Durante dos meses los paros del Pacífico, Chocó y Buenaventura concitaron la atención nacional, obligaron al Gobierno a maratónicos y casi desesperados procesos de diálogo y negociación con los voceros de esos movimientos cívicos, y mantuvieron a las gentes de la región en las calles de sus principales poblaciones con una decisión y un coraje sin precedentes. 

El del Pacífico se dio en medio de otros paros y protestas, de maestros, trabajadores estales, arroceros, trabajadores del Inpec y taxistas, todos ellos sin duda espoleados por la debilidad actual del Gobierno, la desaceleración de la economía, los ajustes y la estrechez fiscales, la polarización política y, en general, por un ambiente más bien pesimista acerca del futuro del país y del posacuerdo, que en parte se explica por causas reales y por otras no exentas de manipulación política.

Si se tienen en cuenta el calado de los acuerdos logrados y los significativos recursos comprometidos por el Gobierno como condición para levantar los paros, no cabe duda de que el Pacífico se hizo respetar y de que su secular marginalidad se trocó en el reconocimiento de su centralidad como problema nacional, razón por la cual la ciudadanía vio como más que justas las aspiraciones de esta región.

Sin embargo, lo que viene ahora va a ser todavía más difícil de manejar y concretar, porque es necesario procurar ir más allá de los acuerdos y los recursos asignados para poder construir una ruta confiable de desarrollo incluyente y sostenible, con el fin de evitar nuevas frustraciones y que la historia de incumplimientos y falta de consistencia gubernamental con lo pactado y proyectado conduzca a una situación similar en el futuro inmediato. 

Los preocupantes antecedentes 

Los paros del Pacífico, que en principio pudieron ser interpretados como sorpresivos, fueron en realidad precedidos por una serie de señales que indicaba que un malestar se extendía por la región y que no obstante sus múltiples orígenes se estaba transformando en decisión de acción, porque simplemente a su gente se le había agotado la paciencia.

Las primeras señales de alarma provinieron del extremo sur, de Tumaco, donde desde comienzos del año se estaba incubando una “tormenta perfecta” con el posacuerdo, porque el vacío territorial dejado por las Farc empezó a ser llenado por otros actores armados del narcotráfico, la delincuencia común y el ELN, fenómeno que, sumado a la crisis social de amplias proporciones, amenaza con reciclar la violencia.

Tumaco, con 200.000 habitantes, 100.000 de ellos repartidos en 300 veredas ribereñas y en esteros, es el municipio de Colombia con más cultivos de coca en la actualidad (20.000 hectáreas sembradas); padece una oleada de homicidios por las acciones de bandas criminales enfrentadas por el territorio y los negocios ilícitos, que se conectan con el crimen transnacional que compra la droga; un desempleo absoluto que condena a miles de jóvenes al rebusque; la violencia, el miedo y la falta de oportunidades se han instalado como cotidianidad a pesar del aumento del pie de fuerza en policía y ejército, mientras que la debilidad institucional frente a esta situación es patética, los niveles de confianza y la economía legal mínimos, y la ciudadanía impotente.

Tales fenómenos golpean especialmente a los jóvenes, que no encuentran destino para sus vidas, y a las mujeres, que has sido víctimas de la violencia sexual y social. Una parte del campesinado, que tiene entre otras actividades el cultivo de coca, se resiste a la política de erradicación y aspersión con presencia militar, y en procura de otras alternativas –como la sustitución de cultivos– ha recurrido a la movilización y los bloqueos a la carretera Pasto-Tumaco, donde se produjeron choques violentos con la fuerza pública durante varios días.

En Chocó, el incumplimiento del Gobierno a los acuerdos del paro del 24 de agosto de 2016 impulsó a la gente a retomar los puntos pactados como nueva bandera de lucha, pero con el sentimiento de no querer ser burlados de nuevo. La sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional, al resolver una tutela interpuesta por “Tierra Digna” en representación de varios consejos comunitarios de los afrocolombianos, le ordenó al Estado tomar una serie de medidas para proteger el río Atrato y erradicar la minería ilegal de la zona, por considerarlo “sujeto de derechos que implican su protección, conservación, mantenimiento y, en caso concreto, restauración”.

Se trata de un río central para la región, ya que su cuenca comprende 40.000 km y abarca el 50 % de Chocó, arteria de comunicación por donde históricamente ha fluido la vida social y que le aporta buena parte del componente proteínico a las comunidades ribereñas.

Antes de que estallara el paro en mayo de este año, se recrudecieron las acciones de los paramilitares, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que incursionaron en Domingodó (Riosucio) en el bajo Atrato y en el alto Baudó, donde se enfrentaron con el ELN provocando pánico y desplazamiento de la población civil. Siete municipios denunciaron la presencia paramilitar en lo que iba corrido de 2017 (Riosucio, Bahía Solano, Bojayá, Carmen del Darién y Vigía del Fuerte se sumaron a los anteriores lugares), y era manifiesto que había una lucha de las AUC y las Águilas Negras por el control del territorio.

En Buenaventura, una población de medio millón de habitantes, la situación que ya era desesperante por el nivel de desempleo, la falta de servicios básicos, la crisis de salud y la educación, se hizo más dramática aún por los extremos a que se estaba llegando. Distintas denuncias, sistemáticamente desatendidas, venían insistiendo en el deterioro y la descomposición social, que llegaron a su máxima expresión con los escalofriantes testimonios sobre las “casas de pique” y los cementerios marinos, lugares en los cuales los paramilitares sometían a sus víctimas a estremecedores actos de crueldad y ocultaban sus crímenes.

Ante la galopante crisis social, en 2013 emergió la Asamblea “Marcando Territorio”, que señaló un punto de inflexión sobre la participación de las comunidades y el 19 de febrero de 2014 se declaró el paro cívico de Buenaventura, dinámicas que en conjunto definieron una agenda en la que se integraban demandas por la salud, la educación, el territorio y la exigencia de control a la presencia paramilitar, y finalmente se identificó la necesidad del Plan Todos Somos Pazcífico para sustentar financieramente las inversiones prioritarias; sin embargo, estos acuerdos serían incumplidos.

Desde que en marzo de 2014 hiciera presencia en Buenaventura el presidente Santos para inaugurar con el puerto de Agua Dulce la expansión de los servicios portuarios (privatizados desde 1993 cuando se liquidó Puerto de Colombia, la empresa estatal), la gente concluyó que habría agua y servicios para los barcos que atracaban en sus muelles, pero no para la población que recibía el agua a cuentagotas.

Así las cosas, la participación ciudadana fue en alza: un centenar de organizaciones respaldaron la dinámica del paro de 2017 y las peticiones se llevaron al punto más alto con la exigencia de la “declaratoria de la emergencia económica y ambiental” con la que el Gobierno sabía que no podía comprometerse por sus alcances jurídicos, institucionales y fiscales, pero que le hizo sentir el nivel de la presión social. Las pérdidas por el paro de Buenaventura, dado el peso de la actividad portuaria, se estima que son superiores a los 200.000 millones de pesos en el comercio, y a los 35.000 millones de pesos en las terminales portuarias. 

Logros y lecciones 

Aunque no es fácil evaluar un proceso tan reciente, complejo y con indiscutibles particularidades según los logros, aquí se aportan algunos elementos provisionales al respecto.

Contrario a lo proclamado y actuado durante décadas por los “señores de la guerra” con desprecio por las comunidades, la protesta social en esta región se reveló como un camino válido, legítimo y participativo para identificar los problemas y buscar alternativas. Frente al colapso de los partidos y el tejido institucional convencional, las redes sociales, comunitarias y étnico-territoriales se erigieron como soporte de la movilización.

Los paros indican: 1) que en efecto existe una compleja agenda que incluye temas como salud, servicios básicos, educación, empleo y calidad de vida, pero también de defensa del territorio; que responder a esas demandas implicará no solo altas inversiones del Estado y los entes territoriales, sino identificar un modelo de desarrollo acorde con las características de la región y las subregiones (ambientales, territoriales, socioculturales, económicas), además de sumar otras fuerzas en favor de ese desarrollo, como los empresarios, la inversión extranjera y los recursos de organismos multilaterales, con el objetivo de impactar en la región; 2) que esa agenda había sido represada por la distorsión y la interferencia que los agentes del conflicto (de todas las condiciones: guerrillas, delincuencia y el propio Estado) introdujeron en la región al pretender imponerles una guerra que sus gentes nunca avalaron ni respaldaron; 3) que así como padecieron los años más terribles del conflicto y lo pagaron con desplazamiento, masacres y crímenes de sus líderes y voceros, ahora estaban experimentando lo mismo –y si se quiere en peores condiciones– pese al “posconflicto”, pero que sus gentes ya no están dispuestas a soportar más esta situación de exclusión y violencia; 4) que el Estado y la sociedad en su conjunto tienen ahora el desafío de garantizar la paz integral en esos territorios flagelados por la violencia y la exclusión, crear las condiciones para una transformación de mediano y largo plazo que asegure un desarrollo viable, sostenible e incluyente, que debe empezar por hacer realidad las necesidad básicas insatisfechas. 

Nueva agenda 

La necesidad y conveniencia de una nueva agenda para el Pacífico debe comprender:

-Un modelo de desarrollo concertado con los actores del territorio, viable socioeconómicamente, sostenible en términos de equilibrio entre recursos y población, y que armonice las relaciones global-local. Que rompa el histórico modelo extractivista y la inconducente relación centro-periferia que fomenta los enclaves portuarios y de servicios que resultan asimétricos para la población local 
y que reproducen la dependencia regional y nacional.

-El uso creciente e intensivo del conocimiento (CT+i) para aprovechar los diversos recursos pero preservándolos, la riqueza sociocultural, la localización geográfica y la transformación permanente de la educación para insertase con personalidad propia en el contexto nacional y en el mundo globalizado (por ejemplo, Asia-Pacífico) y mejorar la calidad de vida de sus gentes, especialmente de niños y jóvenes.

-La presencia y los aportes de las comunidades científicas y técnicas de las universidades y centros de investigación presentes en la región para acompañar, monitorear y ejecutar los proyectos, obras y acciones, logrando su mayor transparencia, eficiencia e impacto.

-Otro urgente ordenamiento territorial que permita superar las divisiones político-administrativas que heredamos de los siglos XIX y XX, y que hoy resultan obsoletas frente al mundo globalizado y la complejidad nacional (urbanización de más del 80 %, pero amenazando los recursos estratégicos).

-Una coordinación supradepartamental y supramunicipal entre sus tres principales núcleos: Chocó, Buenaventura y Tumaco, y de todas sus territorialidades actuales (consejos comunitarios de afrodescendientes, resguardos indígenas, parques naturales, distritos, zonas veredales de paz), imaginar nuevas instituciones para el gobierno urbano y del territorio (metropolización, región global, planificación económica de los consejos comunitarios), para aclimatar la paz y concertar el desarrollo, asunto que no previeron en las conversaciones de La Habana ni en el Acuerdo Final de Paz.

-La integración en distintas escalas y de forma sistémica, no solo vial, con el resto del país y con los países vecinos, además de la integración entre áreas y subregiones del Pacífico colombiano en función de estrategias concretas (sinergias educativas, cadenas productivas, sistema de transporte fluvial, por los esteros y de cabotaje, redes sociales y culturales).

Finalmente, frente a la debilidad de los partidos políticos, la inconsistente gestión de los gobiernos y la necesidad de poner en marcha una agenda compleja, se imponen nuevos liderazgos para la región que, basados en los tejidos sociales, comunitarios y étnico-territoriales, propendan por poner a raya la politiquería y la corrupción mejorando la capacidad para trazar y mantener la ruta hacia el desarrollo deseable.