes y acordaron una serie de protocolos para el respeto de los derechos humanos en las manifestaciones.