El Observatorio de Gobierno Urbano (OGU) del Instituto de Estudios Urbanos (IEU) de la Universidad Nacional de Colombia (U.N.) consultó a la concejal Angela Garzón y a los profesores Miguel Silva y Estanislao Escalante, sobre este flajelo que día a día consume a la sociedad y que hace que la inseguridad en la capital del país aumente de manera significativa sin evidenciarse una pronta y postiva solución.

Para el profesor de la Pontificia Universidad Bolivariana de Medellín (UPB), experto en seguridad y colaborador del IEU, Miguel Silva, este problema está en la agenda de las ciudades, el cual se encuentra en un campo de ambigüedad, de competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos territoriales. “Eso implica que en algunas ocasiones los alcaldes formulan una política pública pero los instrumentos para su aplicación, las herramientas y los recursos no están a la mano o no coinciden con esas políticas.

Esto es fundamental para entender el tema de la seguridad o el tramado institucional, y en este sentido hay que señalar que lo que se ha logrado en los últimos 25 años es muy importante en términos de reducción de los homicidios; “es un proceso continuado y año tras año el país viene mejorando las tazas de homicidio”, indicó Silva.

Sin embargo, los delitos asociados al robo de celulares aumentan significativamente. La tecnología marcó una nueva vulnerabilidad y el Estado no ha tenido la capacidad de fortalecer ese tipo de debilidades. 

Es así que las dinámicas asociadas al problema público de la seguridad son cambiantes, el aumento del poder adquisitivo, la distribución del ingreso de la sociedad hace que sea mucho más vulnerable frente a la emergencia de estos actores; “no es posible disminuir completamente estas condiciones de inseguridad, lo que sí es posible de alguna manera es restringir y adaptar las nuevas políticas”, sostuvo el académico.

Para puntualizar el problema de la seguridad urbana en Colombia, Silva señaló que depende directamente de la administración de justicia e incluso la debilidad de la policía se hace más grabe con esa problemática, “lo que hace el policía es capturar al agresor, pero luego lo dejan libre, es decir, reinciden”, dijo.

El experto en seguridad concluyó que “las ciudades han mejorado bastante en sus sistemas de monitoreo, tienen sistemas de información, pero debe existir una estrategia desde el gobierno nacional”.

Concejo de Bogotá

Por su parte, la concejal Ángela Garzón enfatizó en que los resultados de la encuesta de “Bogotá Cómo Vamos” manifiestan la percepción de cómo se siente la gente en la ciudad, sin duda los hurtos a residencias, a personas, el robo de celulares y de vehículos empleando la violencia es bastante alto.

“Los atracos en la capital especialmente a las mujeres que son las víctimas nos preocupa, los casos de los últimos días como la señora embarazada que está hoy cuadripléjica por robarle la camioneta; el menor que lo mató otro menor reincidente en Kennedy; en un 90% o 95% de los casos la persona que atraca es reincidente”, por lo que es importante ver cómo está funcionando la justicia en Colombia, reiteró.

En las localidades de Usaquén, Chapinero y Kennedy los índices de criminalidad han aumentado, razón por la cual desde el gobierno hay diferentes iniciativas. “Colombia necesita una reforma a la justicia, hay un representante que radicó un proyecto de ley precisamente para castigar las penas de reincidentes, pero el tema de fondo es cambiar el sistema de justicia, tecnificarlo, necesitamos que esta sea más eficiente, que todo empiece a funcionar”, reveló Garzón.

La concejal destacó que es importante que se vea la política carcelaria en el país, “los policías si detienen a los delincuentes, pero días después quedan libres y siguen con su delito en la misma comunidad donde cometieron el hurto, por eso a la gente siente miedo de denunciar”.

Experto en seguridad y profesor de la U.N.

Estanislao Escalante Barreto, profesor e investigador asociado, líder de la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal “Luis Carlos Pérez” y del observatorio de “Medios de Comunicación, Justicia Penal y Política Criminal”, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, hace un análisis profundo sobre este fenómeno en el país.

Para hablar de seguridad hay que tener algunos elementos claros, pero la realidad es otra, “algunos especialistas y tecnócratas asumen el tema de manera superficial y hacen de la seguridad una mercancía, una propaganda, un comodín, un slogan o simplemente un discurso populista para legitimar posiciones autoritarias, programas de gobierno o para no mirar los problemas reales de desigualdad social y otros que resultan más graves para la ciudad y el país”.

Se enfocan en un asunto del que todo el mundo dialoga, pero del que se sabe muy poco, es decir, cuando se habla de seguridad se hace desde el interés político, el mediático o el económico, “pero también desde la ignorancia, la superficialidad y el desconocimiento”, dijo Escalante.

Según el investigador, en Colombia se hacen millonarios contratos públicos por la adquisición de cámaras de seguridad, vigilancia electrónica, drones, circuitos cerrados de televisión, motocicletas electrónicas, brazaletes electrónicos, entre otros. “Se deben buscar alternativas de inversión y políticas sociales que cambien dicha percepción cultural”, manifestó el académico.

Entonces, de ¿cuál seguridad hablamos?, ¿la que se usa para gobernar?, ¿la de la publicidad del delito en los medios de comunicación?, ¿la que inyectan las campañas políticas a la gente a través de la alarma social y la propaganda mediática del peligro, el terrorismo o los monstruos sociales?, ¿la de las verdades a medias para fortalecer la industria securitaria?, ¿la seguridad en el goce de los derechos de la gente?, estas son algunas de las preguntas que se hace el profesor Escalante al referirse a seguridad.

“Lo primero que se debe decir es que ni en Colombia y mucho menos en Bogotá, hay cifras reales y concretas que nos permitan identificar los niveles de inseguridad ciudadana, por lo tanto, se muestra la percepción sobre el fenómeno, pero no el fenómeno real”, opinó el experto.

Al ser consultado sobre la situación del país y de Bogotá en temas de seguridad, el adacémico enfatizó en que “igual que siempre, nuestra percepción de inseguridad no ha cambiado, pero en cambio, sí somos pioneros y líderes en América Latina en el giro punitivo gracias al discurso securitario y las políticas que le acompañan”.

Para el líder de la Escuela de Investigación, la percepción de inseguridad no ha bajado, los índices de crecimiento de personas privadas de la libertad aumentan, “lo que causa millonarias demandas al Estado por errores en la investigación, en la privación de la libertad o por daños antijurídicos derivados de las políticas de seguridad, pero el problema sigue ahí, latente, en una sociedad que no se preocupa por garantizar los derechos, sino por restringirlos”, aseguró Escalante Barreto.

Finalmente, puntualizó que para mejorar la percepción subjetiva de inseguridad y los índices objetivos de criminalidad hay que superar la violencia estructural, la violencia en el lenguaje, los discursos y las oleadas televisivas sobre el delito; “claro está que también hay que transformar las políticas públicas relacionadas con la cultura, la educación y la ciudadanía”, puntualizó el profesor.

En conclusión, este es un problema multidimensional que no puede ser responsabilidad de uno solo, requiere del diseño de políticas públicas a largo plazo y con proyección de permanencia y permanente valoración institucional, social y política.