En medio de la búsqueda por comprender los cambios de la ciudad de Bogotá en las tres últimas décadas, al interior del grupo de investigación Interfacultades¹ “Políticas Urbanas” de la Pontificia Universidad Javeriana, liderado por el profesor Jean-François Jolly; se encuentra como nodo explicativo la gestión del suelo. Desde allí, se adelanta un análisis sobre la trayectoria de los instrumentos de gestión del suelo utilizados durante el periodo 1998-2018 en la ciudad, con el fin de identificar los modelos de ciudad proyectados en las visiones políticas y adoptados en la práctica urbana.

Para este fin, el análisis transitó por una revisión sistemática de los planes de gobierno de la ciudad, junto con otros instrumentos de acción pública adoptados, concernientes a la organización del suelo tales como: plan(es) de ordenamiento territorial (POT), revisión del POT, planes parciales y zonales. Además, se observó la arquitectura normativa propuesta a nivel nacional para dicho propósito, donde se estructuran los instrumentos de planificación, de financiamiento y de gestión del suelo, por medio de la Ley 152 de 1994, “Ley orgánica del plan de desarrollo, y, la Ley 388 de 1997, “Ley de desarrollo territorial”.

En ese sentido, el estudio permitió evidenciar cómo la ciudad de Bogotá ha sido precursora a nivel nacional en la implementación de algunos de estos instrumentos para su gestión del suelo. También en esa trayectoria, cómo ha experimentado dos visiones de ciudad, cuyas variables fueron interpretadas desde un análisis cognitivo de las políticas urbanas en cada uno de los seis gobiernos elegidos democráticamente por los ciudadanos de Bogotá durante los años 1998-2018.

Al respecto, en la administración de “Por la Bogotá que queremos” (1998-2001) y de “Bogotá para vivir todos del mismo lado” (2001-2004), se transitó por la visión del modelo de expansión. Para ello, hicieron uso de los instrumentos: compensación, transferencia de derechos de construcción y de desarrollo, banco inmobiliario, enajenación voluntaria, reajuste de tierras, integración inmobiliaria, participación en plusvalía, contribución de valorización, declaración de desarrollo prioritario y anuncio de proyecto.

Luego, hay un giro durante la “Bogotá sin Indiferencia” (2004-2008), la “Bogotá Positiva: Para vivir mejor” (2008-2012), y, la “Bogotá Humana” (2012-2016) hacia la visión del modelo compacto. Allí se hizo uso de los instrumentos: participación en plusvalía, contribución de valorización, derecho de preferencia, declaración de desarrollo y construcción prioritario, enajenación forzosa, transferencias de derechos y cooperación entre partícipes.

Culminando la trayectoria revisada, se presentó un retorno a la visión de expansión, durante la “Bogotá mejor para todos” (2016-2020). Se usaron los instrumentos: anuncio de proyecto, contribución de valorización-desarrollo, transferencia de derechos de construcción y/o de desarrollo, participación en plusvalía, pagarés y bonos de reforma urbana, compensaciones, integración inmobiliaria, declaración de desarrollo prioritario, enajenación forzosa en pública subasta y banco inmobiliario.

Así las cosas, el análisis de cada gobierno en la ciudad de Bogotá comparte con los lectores un trasegar entre el modelo de expansión y el modelo compacto. Ambos, vigentes desde la fecha de estudio: 2004. Estos abren continuidades y rupturas a varios de los instrumentos de la gestión del suelo empleados, difíciles de catalogar al servicio exclusivo de uno u otro modelo de ciudad, tanto en los valores, normas, imágenes, tiempo y espacio configurado por cada uno.

Con lo anterior, el artículo en su conjunto deja dos invitaciones desde el caso Bogotá. La primera, seguir adelante con la revisión, comprensión y apropiación de todos los instrumentos propuestos en el sistema de planificación urbana en Colombia, según las necesidades de cada territorio y en concordancia con modelos de ciudad acordados por sus ciudadanos y gobernantes a largo plazo.

La segunda, adelantar más estudios sobre la tensión existente entre lo político y lo técnico (o viceversa según el caso) porque se hace expreso en algunos momentos de la planificación urbana, la frase popular “Entre lo dicho y lo hecho, hay mucho trecho”. Es a través de algunos cambios de gobierno en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, donde la gestión y los propósitos políticos han de contar con un atributo de coherencia y sostenibilidad en el tiempo para tratar su suelo: recurso finito y exclusivo, de alta complejidad, de baja comprensión para la ciudadanía en general.

Si el lector desea mayor información sobre la temática expuesta en esta nota puede consultar el artículo Bogotá D.C., durante 1998-2018. Análisis de caso del sistema de planificación urbana en Colombia" publicado en la revista “Ciudades, Estados y Política” del IEU. Para ello puede ingresar aquí.